Contraloría pide control fiscal especial para la UIS

El Contralor General de la República también llamó la atención de las autoridades departamentales, los órganos de control territorial, los actores sociales y la misma universidad pública, porque varios claustros presentan altos incrementos en sus pasivos pensionales.

Publicado por:Carlos Ibarra

A la Contraloría General de la República le preocupa la “viabilidad financiera” de la universidad pública, entre ellas la UIS, porque puede “comprometer la calidad de su educación”.

Por esta razón, le llamó la atención a la Contraloría Departamental de Santander y demás autoridades regionales y dirigentes sociales.

El objetivo es que la Contraloría Departamental afine el control fiscal sobre la UIS y destine un equipo que le haga “un seguimiento especial a este tema”.

El llamado de atención no tiene nada qué ver con algún caso de corrupción. Lo que se busca es ejercer este control fiscal especial que garantice calidad, y también se enfoca en las respectivas contralorías territoriales del Valle y de Antioquia.

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Pide que en esas universidades también se destine el mencionado equipo de seguimiento especial, que precise el manejo presupuestal de las universidades públicas de cada región.

La solicitud específica hace parte de una petición más global, que el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, le hizo al ministro de Educación.

En su criterio, el Ministerio debe prestarle atención urgente al tema de la financiación de la universidad pública en Colombia.

Objetivo que debe abordar a la mayor brevedad el Sistema Universitario Estatal, SUE, compuesto por 34 universidades públicas y presidido por el Ministerio de Educación.

Para la Contraloría General, este es “un tema delicado y el Ministerio de Educación debe tomar acciones”.

La invitación específica hace parte de una petición que el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, le hace al Ministro de Educación, para que, con carácter urgente, se atienda la desfinanciación de las universidades públicas del país.

Rodríguez Becerra reclamó que, para este efecto, “haya una colaboración entre los Gobiernos nacionales y territoriales, las instituciones educativas y actores sociales”.

Además, pidió compromiso en la asignación de recursos y resolver las preocupaciones que se presentan frente a las variaciones significativas de los pasivos pensionales de las universidades públicas y el flujo de dineros para el cumplimiento de estas obligaciones.

“Las universidades públicas, y en general todas, vienen creciendo desde los años 90 con los mismos recursos, en lo que se ha denominado la universalización de la educación superior”, dijo el funcionario.

Según el Contralor General, es necesario resolver estos problemas estructurales de financiación.

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Recordó que esta situación se ha solventado con déficit de deuda y disminución en las condiciones de calidad.

“A las universidades le tienen que ver su manejo presupuestal, pero también le tienen que ver la calidad de educación que están impartiendo”, indicó.

Rodríguez Becerra considera que las universidades públicas han sufrido una desfinanciación estructural y sugirió revivir el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 del 92.

En su criterio, solo así se puede garantizar una adecuada financiación, para que cada una de las universidades, acorde con sus particularidades, pueda sacar adelante su financiación.

“Que el riesgo no sea marchitar el sistema y deteriorar la calidad que se ha venido alcanzando, mientras se aprueba una política de financiación adecuada, que no tiene que estar sujeta a esa reforma”, dijo.

Es decir, en más de $219.000 millones, se ha incrementado el pasivo pensional de la Universidad del Cauca.

Otra de las preocupaciones expresadas por el Contralor General, Rodríguez Becerra, tiene que ver con el tema pensional de las universidades públicas.

Dijo que, a partir de la Ley 100 del 93, se reconoció la financiación de las pensiones de las universidades públicas.

“El giro de los recursos de los fondos de pensiones, para el caso de las universidades públicas del orden territorial, de acuerdo con las normas, no se viene realizando oportunamente”, lamentó el funcionario.

“Eso está generando riesgo de estabilidad de algunas universidades públicas. La actualización de los estudios actuariales de sus pensionados debe estar al orden del día, de manera que se pueda contar con los recursos suficientes”, agregó.

Al respecto, recordó que “una parte es financiada por la Universidad, otra por la Gobernación y una más por el Estado”.

Rodríguez Becerra le trasladó su inquietud sobre este tema al Ministro de Educación, para que revise lo que está pasando.

Como ejemplo, señaló lo que ha sucedido con la Universidad del Valle y el bono de pensiones del primer semestre de 2024, que equivale a 54 mil millones de pesos.

“Lo debió recibir en enero de 2024 y le llegó en el presente mes de agosto”, afirmó.

Esta universidad, dijo, “viene de un déficit de $38 mil millones en 2023, que va a crecer gradualmente durante el transcurso del año”.

Al analizar los pasivos pensionales de algunas universidades hay variaciones significativas entre 2022 y 2023, según datos de la Contaduría General de la Nación.

Por ejemplo, dice el informe, universidades públicas como la del Valle, Cauca y Antioquia presentan altos incrementos en sus pasivos pensionales:

1. Universidad del Cauca: Incremento del 46.8 % (es decir $219.903 millones 313.457) en sus pasivos pensionales. Necesario revisar políticas de gestión de activos y pasivos.

2. Universidad del Valle: Aumento del 11.1 % (es decir, $185.166 millones 640.367) en sus pasivos pensionales. Refleja gestión activa de los planes de beneficios post empleo.

3. Universidad de Antioquia: Incremento del 18 % (es decir, $22.547 millones 034.366) en sus pasivos pensionales. Necesario reforzar medidas de control.