Martes 02 de Octubre de 2018 - 05:52 PM

'Infiltrados en protesta social serán criminalizados': MinDefensa

El Gobierno Nacional reiteró su posición de permitir y defender la protesta social en el país por ser un derecho constitucional. Sin embargo, advirtió que si la misma se infiltra o se hace para afectar a los colombianos, no dudará en criminalizar a las personas que lo hagan.
Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL
'Infiltrados en protesta social serán criminalizados': MinDefensa
(Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Esa fue la gran conclusión del debate en la Comisión II del Senado, al que fue citado el ministro de Defensa, Guillermo Botero, luego de que hace dos semanas ante un foro de un gremio hubiese asegurado que la protesta social se financia con dineros de los grupos ilegales. 

El debate fue citado por la bancada de la oposición en cabeza del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y llegó a ser en algún momento tirante entre los congresistas que apoyan al gobierno de Iván Duque y el sector que le critica. 

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El control político arrancó con la posición expresada por Cepeda, quien aseguró que “la oposición ha citado al ministro Botero, ante sus reiteradas declaraciones que pretenden conducirnos a una mayor restricción de la protesta social y a generar un clima de ilegitimidad en medio del creciente ascenso de la participación y las expresiones de movilización ciudadana, como lo demostró la reciente consulta anticorrupción”. 

Cepeda también le cuestionó el lenguaje que ha usado el ministro en su corto paso por la cartera, a la vez que sostuvo que tiene una postura “totalitaria y autoritaria” en sus actuaciones cuando se refiere a la protesta social. 

“Sus declaraciones ministro Botero, causan grave daño a la democracia, la crisis de la democracia no se resuelve con menos, sino con más democracia”, planteó el senador. 



El congresista sostuvo que no es cierto que “los líderes sociales financien sus protestas con dineros del narcotráfico, del crimen organizado o de las organizaciones armadas ilegales, sino que precisamente por oponerse a las presiones de esas organizaciones ilícitas es que son asesinados”. 

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Por su parte, el ministro de Defensa, quien tan sólo pudo responder casi dos horas después de haber iniciado el debate, resaltó que la protesta social está consagrada en la Constitución Nacional, por un lado en el artículo 37 en el cual se le garantiza ese derecho a quien la reclama, pero también en el artículo 24, en el cual se dice que ese derecho debe respetar las libertades de quienes no acompañan esas protestas. 

En ese sentido, Botero le pidió al Congreso de la República que cuando proceda a modificar el Código de Convivencia o de Policía, tal y como lo solicitó la Corte Constitucional al fallar la ley, se legisle para hacer claridad hasta dónde son los alcances de la protesta social a la luz de la Constitución. 



“Tenemos un propósito común que la violencia no continúe, no queremos más víctimas, pero eso si quienes sigan en delito y se burlan de las víctimas recibirán las consecuencias de la justicia”, señaló Botero. 

Frente a sus declaraciones que generaron la controversia, el funcionario destacó que fueron, en parte, sacadas de contexto, porque en su intervención hizo referencia a la protesta social en sus diferentes alcances. Sin embargo, ratificó que si bien es un derecho, la fuerza pública judicializará a quien infiltre la protesta social. 

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Durante el debate, el jefe de la cartera de Defensa también informó que entre 2016 y 2018 se han abierto 624 procesos judiciales por comisión de delitos a personas que han estado en las protestas sociales, por lo que insistió que quienes se infiltren en la protesta serán judicializados. 


A su turno el senador indígena Feliciano Valencia, le señaló al ministro Botero que las comunidades nativas se pagan ellas mismas sus marchas y le reconoció que sí reciben aportes de comerciantes, pero que se percatan de que no vayan a ser infiltrados por grupos ilegales. 

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