De tantas cosas malas que le dejó a Santander el gobierno departamental pasado, resulta muy difícil escoger como ejemplo una sola, pero en los primeros puestos de esa ignominiosa lista, está la contratación de la obra del Puente El Congreso en el municipio de San Andrés.
La emergencia comenzó el 11 de abril de 2023, cuando una avalancha destruyó dos puentes y dejó afectada la comunicación de las comunidades de El Caracol, La Ramada, Pablo VI, El Ciral y el corregimiento de La Laguna de Ortices. Desde entonces más de 2.000 familias se han visto afectadas en el transporte de productos agrícolas, el acceso a citas médicas y la asistencia de los niños a sus instituciones educativas.
La reconstrucción del puente fue contratada inicialmente por $9.385 millones en 2023. Sin embargo, los problemas técnicos y la inestabilidad del terreno han retrasado su terminación. Algo que no entienden quienes llegan al sitio solo a hacer politiquería. En 2025 se reactivaron los trabajos, se rediseñó parte de la intervención y, en septiembre de 2026, la Gobernación informó sobre la continuación de los trabajos de armado de la estructura.

Pero los verdaderos problemas van más allá de la obra en sí misma, porque aparte de la irresponsabilidad de Mauricio Aguilar al entregar una solución encima del mismo desastre, se necesitan unos recursos con los que no cuenta la Gobernación, y mucho menos el municipio, el cual no ha tenido ni para pagar la póliza de seguros de protección del edificio de la alcaldía.
Se están buscando los recursos para darle una solución definitiva a la comunidad, y lo que menos se espera es que personas que duraron congeladas durante cuatro años, como la representante Yolanda Silva Romero, quien nunca en su vida ha llevado un cuaderno para los niños de la vereda ni ha entregado ayuda alguna en la zona, lleguen a hacer videos absurdos y decirles a los campesinos cuáles son las soluciones geológicas que se tienen que tomar. Semejante irresponsabilidad debe ser rechazada por las todas las autoridades.











