La comunidad inmigrante se movilizó de inmediato para brindar apoyo a la familia, “destrozada por la violencia estatal”
La llamada llegó en cuestión de minutos. En una vivienda del barrio La Victoria, en Bucaramanga, el estremecimiento fue total cuando los padres de Johan Sebastián Durán Guerrero recibieron la noticia que jamás querrían escuchar. Su hijo, un santandereano de apenas 26 años que había emigrado a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, acababa de morir al recibir varios disparos durante un procedimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en la ciudad de Biddeford, estado de Maine.
El drama se apoderó de la familia. Entre lágrimas, incredulidad y desesperación, se desmoronó el proyecto de vida de un joven que, como miles de latinoamericanos, cruzó fronteras convencido de que el llamado “país de los sueños” le ofrecería oportunidades que en su tierra parecían inalcanzables.
Sin embargo, su historia -que apenas comenzaba- terminó de forma violenta. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades estadounidenses, el procedimiento ocurrió hacia las 7:30 de la mañana de este lunes, cuando Durán Guerrero se dirigía a su lugar de trabajo.
Agentes federales aseguraron que el colombiano utilizó el vehículo que conducía “como un arma” contra los funcionarios durante un operativo migratorio, situación que habría motivado el uso de la fuerza letal.
En varios de los videos grabados tanto por las cámaras de seguridad del vecindario como por vecinos que vieron la operación, se registra al jovencito dando vueltas en círculos, muy lento, con un agente tratando de abrir la puerta del lado del conductor, hasta que le dispararon.
La muerte del bumangués reavivó inmediatamente la polémica sobre los procedimientos del ICE y desencadenó una ola de indignación tanto en Maine como en distintos sectores de la comunidad migrante en Estados Unidos.
“Estamos devastados”
La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente, identificaron a Durán Guerrero, aunque de manera inicial se reservaron el nombre hasta tanto las autoridades locales, así como agentes del FBI que fueron notificados de la noticia, determinaron que residía legalmente en ese estado y que contaba, según dichas organizaciones, con autorización para trabajar y un número de Seguro Social. Así lo informó una fuente a los corresponsales de CNN en esa región.
“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable”, señalaron los residentes.
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Canales de televisión de Estados Unidos abrieron paso a una cadena nacional de información sobre los ataques contra los migrantes, convirtiéndose este caso que también toca a la comunidad bumanguesa, en motivo de polémica incluso entre senadores.
Las organizaciones denunciaron que recibieron múltiples llamadas de residentes que reportaban la continuidad de operativos migratorios en la zona incluso después del tiroteo, situación que calificaron como “profundamente inquietante”.
La comunidad inmigrante se movilizó de inmediato para brindar apoyo a la familia, “destrozada por la violencia estatal”. Ayer en la tarde, de acuerdo con lo conocido por Vanguardia y Q’hubo, los papás del joven bumangués habrían emprendido viaje hacia Bogotá en busca de apoyo para asumir este doloroso episodio.
