Protestar, marchar y cuestionar al Gobierno de turno hace parte de la democracia. Pero una cosa es ejercer la oposición y otra muy distinta desconocer el peso de la propia gestión.
Hace apenas unos meses, Gustavo Petro estaba al frente del Gobierno. Hoy, desde la oposición, convoca movilizaciones, cuestiona a la nueva administración y exige respuestas inmediatas. La pregunta es inevitable: ¿con qué autoridad política reclama soluciones que durante cuatro años tuvo la oportunidad de ofrecer?
La Guajira es un ejemplo concreto. El acceso al agua potable fue una de las grandes banderas de su administración. Se anunciaron inversiones, proyectos y soluciones para las comunidades wayú, históricamente afectadas por la falta de este servicio. Sin embargo, los resultados muestran una realidad menos alentadora que los anuncios.

Según cifras del propio Ministerio de Vivienda, entre 2022 y 2025 el acceso al agua potable en La Guajira pasó de 49,7 % a 50,2 %: apenas 0,5 puntos porcentuales de aumento en cuatro años. Aunque el Gobierno reportó que 34.706 personas adicionales accedieron al recurso, el avance es limitado frente a la magnitud de una crisis que requería resultados mucho más ambiciosos.
Buena parte de las obras más visibles en este frente corresponden a Misión La Guajira, iniciativa liderada por Grupo Aval y Promigas, junto con otros aliados, que anunciaron una inversión de $80.000 millones. A este proyecto se atribuyen la recuperación de 40 pozos, la perforación de ocho nuevos y la instalación de 28 plantas potabilizadoras. Es decir, los resultados concretos que hoy se exhiben fueron producto de la inversión y la capacidad de ejecución del sector privado, no exclusivamente de la gestión gubernamental.
Pero el episodio que más compromete el balance de esa administración es el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionado con la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira. Lo que debía atender la emergencia terminó convertido en un entramado de presuntas irregularidades, direccionamiento de contratos y sobrecostos que salpicó a altos funcionarios y exministros del Gobierno Petro, acusados formalmente por la Fiscalía en 2026 por su presunta participación.
La gravedad política del caso es evidente: los recursos destinados a aliviar la escasez de agua en La Guajira terminaron en el centro de un escándalo de corrupción dentro de una entidad del propio Gobierno. Mientras las comunidades esperaban soluciones, quienes debían garantizar el uso adecuado de esos recursos quedaron bajo la lupa de la justicia.
Por eso, el llamado de Petro a movilizarse contra el Gobierno entrante no puede analizarse al margen de su propia gestión. Quien durante cuatro años tuvo el poder, el presupuesto y las herramientas para gobernar también debe responder por sus resultados, sus promesas pendientes y los escándalos que marcaron su administración.
La oposición no borra el pasado ni convierte en ajenos los problemas que no se resolvieron cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo. Antes de exigirle cuentas al nuevo Gobierno, Petro debería empezar por rendir las propias. Porque los colombianos no solo tenemos memoria: también tenemos derecho a exigir coherencia.











