En mi columna de la semana pasada (15 de febrero) hablé de la colonización del derecho electoral, que sería algo así como la juridificación de las elecciones. Allí señalé que el derecho electoral colombiano está haciendo que las elecciones sean un asunto más de la judicatura que de la voluntad ciudadana. Obviamente, no se trata de que no haya derecho electoral, pues debe existir, pero no puede ser tan engorroso ni tan minucioso a un punto tal de que la política se asfixie y que los abogados, con sus artilugios, desplacen el querer de los ciudadanos.
Lo que pasa ahora en Colombia, en este campo, es muy grave. En la actualidad, la regulación sobre las elecciones es tan compleja y ultradetallada que hoy día todas las fases del proceso electoral (que, por demás, debe ser rápido, pues las fechas de las elecciones están preestablecidas) se están decidiendo ante los estrados judiciales, con el agravante de que a nuestros jueces, colapsados por la cantidad de trabajo que tienen, les queda imposible decidir oportunamente para que el proceso avance con la transparencia que requiere.
Por ejemplo, se está volviendo normal declarar nula la elección de una persona ya elegida, por la violación de un mandato electoral al momento de la inscripción de su candidatura o durante su campaña, lo que obliga a nuevas elecciones, lo que atenta contra las finanzas del Estado, la participación democrática y la transparencia del proceso. Obviamente, en casos graves, los jueces tienen que decidir, pero en la actualidad, están decidiendo cuando ya las elecciones han pasado, lo que obliga a repetir un proceso profundamente costoso, y lo hacen tardíamente pues su carga de trabajo (fruto de la juridificación del mundo de la vida, donde todo se volvió un problema jurídico) es altísima.
En este momento es crucial, por no decir que urgente, pensar en un modelo de resolución de controversias del derecho electoral que permita tomar decisiones que no entorpezcan las elecciones y no afecten las finanzas públicas, pues las cosas no están como para tal derroche. Este nuevo modelo debe pasar por un derecho electoral centrado en lo básico y lo necesario, para no ahogar la política en el mar de los incisos, y con instituciones con mayor credibilidad e independencia, que ayuden y no aumenten la confusión que ahora reina (me refiero, específicamente, al Consejo Nacional Electoral), sumado a una justicia electoral que, siendo transparente, tenga los recursos y el poder necesario para resolver definitivamente, de forma expedita, los asuntos que se le ventilen, para que así las elecciones, que son el corazón de la democracia, sean realmente expresión de la voluntad ciudadana. De la misma forma como sucede con un río, el derecho electoral debe encauzar la política y el proceso electoral, para evitar desmanes, pero no puede secarlos.
Mientras esto no se haga, las elecciones serán simplemente un paso menor dentro del caótico sistema electoral y político, en el cual los abogados cada vez son más importantes que los ciudadanos y la democracia pierde credibilidad, lo que trae consecuencias nefastas a todo nivel.
