La justicia declaró en desacato al Contralor de Bucaramanga por no cumplir una tutela relacionada con la protección de los derechos de una exfuncionaria.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, mediante un fallo, declaró en desacato al contralor de Bucaramanga, Juan Diego Rodríguez Cortés, imponiéndole una sanción de dos días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales.
La decisión, advierte la juezz, responde a que la Contraloría de Bucaramanga ha incumplido sistemáticamente un fallo de tutela de segunda instancia dictado el pasado 28 de mayo. En esta sentencia se amparan de forma transitoria los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada de Zobeida Pinzón Narciso, quien fuera funcionaria de la entidad de control fiscal de Bucaramanga.
“La conducta desplegada por el representante legal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga no estuvo dirigida al cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela, sino a sostener reiteradamente las razones por las cuales, a juicio de la entidad, la orden impartida no podía ejecutarse”, consigna el fallo.
Según la sentencia, Pinzón Narciso se desempeñaba en la entidad y cuenta con un perfil profesional como abogada especialista en derecho administrativo. Registró un drástico deterioro en su salud que le significó un dictamen oficial de pérdida de capacidad laboral del 88,96 %, requiriendo incluso la dependencia total de terceros. Pese a que la Contraloría conocía al detalle esta situación, advierte el fallo del Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Bucaramanga, procedió a desvincularla alegando una reestructuración de la planta de personal amparada en los Acuerdos Municipales 035 y 036 de 2025.
Una sentencia de tutela de segunda instancia ordenó el reintegro de Zobeida Pinzón Narciso el pasado 28 de mayo a un cargo compatible con su salud o, en su defecto, a efectuar de manera autónoma y obligatoria el pago de sus salarios y prestaciones sociales devengados con posterioridad, para no vulnerar su mínimo vital mientras se definía el pleito en la justicia ordinaria.
Durante el proceso, la Contraloría de Bucaramanga aseguró tener “imposibilidad material, presupuestal y jurídica” para cumplir lo ordenado por la acción de tutela. Añadió que el cargo de la demandante ya no existía, que los empleos de carrera estaban reportados a la Comisión Nacional del Servicio Civil y que pagarle un salario sin un puesto activo violaría la legalidad del gasto público.
No obstante, los argumentos fueron calificados por el juez como un “abierto desconocimiento” y una conducta “renuente” frente a los mandatos judiciales. La jueza Veinticuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, Leidy Liceth Hernández Morales, consigna que todas esas dificultades administrativas ya eran conocidas por el juez de circuito cuando dictó la orden en mayo, por lo que no podían usarse como excusa para evadir el cumplimiento.
“La conducta desplegada por el representante legal de la Contraloría Municipal de Bucaramanga no estuvo dirigida al cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela, sino a sostener reiteradamente las razones por las cuales, a juicio de la entidad, la orden impartida no podía ejecutarse”, consigna el fallo.
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Además, el juzgado enfatizó que la Contraloría de Bucaramanga no aportó estudios técnicos ni manuales de funciones que demostraran una verdadera imposibilidad de reubicar temporalmente a Zobeida Pinzón Narciso, quien, por su parte, manifestó conservar intactas sus facultades cognitivas e intelectuales para ejercer su profesión con ajustes razonables a su entorno.
El arresto del contralor de Bucaramanga, Juan Diego Rodríguez Cortés, se materializará de inmediato. De acuerdo con el procedimiento legal, el expediente fue remitido a reparto de los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga para surtir el grado jurisdiccional de consulta. Si la instancia superior confirma la providencia, la orden de arresto contra Juan Diego Rodríguez Cortés será ingresada formalmente al sistema de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional para que se haga efectiva en el sitio que sea designado.
