En días pasados, se conoció la lamentable decisión del Gobierno Nacional de declinar la candidatura de la jurista Carolina Olarte Bácares para ser parte de los magistrados que integran la Corte Penal Internacional, CPI. El país pierde, de esta manera, la oportunidad histórica de hacer parte decisiva en esta instancia internacional hasta el 2036, máxime teniendo en cuenta que se trataba de la única candidata por América Latina.
Sin embargo, la noticia no genera asombro, en tanto el mismo Abelardo de la Espriella manifestó, desde la campaña presidencial, su intención de retirar a Colombia de la CPI, así como de otros escenarios multilaterales como la ONU o la OEA.
Colombia firmó en 1998 el Estatuto de Roma, el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de juzgar a personas responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La importancia de la CPI para este país marcado por masacres y violaciones de derechos humanos no es menor y el eventual retiro del país significaría un retroceso histórico para las víctimas que podrían buscar justicia en la esfera internacional.
Solo tres países (Níger, Burundi y Filipinas, dos de ellos con regímenes autoritarios) se han retirado del Estatuto de Roma; mientras Chad, Venezuela, Burkina Faso y Malí (los dos últimos con gobiernos militares gracias a golpes de Estado) anunciaron su retirada y países como Estados Unidos, Israel, China, Rusia o Irán no han hecho parte de esta instancia internacional.
Para Colombia, esta institución tiene una importancia notable, pues además de la competencia que tiene la CPI sobre determinados crímenes, para el país significa formar parte de una arquitectura internacional destinada a combatir la impunidad de los crímenes más graves de lesa humanidad y comprometerse con estándares internacionales de justicia, rendición de cuentas y protección de las víctimas.
En ese contexto, retirar la candidatura de la jurista colombiana para hacer parte de los magistrados de la CPI resulta inconveniente, al eliminar la posibilidad de que Colombia llegue, por primera vez, a ocupar un espacio relevante en uno de los principales tribunales penales internacionales y al reducir la oportunidad de participación directa en las discusiones jurídicas que moldean la justicia penal internacional.
La CPI plantea una justicia complementaria que no invade la soberanía de los países para juzgar crímenes cometidos por sus nacionales o en su territorio, por lo cual la pregunta que resulta inevitable es: ¿las críticas contra la CPI hacen parte de una estrategia política destinada a debilitar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, reducir los controles sobre el poder y abrir la puerta a gobiernos que puedan actuar sin temor a responder por sus decisiones en el ámbito internacional?
