El Ministerio Público ya se había pronunciado argumentando presuntas irregularidades en el proceso contractual. La Alcaldía no respondió a las comunicaciones de Vanguardia.
El polémico contrato para el alumbrado público de Piedecuesta, que fue adjudicado a una empresa de economía mixta con participación del polémico ‘zar de la contratación’, Euclides Torres, fue demandado.
El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, radicó en diciembre pasado ante el Tribunal Administrativo de Santander una demanda de nulidad en contra de la adjudicación. El congresista argumenta irregularidades que se habrían presentado en el proceso contractual, que también mereció pronunciamiento por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Vanguardia, en reiteradas oportunidades buscó al alcalde de Piedecuesta, Óscar Santos, sin obtener una respuesta frente a esta demanda.
Cabe recordar que el ‘Clan Torres’ ya venía operando el alumbrado público de Piedecuesta, a través de ‘Luces de Santander’, una concesión que tiene vigencia hasta 2029. No obstante, la Alcaldía acordó con esta organización la terminación anticipada del contrato el pasado 10 de septiembre. Esta decisión ocurrió días antes de presentar el proyecto de acuerdo en el Concejo, que permitió al alcalde Óscar Javier Santos crear una compañía de economía mixta.
Según el representante Avendaño, los argumentos ante el Tribunal Administrativo de Santander son los mismos que se hicieron sobre el acuerdo municipal, que habría tenido irregularidades, según también expresó la Procuraduría.
“Se expusieron las falencias de planeación del proyecto, por ejemplo, no tiene sustento. El documento no tiene cómo explicar la forma cómo se capitalizará esa empresa de economía mixta. No hay argumentos del contrato”, afirmó Avendaño en diálogo con esta redacción.
Alertas en la Procuraduría
En tal sentido, desde la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se emitieron varias alertas sobre presuntas irregularidades que se estarían presentando en medio del proceso contractual y en la configuración del proyecto de acuerdo.
En diciembre pasado, justo cuando estaba listo el contrato para ser adjudicado, se alertó sobre la posible ausencia de soportes para determinar los costos asociados a la prestación del servicio de alumbrado público.
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“De acuerdo con el análisis efectuado sobre los documentos que integran el proceso, esta Procuraduría observa que los valores incluidos como ‘costos por la prestación del servicio de alumbrado público’ carecen de las memorias de cálculo, justificaciones técnicas y soportes documentales que permitan verificar su correspondencia con las condiciones reales del mercado y del sistema municipal”, informó la Procuraduría en un documento de 14 páginas que conoció Vanguardia.
Por ejemplo, para el Ministerio Público, algunas de las tablas del proyecto contienen proyecciones para un periodo de 30 años, pero esos valores se “presentan de manera aislada, sin que el expediente incluya las bases que permitan identificar y soportar el proceso de cálculo o validar la pertinencia de los parámetros utilizados”.
De igual manera, la supervisión de la Procuraduría Delegada permitió identificar que, según el proceso, la Alcaldía de Piedecuesta proyecta la conformación de una sociedad de economía mixta para la prestación del alumbrado público, en la cual el privado (empresas ligadas al polémico contratista Euclides Torres) participaría con el 49 % del capital social y, en consecuencia, tendría derecho a percibir dividendos derivados de la operación en dicha proporción.
El “socio” para el alumbrado público de Piedecuesta
En el Concejo de Piedecuesta se radicó el proyecto de acuerdo 076 de 2025, por medio del cual se argumentó que el concesionario anterior, Luces de Santander, donde tenía participación Euclides Torres, no contaba con la capacidad necesaria para adelantar el proceso de modernización y actualización tecnológica del alumbrado público.
El documento advertía que casi la mitad de las lámparas de Piedecuesta son de sodio y el Ministerio de Minas y Energía está implementando restricciones para fabricar dichas luminarias. Para cambiarlas por tecnología LED, se requiere una inversión de al menos $40 mil millones.
Por esta razón, se optó por crear una empresa de economía mixta, que aprovecha esas ventajas del socio privado, pero mantiene el control público del servicio, pues el Municipio seguirá siendo el principal accionista de la compañía.
