El candidato a la Alcaldía de Floridablanca por el Partido Conservador, Néstor Fernando Díaz, se inscribió ayer en la tarde ante la Registraduría Municipal y así concluyó el proceso de inscripciones de las campañas que están en contienda por llegar al primer cargo del municipio más importante del área metropolitana y también del más polémico por sus últimas administraciones.

Publicado por: ANA MARÍA VALENCIA S.
En total serían cinco partidos los que tienen sus apuestas por la Alcaldía: el Liberal con Carlos Roberto Ávila; Cambio Radical, con Alba Luz Vega; La U, con Germán Orduz; y se dice de manera no oficial que el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, tendría también aspirante, aunque hasta ahora no se ha pronunciado.
El MIO tiene sus orígenes en la Asociación Movimiento Popular del MPU, y se dice que está muy relacionado con la clase política del Valle del Cauca y el detenido senador Juan Carlos Martínez, según el portal de
lasillavacia.com
Las elecciones en este municipio requieren de atención especial por parte de los observadores electorales y de la misma ciudadanía, pues el municipio viene de afrontar dos administraciones cuyos alcaldes, uno destituído y otro prófugo de la justicia, han dejado frágil la institucionalidad. El reto entonces para los candidatos es de propuestas.
A reglamentar la publicidad
Por su parte, el actual alcalde liberal, Jaime Flórez, quien asumió en febrero en reemplazo del destituido Eulises Balcázar, reafirmó su imparcialidad frente al debate del 30 de octubre y dijo que las disposiciones en materia de publicidad política estarán ceñidas a las normas expedidas por el Consejo Nacional Electoral.
Dentro de las normas vigentes esta la prohibición de colocar elementos de publicidad exterior visual de carácter político en un radio de 200 metros lineales de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales y puestos de votación.
Igualmente está prohibido montar publicidad sobre infraestructuras, postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas, y cualquier otra infraestructura de propiedad del Estado, lo mismo que sobre los recursos naturales y elementos que protejan el medio ambiente.















