Los demandantes afirman que el juez de paz que ofició la boda de Gonzalo Aguiar y otros presuntos funcionarios gubernamentales, colaboraron en la perpetración de un delito.
Publicado por: K.G.
El empresario uruguayo Gonzalo Aguiar estaba siendo investigado por la Fiscalía de su país debido a denuncias formuladas por antiguos socios desde Canadá antes de su trágico asesinato a manos de su ex pareja. El cierre de la planta de cannabis medicinal Boreal en el departamento de Salto desencadenó acusaciones de apropiación indebida, estafa y falsificación de documentos por parte de los otros accionistas del proyecto contra Aguiar.
Este caso judicial pronto se convirtió en un escándalo mediático tras los eventos ocurridos en la madrugada del lunes 26 de febrero, cuando Aguiar se presentó en el lugar donde se encontraba su ex pareja, Romina Camejo, y fue mortalmente herido por ella en lo que ella afirma fue un acto de legítima defensa. Tras su fallecimiento, salieron a la luz nuevos detalles sobre el estilo de vida lujoso y las mentiras del propietario de La Maison, una de las propiedades más ostentosas de Punta del Este, valuada en USD 5 millones.
En una ocasión, Aguiar había simulado un falso secuestro contactando a actores que se hicieron pasar por amigos de él. En redes sociales la pareja presumía una vida de lujo, que incluyó una boda ficticia la cual costó más de USD 150.000 teniendo como invitadas a varias figuras del sistema político.
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La celebración ahora forma parte de una investigación penal ante la fiscalía por la acusación de estafa a Aguiar. En un informe dado por el medio El Observador, los abogados del principal accionista canadiense de la planta Boreal, Bruno Gaiero y Rodolfo Perdomo, se reunieron con el fiscal Gilberto Rodríguez para evaluar el futuro de la investigación. Aguiar vivió varios años en Canadá hasta 2019, cuando retornó a su país para instalar el luego fracasado proyecto.
Durante la reunión, el fiscal solicitó a los abogados obtener el vídeo de la ceremonia nupcial de Aguiar y Camejo. Según los demandantes, uno de los cómplices del empresario se hizo pasar por un juez de paz para oficiar la boda, como parte de la presunta trama fraudulenta que detallan.
Los demandantes afirman que el matrimonio en Uruguay fue fraudulento, ya que Aguiar estaba previamente casado en Canadá con Rozada Guadalupe Marroquín, una mujer de El Salvador también implicada en la denuncia por cargos de estafa, apropiación indebida y violación de la fe pública. Después del fallecimiento del empresario, esta expareja reclamó la propiedad del Lamborghini que fue confiscado en Punta del Este.
El fiscal solicitó la obtención de otro documento: la grabación de una videollamada en la que Aguiar presenta al principal accionista canadiense del proyecto, John Pollesel, a un individuo que se hace pasar por un funcionario de la Secretaría Antilavado de Uruguay. Se sospecha que este participante en la llamada virtual es otro colaborador del empresario Aguiar.
Además, a través de llamadas y mensajes, otro colaborador de Aguiar se hizo pasar por un alto funcionario del Banco República.
Durante su estancia en Canadá, empresarios del sector minero iniciaron conversaciones con Aguiar debido a la percepción de una oportunidad de inversión en el incipiente mercado uruguayo del cannabis medicinal. Convenció a estos empresarios para confiar en él y le entregaron un proyecto con un valor de USD 27 millones. Sin embargo, según la denuncia de los accionistas, el empresario fallecido solo utilizó USD 8 millones para el proyecto, desviando el resto para fines personales.
En Julio de 2022, él, su esposa (ahora detenida) y dos hombres más, fueron indagados en Montevideo por porte de armas. Se les incautó una pistola Glock 9 mm, dos fusiles, entre otros. pic.twitter.com/8Ks0wLa7Gk
— ALERTAS MUNDIAL(@AlertasMundial) February 27, 2024
Los inversores canadienses comenzaron a cuestionar la integridad de Aguiar, lo destituyeron de su cargo y tomaron el control de la empresa debido a un desfalco que superaba los USD 17 millones. Los denunciantes alegan que Aguiar falsificó documentos bancarios, utilizando cuentas de la empresa, y enviaba recibos de ventas por un valor de 90 millones de euros, lo cual era irreal dado que la compañía de cáñamo apenas estaba en sus primeras etapas de operación.
Los abogados de los denunciantes también solicitaron al fiscal que investigara al abogado de Aguiar, al asistente legal de un bufete, a la nuera del empresario y al personal de confianza de la empresa. Según esta versión, todas estas personas estuvieron involucradas en el fraude perpetrado por el empresario fallecido.
