Esta es la decisión de la Corte Suprema de Panamá que anuló la concesión portuaria clave para el Canal.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, operar dos terminales estratégicas ubicadas en las inmediaciones del Canal de Panamá. Esta decisión judicial, inapelable, marca un punto de inflexión en la gestión portuaria panameña y se produce en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos por el control de esta vía interoceánica, vital para el comercio mundial.
El fallo del máximo tribunal panameño responde a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de la República, Anel Flores, quien calificó el contrato de concesión como “leonino” y lesivo para los intereses nacionales. La sentencia afecta directamente la operación de los puertos de Balboa, situado en el litoral Pacífico, y Cristóbal, en el lado Atlántico, ambos administrados por PPC desde 1997.
Reacción de la empresa afectada y contexto de la controversia
Panama Ports Company rechazó categóricamente la decisión judicial, argumentando que “carece de fundamento jurídico” y contradice fallos previos de la misma Corte Suprema sobre contratos similares. En un comunicado oficial, la empresa señaló que aún no ha sido notificada formalmente de la sentencia y afirmó que esta decisión “es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato” bajo el cual ha operado durante casi tres décadas.
La compañía de origen chino se declaró víctima de una “campaña” que ha afectado tanto a la empresa como a sus inversionistas y advirtió que no descarta activar “procedimientos legales e internacionales” para defender sus intereses. PPC destacó que durante sus 28 años de operación ha invertido más de 1.800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, una cifra que, según la empresa, “representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país”.
El plan de transición gubernamental
El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que los puertos de Balboa y Cristóbal serán sometidos a un nuevo proceso de concesión que será “abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños, con la garantía de mejores recursos para nuestro país”. Durante el período de transición, que comenzará una vez que el fallo judicial quede ejecutoriado, ambas terminales serán operadas temporalmente por APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, con sede en los Países Bajos.
Rechazó enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central. La Cancillería se…
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) February 4, 2026
“Hasta que el fallo quede ejecutoriado se produce un período de continuidad del actual operador sin ningún cambio. Después comienza un período de transición que se culmina con una nueva concesión”, explicó Mulino en un mensaje a la nación. El mandatario garantizó a los clientes y proveedores “la continuidad de los vínculos vigentes y una transición administrativa ordenada”, y aseguró a los trabajadores que “no se producirán despidos”.
APM Terminals confirmó en un comunicado su disponibilidad para asumir la operación de ambos puertos “para apoyar la continuidad operativa” y “mitigar los riesgos que puedan afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global”. La compañía, que opera 60 terminales en 34 países, aclaró que “no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura” de los puertos, y que cualquier acción que tome “estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público”.
El trasfondo geopolítico: amenazas estadounidenses y transacción bloqueada
La decisión judicial llega en un momento de alta tensión geopolítica. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en 2025 con recuperar el Canal de Panamá, construido y administrado por Estados Unidos durante casi todo el siglo XX hasta su traspaso definitivo a Panamá hace 25 años. Las amenazas de Trump se basaron en la premisa de una presunta injerencia china en la administración del Canal debido a la presencia de CK Hutchison en las terminales portuarias cercanas.
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Adjunto mi mensaje en ocasión del fallo de la Corte sobre puertos pic.twitter.com/kSiZ6p7swo
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) January 30, 2026
Panamá ha negado sistemáticamente que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario. El Gobierno panameño ha sido enfático al aclarar que no está en discusión la soberanía sobre la vía acuática, que “es y seguirá siendo panameña”, según palabras del presidente Mulino.
Paralelamente, CK Hutchison había acordado el traspaso de la concesión de los puertos panameños en el marco de una venta global de más de 40 terminales portuarias por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock. Sin embargo, esta transacción quedó congelada por China en el contexto de la batalla geopolítica con Estados Unidos, añadiendo otra capa de complejidad a la situación.
Los cinco puertos principales del sistema panameño
El Canal de Panamá, un paso navegable de 82 kilómetros que une el océano Atlántico con el Pacífico, es una arteria vital por la que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial. En 2025, los cinco principales puertos situados en las áreas adyacentes al Canal movieron casi 10 millones de contenedores TEU (unidades equivalentes a 20 pies).
El Puerto de Manzanillo (MIT), operado por la multinacional estadounidense SSA Marine, lidera el ranking nacional con más de 2,86 millones de TEU en 2025, según datos preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá. Construido en una antigua base naval estadounidense, funciona como terminal de trasbordo desde 1995 y tiene capacidad para manejar 3,5 millones de TEU. SSA Marine gestiona más de 250 ubicaciones en cinco continentes.
El Puerto de Balboa, operado por PPC desde 1997 y perteneciente a CK Hutchison desde 2015, se ubica en segundo lugar con más de 2,67 millones de TEU en 2025 y una capacidad anual de 5 millones de TEU. Hutchison opera 53 puertos en 24 países alrededor del mundo.
En tercer lugar figura el Puerto de Colón, o Colon Container Terminal (CCT), que forma parte del Grupo Evergreen de Taiwán y comenzó operaciones en 1997. En 2025 movió más de 1,73 millones de TEU. Construido sobre una antigua base militar estadounidense, cuenta con capacidad para manejar 2,4 millones de TEU al año.
El Puerto de Rodman, operado por PSA Panama International Terminal (parte del Grupo PSA International, con sede en Singapur), ocupa el cuarto puesto con más de 1,35 millones de TEU en 2025. Con inicio de operaciones en 2010, tiene capacidad para 2,5 millones de TEU anuales. PSA participa en aproximadamente 40 terminales en 16 países de Asia, Europa y América.
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Finalmente, el Puerto de Cristóbal, también operado por una filial de CK Hutchison, es el quinto en movimiento de contenedores, con 1,21 millones de TEU en 2025 y capacidad para manejar 2 millones de TEU al año.
Perspectivas futuras
“Panamá avanza, sus puertos seguirán operando sin alteración, y continuaremos sirviendo al mundo como el centro logístico de excelencia que somos”, concluyó el presidente Mulino en su mensaje a la nación. La decisión judicial y el proceso de transición que se avecina representan un momento crucial para la infraestructura portuaria panameña y su papel en el comercio internacional, en un contexto marcado por rivalidades geopolíticas entre las principales potencias mundiales.
