Los exmandatarios Jhon Abiud Ramírez, Carlos Román, Claudia Jaimes y Yulia Rodríguez, fueron señalados por la Contraloría como responsables de un detrimento patrimonial en el Portal de Girón de Metrolínea estimado en $16.576 millones.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
El portal de Metrolínea en Girón, que fue construido hace casi una década pero nunca entró en funcionamiento debido, entre otros, a los problemas del sistema de transporte masivo, ha generado, según la Contraloría, un detrimento fiscal que supera los $16 mi millones y tiene en hoy en líos a cuatro exalcaldes del histórico municipio.
En fallo de última instancia, la Contraloría General de la República decidió archivar el proceso de responsabilidad fiscal por $16.576 millones en contra de cinco exgerentes e igual número de contratistas, por las irregularidades en el contrato 113 de 2015 y el contrato de consultoría 054 de 2016, a través de los cuales se llevó a cabo la construcción del portal, que tuvo una inversión superior a los $22 mil millones y que al día de hoy, ocho años después, continúa sin ofrecer ningún servicio a la comunidad.
Sin embargo mantuvo los cargos de responsabilidad fiscal contra cuatro exalcaldes de Girón.
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En el fallo la Contraloría cuantificó el detrimento patrimonial en $16.576 millones, por presuntos sobrecostos en el contrato de obra 113 de 2015 y el contrato de interventoría 054 de 2016, por fallas en la obra y falta de planeación por parte del Ente Gestor y las autoridades locales, y no poner en servicio la monumental infraestructura de transporte público.
“La presente cuantía del detrimento patrimonial del Estado, se establece de acuerdo con la información y pruebas allegadas en el hallazgo, en donde en el numeral 4,1 es estimada en la suma de $16.576 millones, en atención que si bien los recursos invertidos en el contrato de obra e interventoría son mayores, se descontó el valor correspondiente a la realineación del gasoducto, del hallazgo 4, por valor de $2.191 millones”, concluyó la Contraloría Delegada Interseccional.
De acuerdo con la investigación fiscal, los $16.576 millones provienen de los recursos de la Nación Birf y fueron desembolsados por Metrolínea a dichos procesos contractuales, a pesar de que “no están en condiciones de prestar el servicio público de transporte al que estaban destinadas, al no poderse utilizar por carencia de elementos para su funcionalidad”.
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