Por las malas o por las malas

Niños hacinados, sin bañarse durante días, durmiendo en el suelo, tan solo protegidos por mantas, y en algunos casos enfermos o hambrientos. Así permanecen alojados, en muchos casos, los hijos de inmigrantes detenidos en Texas por las autoridades fronterizas estadounidenses en campamentos de detención.

Los cálculos señalan que actualmente hay más de 13.000 niños inmigrantes en custodia de Estados Unidos. Y se habla de la muerte de seis menores este año mientras se encontraban bajo el cuidado de autoridades migratorias de ese país.

Lo que resulta más inquietante, es la falta de un plan para reunificar a las familias, desatando toda una crisis humanitaria.

Una situación ha vuelto a poner el foco en las condiciones y el trato que reciben los menores de edad que son separados de sus padres o adultos, una vez logran entrar a Estados Unidos de manera irregular por el Valle del Río Grande, en la frontera con México.

Un año atrás, imágenes de niños enjaulados dieron la vuelta al mundo, lo que suscitó la indignación generalizada debido a la separación de niños de sus padres detenidos. Fue entonces que el presidente Donald Trump debió dar marcha atrás a la separación de familias, y hoy tiene que lidiar con los centros de detención atestados de menores de edad.

Pero esta semana ha trascendido una desgarradora imagen en los medios de comunicación y redes sociales de la pequeña salvadoreña Valeria ahogada en el río Bravo junto a su padre, por lo que el drama de los migrantes para buscar un futuro en EE.UU. cobra nuevo impulso.

Frente a la política de “tolerancia cero” con quienes cruzan la frontera sin papeles rumbo a EE.UU., Mauricio Reyes, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, opina que estas medidas son meramente propagandísticas.

“Es imposible detener el flujo migratorio de Centroamérica sin comprometer la economía estadounidense”, reconoce. En ese orden de ideas, recalca que Estados Unidos requiere el trabajo de los migrantes.

“Evitar que la migración se haga de manera ordenada y regulada, propiciando la irregularidad de trabajadores de baja calificación, por motivos estrictamente electorales sólo afecta a la población que hoy hace mover en sus niveles más primarios a la economía” del país norteamericano, argumenta Reyes.

Sin embargo, insiste en que las medidas propagandísticas, como los centros de detención para migrantes y menores no acompañados, y los procesos judiciales donde no hay siquiera traductores, “afectan la legitimidad del Gobierno Trump ante lo que son claras violaciones de derechos humanos”.

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“Trato indigno”

En ese sentido, María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, califica a estos centros de detención fronterizos como una “infamia, es un desconocimiento de la dignidad humana, no solo de los menores, sino de los padres”.

Lamenta además, las condiciones de niños que duermen en el piso, duran días sin cambiarse la ropa y en muchos casos el pañal, lo que describe como un “trato absolutamente indigno, los menores de edad no tienen la culpa de la situación de irregularidad que tienen sus padres”.

Del mismo modo, hace claridad en que no tener papeles o ser persona migrante no es ningún delito, “pero se ha vuelto casi que un delito de sangre para los menores de edad, lo cual es un desprecio para la condición humana”.

En términos de derechos humanos, Palacios observa violaciones sucesivas, cuando los niños deben ser sujetos de especial protección. Reitera que el interés superior del niño debe primar en los estados democráticos por encima de cualquier decisión soberana que tomen los países, incluyendo políticas en materia migratoria.

Para Mauricio Palma, investigador y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, el tema migratorio en estos momentos tiene un enfoque sumamente electoral.

“Trump sigue con la misma estrategia de hablar a la base de su electorado, con la diferencia de que anda más envalentonado luego de las victorias políticas que ha tenido en el último mes, tanto interna como externamente, sobre todo en la negociación con el Gobierno de México, lo cual le salió muy bien para sus intereses”, explica el experto en migración.

Se refiere al acuerdo migratorio al que llegaron Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometió a reforzar los controles en la frontera sur con Estados Unidos y en la frontera con Guatemala, mediante el envío de hasta 6.000 efectivos de la Guardia Nacional.

Esto se traduce en una victoria política para el presidente estadounidense, quien retiró así la amenaza de aumentar los aranceles a México.

“Entonces, con esto Trump sigue teniendo un halo de presentarse a quienes están confiando en su reeleción, esa persona que trata de garantizar las reglas de juego claras frente a la migración masiva”, explica Palma.

Es más, Reyes apunta que “Trump basará su reelección en el discurso de la radicalización migratoria, por tanto no hay esperanza de que a los migrantes y refugiados no se les sigan violando sus derechos”.

Dentro de este discurso político y mediatizado, Palma menciona que Trump ha tomado la vocería al interior del Congreso, donde ha tenido ciertos encontronazos con los demócratas en cuanto al financiamiento de las medidas humanitarias a los migrantes, especialmente concerniente a los niños.

El mandatario republicano ha instado a los demócratas a aprobar 4.500 millones de dólares en fondos humanitarios de emergencia para destinar a la frontera suroeste.

Pero Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara y líder de la oposición del Partido Demócrata, ha arremetido contra Trump por su política migratoria, afirmando que “está asustando a los niños, eso no es humano”.

Ahora bien, Palma aclara que bajo la óptica de la normatividad estadounidense, la lectura de muchos juristas es que estos centros de detención son transitorios mientras los oficiales de migración comienzan a evaluar si califican para ser sujetos del derecho de refugio y asilo.

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Deportaciones

En este contexto, Trump anunció la semana pasada deportaciones masivas, justamente horas antes de arrancar su campaña de reelección.

Marcelo*, un colombiano de 35 años que lleva dos años viviendo ‘sin papeles’ en el estado de Nebraska, y a la espera de su petición de asilo por parte del Gobierno estadounidense, considera que las medidas migratorias son necesarias para que “no se desborde su status quo, algunas personas llegan a delinquir dañando la imagen de los que llegamos a aportar”.

No obstante, confiesa que su condición de indocumentado le preocupa, porque la Administración Trump está apretando mucho la migración ilegal, al precio que sea.