Recursos destinados a satisfacer necesidades de los más vulnerables, sin ejecutar; beneficiarios del programa Jóvenes en Acción que declaran renta, según la DIAN, y pagos de subsidios a personas fallecidas, hacen parte de la lista de hallazgos de la Contraloría General.
Publicado por: Redacción Política
En el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, hay 21 hallazgos administrativos. Diez de ellos tienen incidencia fiscal por $108.869 millones 283 mil 650.
Es decir, que en el DPS “hay una gestión ineficaz de los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable del país”.
Esta es una de las conclusiones de una auditoría financiera que la Contraloría General de la República adelantó sobre la vigencia 2023, en este organismo, que se supone beneficia a los colombianos más pobres.
El máximo ente de control fiscal del país encontró que, si bien se solicitaron y asignaron recursos, estos no se ejecutaron en su totalidad.
Aparecen, además, beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción que declararon renta de los años gravables 2021 y 2022.
Eso deja en evidencia, según se dijo, que los jóvenes beneficiados superan las condiciones socioeconómicas requeridas, como es población en pobreza, pobreza extrema y vulnerable.
Además, siguen presentándose casos de pagos de subsidios a personas fallecidas y hay quienes no cumplen las exigencias legales para tener la condición de beneficiarios y cobran los incentivos sin tener derecho a ellos.
Se determinó que, la información que soporta los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor, no tiene la exactitud, actualización y confiabilidad requeridas para tomar de decisiones en la entidad.
Publicidad
La auditoría
Según información divulgada por la Contraloría, durante la auditoría se evaluaron los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2023.
En total, se habrían establecido 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria.
Además, diez (10) de esos casos podrían haber ocasionado incidencia fiscal por $108.869 millones 283 mil 650.
De manera adicional, la Contraloría solicitó dos (2) aperturas de Indagación Preliminar, por $46.717 millones, 108.000.
Durante la vigencia 2023, Prosperidad Social contó con una asignación de $9.8 billones, distribuida en 18 proyectos de inversión, y tuvo una ejecución total a nivel de compromisos de solo el 85 %.
La Contraloría afirma que, se presentó una pérdida de apropiación en la vigencia auditada de $1 billón, 459.369 millones 495.179, correspondientes a 15 proyectos de inversión.
Para la vigencia 2023, la baja ejecución de los programas de inversión del DPS se habría dado por debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas.
Publicidad
Además, hubo demoras en la investigación de mercados y análisis del sector, y de igual forma en los estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otros hallazgos.
Lo anterior, dice el ente investigador, “deja de manifiesto una insuficiente gestión del presupuesto por parte del ordenador del gasto de la entidad, como también de los directores a cargo de la formulación y ejecución de los proyectos”.
Esto es producto, se afirma, de fallas en la planificación, estructuración, ejecución y cumplimiento de lo planeado, teniendo en cuenta que si bien se solicitaron y asignaron recursos destinados a la satisfacción de las necesidades de la población objeto de intervención, estos no se ejecutaron en su totalidad.
La Contraloría informa que Prosperidad Social “no cuenta con las condiciones de exactitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad, requeridas para la toma de decisiones dentro de la entidad”.
Publicidad
Esta conclusión se logró luego de cruzar las bases de datos suministradas por el DPS, con la información que soporta los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor”.
Pagos a beneficiarios fallecidos
La Contraloría General de la Nación explica que, se siguen presentando casos de pago a beneficiarios fallecidos. Y “no es efectiva la labor del Grupo Interno de Trabajo Antifraudes”.
Se refiere a la depuración de las bases de datos, procedimiento ejecutado antes, durante y después de cada ciclo de pago de cada programa, para generar un control de calidad permanente de los registros procesados.
Además evidenció debilidades en el proceso de verificación de criterios de pertenencia y permanencia de las personas cobijadas por los diferentes programas auditados.
Publicidad
Eso permite, afirma la Contraloría, que beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas en la norma, sean favorecidas y cobren los incentivos sin tener derecho a ello.
En los diferentes programas, se dijo, se encontraron: trasferencias a fallecidos según cruce de información con la Registraduría Nacional, beneficiarios que han declarado renta ante la DIAN.
También incumplimiento de criterios de permanencia y pertinencia, por encontrarse registrados en bases de datos con otros beneficios excluyentes, según lo estipulado en cada programa, Colpensiones, Colfondos, Cremil, Casur, RUAF, Adres y PILA.
No son Jóvenes en Acción
La Contraloría General destaca que los incentivos del Programa Jóvenes en Acción están dirigidos a población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad. Y, en los Manuales y Guías diseñados por Prosperidad Social, solo se contemplan criterios de focalización y no de permanencia en el programa.
En consecuencia, esto permite perpetuar en el tiempo el pago de beneficios a jóvenes cuyos ingresos superan los índices de pobreza establecidos por el DANE en la vigencia 2023.
Según la auditoría, la Entidad no tiene establecido para Jóvenes en Acción el cruce de información con las fuentes disponibles.
En el proceso se estableció además que, beneficiarios de este programa están reportados en bases de datos de fondos de pensiones, como beneficiarios, con ingresos superiores a un salario mínimo legal vigente.
Y como si fuera poco, se encontraron beneficiarios reportados por la DIAN, que declararon renta de los años gravables 2021 y 2022.
4.9
Millones de colombianos están en condición de vulnerabilidad urbana , lo que representa cerca del 10 % de la población total del país y, aproximadamente el 14,5 % de los hogares de Colombia, es decir, 1,4 millones de hogares.
Sabía usted que...
Casi el 50% de los hogares vulnerables del país están en el Caribe y, 22 departamentos superan el promedio nacional.
Datos preocupantes
186 municipios tienen más del 70% de su población en condiciones de vulnerabilidad urbana.
Mientras que 44 municipios tiene el 100 % de su población en los grupos más vulnerables.
En este punto destacan Puerto Carreño (97 %), Quibdó (84 %), San Andrés (78 %), Leticia (77 %) Inírida (73 %) como las ciudades capitales con más del 75 % de su población en situación de vulnerabilidad urbana (G3 y G4).
El 25 % del total de hogares urbanos nacionales clasificados en vulnerabilidad (G3 y G4) se concentran en 16 municipios del país.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación.
