Cruce de versiones entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Cdmb por detalles de planeación de millonarios contratos para mitigación del riesgo en sectores vulnerables. La autoridad ambiental denuncia que obras que se pretende contratar ya se ejecutaron.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Con un oficio dirigido al despacho del alcalde, Juan Carlos cárdenas, las directivas de la Cdmb advirtieron presuntas irregularidades en el proceso SI-SI-CREC-010-2023 mediante el cual la administración municipal pretende suscribir de manera directa para construir obras de mitigación y estabilización en los barrios La Gloria, Nazareth y Pablo VI. Contrato por valor de $64.809 millones.
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Obras ejecutadas
Según la corporación ambiental, desde enero se ha venido advirtiendo a la administración local que varias de las obras de mitigación que pretendía contratar a través de la urgencia manifiesta, ya venían siendo ejecutadas por la Cdmb.
“La Cdmb mediante radicado de salida 265 de 12 de enero de 2023, la subdirección de gestión de riesgo y seguridad territorial, informó al municipio y advirtió que en el barrio Pablo VI se había desarrollado el contrato de obra pública 13369-01 de 2021, que tuvo por objeto “construcción de obras de mitigación y estabilización en el sector del Pablo VI, zona de escarpa, en Bucaramanga, en cumplimiento de la acción popular 2011-00591”, por lo anterior, se exhortó a la Secretaría a que se modificara el alcance de las obras contenidas en el contrato específico”, informó la Cdmb.
Sin embargo, a pesar de las observaciones presentadas por la corporación ambiental, los estudios y diseños de la invitación privada de la Alcaldía de Bucaramanga estarían incluyendo de nuevo las obras de mitigación que ya ejecutó la Cdmb.
“So pena de lo anterior, la Cdmb observa que al revisar la convocatoria SI-SI-CREC-010-2023, en los documentos técnicos que definen el alcance del proyecto, se incluyen las obras de mitigación construidas por la Cdmb en los años 2021 - 2022, lo que denota que el municipio de Bucaramanga, hizo caso omiso de las situaciones fácticas puestas de presente por esta autoridad ambiental, dado que está incluyendo obras ya construidas”, agrega la corporación.
“Estudios desactualizados”
Además, la Corporación ambiental cuestionó la estructuración de los procesos contractuales SI-SI-CREC-009-2023, para la construcción de obras de mitigación y estabilización en el barrio Gaitán, por valor de $16.639 millones, y SI-SI-CREC-010-2023, con el objeto de construir obras de mitigación y estabilización en los sectores la Gloria, Nazareth y Pablo VI, por $64.809 millones, adelantados por la administración municipal.
Según la Cdmb, los estudios y diseños de dichos procesos tienen falencia de rigurosidad técnica y están desactualizados.
“De lo anterior se concluye un actuar, a nuestro juicios, poco responsable desde el punto de vista de función administrativa, especialmente tratándose de atender una calamidad pública y una situación de riesgo, al pretender adelantar obras ya ejecutadas por la Corporación, lo cual no puede ser justificable en la medida de que la Secretaría de Infraestructura municipal tenía conocimiento previo de la existencia de las mismas, y especialmente denota una improvisación técnica”, concluye la Corporación ambiental.
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Obras complementarias
Desde la administración municipal se desestimaron las observaciones elevadas por la Cdmb, señalando que las obras de mitigación que se pretenden ejecutar en el barrio Pablo VI a través del proceso SI-SI-CREC-010-2023 son complementarias a las ejecutadas en su momento por la Cdmb.
“Con respecto al barrio Pablo VI, que es básicamente lo que más alegan, debe saberse lo siguiente: la Cdmb ejecutó sólo un tramo contemplado en los diseños de la consultoría para darle cumplimiento a una acción popular, pero no es el 100 % de lo que está contemplado en el diseño, es solo un pedazo. Adicionalmente, el barrio requiere una inversión mayor para mitigar el riesgo. Falta ejecutar la otra parte que también está en este proyecto”, respondió a Vanguardia la jefe de Gobernanza de la Acaldía, Saharay Rojas, consultada sobre las críticas de la Cdmb.
Aunque reconoció que recibió dichas observaciones por parte de la autoridad ambiental en enero pasado, aseguró que dichas observaciones fueron extemporáneas pues las calamidades fueron decretadas dos meses antes.
“La Cdmb lo hizo saber esto al municipio el día 12 de enero de 2023, ya demasiado tarde porque ya se habían suscrito meses atrás los contratos con En Territorio exactamente el día 29 de julio del 2022. Al no estar ejecutadas el 100 % de las obras contempladas en los diseños que se pretenden contratar, el decreto de calamidad y el plan de acción suscrito sigue vigente y es necesario abordar esta necesidad por parte del municipio”, agregó Rojas.
Finalmente, la administración local informó que posterior al acta de inicio del contrato de obras de mitigación se realizará la actualización del alcance del mismo.
“Se contempla dentro de la invitación a presentar oferta, una etapa de revisión de diseños, especificaciones técnicas, durante los 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio, tiempo suficiente para que se tomen acciones en conjunto con obra, Interventoría, Alcaldía y Cdmb con las obras en cuestión y se haga un balance de obra y ahí se determinará que la obra ya ejecutada no se hará, simplemente se ejecutará lo demás necesario para mitigar el riesgo en el barrio Pablo VI y dar el alcance a lo contemplado en los diseños”, explicó la jefe de Gobernanza.
Cuestionamientos previos
Las observaciones de la Cdmb se suman a reparos ya elevados días atrás por parte del Comité de Transparencia por Santander, que cuestionó el abuso de la figura de urgencia manifiesta por parte de la administración Cárdenas para contratar directamente millonarios procesos públicos por más de $120 mil millones.
“El foco de las críticas a estos procesos radica en que, teniendo en cuenta la magnitud y el cuantioso presupuesto asignado para cada uno de estos proyectos de infraestructura, se pretenda, bajo el amparo del mecanismo de declaratoria de calamidad pública, adjudicar contratos ‘a dedo’, cuando evidentemente ha existido el tiempo suficiente para realizar un trámite contractual que permita la recepción plural de ofertas, con la posibilidad de la comparación objetiva de las mismas y la selección de la mejor opción para la satisfacción de la necesidad identificada por la administración”, explicó a Vanguardia Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia.
Aunque en el cronograma del Secop los dos contratos para las obras de mitigación debían estar firmados, al cierre de esta edición aún no habían sido cargados al Sistema Electrónico de Contratación Pública.
