¿Puede una autoridad hablar con dureza a quien tiene un pasado delictivo sin desconocer sus derechos? La respuesta no puede ser apresurada, cuando tantas víctimas del delito esperan respuestas. En un país cansado de extorsiones, homicidios y bandas criminales, se entiende que la gente sienta alivio cuando ve a los capturados y escucha a las autoridades hablarles públicamente con firmeza.
Hay, sin embargo, dos planos que conviene distinguir. El primero no depende de simpatías políticas ni de la reputación del detenido. El artículo 29 de la Constitución dispone que toda persona se presume inocente mientras no haya sido declarada judicialmente culpable. El artículo 7 del Código de Procedimiento Penal exige, además, tratarla como tal hasta que exista una decisión definitiva en firme. Y la dignidad humana, fundamento del Estado colombiano, no desaparece al haber una captura.
El segundo plano es el de la opinión y la reacción social. Si una persona registra antecedentes judiciales, ha sido condenada por otros hechos o existen elementos serios que justifican investigarla, ¿debe una autoridad fingir indiferencia? Por supuesto que no. Puede denunciar la gravedad del fenómeno criminal, exigir resultados e incluso utilizar palabras enérgicas. Sería absurdo pretender que la indignación ciudadana se expresara siempre con la serenidad de un tratado jurídico.
Una cosa es recordar condenas anteriores debidamente acreditadas y otra presentar como culpable de delitos a quien ha sido capturado. Tener antecedentes penales no autoriza a anticipar una nueva sentencia. Esa es la diferencia entre expresar una opinión, aunque parezca razonable, y hacer afirmaciones desde una posición de autoridad que puedan afectar los derechos del detenido. Por eso, no basta con examinar qué se dijo. También importa quién lo dijo, en qué circunstancias y cómo puede influir en el proceso.
La controversia reciente llegó a un juez de control de garantías, quien avaló las capturas examinadas y dispuso remitir copias para que se estudiaran las expresiones y la exposición pública de los detenidos. Conviene precisar el alcance. No declaró ilegales las capturas ni condenó a quien hizo esas manifestaciones. Advirtió un asunto que merecía examen por la autoridad competente.
En Santander conocemos el peso de la inseguridad y la frustración de quienes quieren justicia. Sería injusto pedirles indiferencia ante los resultados policiales. También sería peligroso convertir esa frustración en un criterio para decidir quién merece conservar sus garantías.

El dilema, entonces, no consiste en escoger entre perseguir delincuentes y respetar derechos. Consiste en determinar hasta dónde puede llegar la palabra de quien ejerce autoridad sin confundirse con la voz de un juez. Usted, lector, tendrá su propia opinión. Pero la Constitución, entretanto, fija un límite que no cambia según el destinatario de las palabras ni según quién las pronuncie.











