La Contraloría municipal de Bucaramanga atraviesa por un déficit que sobrepasa los $3 mil millones y solo podría funcionar hasta septiembre. Tendría que suprimir por lo menos cinco cargos para lograr el equilibrio financiero.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
El déficit presupuestal que atraviesa la Contraloría municipal de Bucaramanga, producto de la burocracia y la reducción en el ingreso anual de la entidad fiscal, generó que el ente de control fiscal solo tenga recursos para funcionar hasta el próximo 30 de septiembre.
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Así lo advirtió la contralora de Bucaramanga, Viviana Blanco, al señalar que en la presente vigencia la entidad registra un déficit superior a los $3 mil millones.
“El primero de enero que asumí mi cargo, recibí una entidad con un déficit presupuestal de $776 millones, aunado a la reducción presupuestal de $2.237 millones realizada por la administración municipal en vigencias anteriores. Valor que no permite el normal funcionamiento de la entidad y, por lo tanto, la dificultad de lograr los objetivos constitucionales”, dijo Viviana Blanco.
Ante este panorama, la Contraloría de Bucaramanga habría implementado un plan de austeridad para tratar de solventar la crisis financiera, sin embargo, dichas acciones no fueron suficientes, por lo que “la entidad solo podrá cubrir sus obligaciones hasta el 30 de septiembre del presente año”.
“La situación financiera por la que atraviesa hoy la Contraloría es una sucesión de inadecuados manejos en la fijación y ejecución del presupuesto en años pasados”, agregó Blanco.
Falta de gestión
Por su parte, el excontralor municipal, Rolando Noriega, desestimó los señalamientos por parte de su sucesora en el cargo y aseguró que el déficit de los $776 millones de la vigencia anterior nada tiene que ver con contratos de prestación de servicios.
“El déficit de los $776 millones que señala la doctora Blanco nada tiene que ver con CPS. En el 2021 no hubo contratos de prestación de servicios, ni uno solo, ni siquiera de cafetería, debido a la reducción del presupuesto en casi $2 mil millones por parte de la administración. El 97% de los recursos fueron para el funcionamiento de la entidad. Tanto en el empalme como en reuniones privadas le dije a la contralora que se tenía que implementar una reestructuración de la entidad ajustada al nuevo presupuesto, porque si no (se hacía), iba a suceder lo que hoy está sucediendo”, acotó Rolando Noriega.
Reducción de personal
Ante la crisis que atraviesa actualmente la Contraloría municipal, debido a la reducción de su presupuesto en cerca del 30%, la reestructuración financiera de la entidad cobra cada vez más vigencia.
Según un estudio previo realizados por la Contraloría municipal en 2021, para poder ajustar sus gastos de funcionamiento en concordancia con sus ingresos anuales, debería acabar con por lo menos cinco cargos administrativos.
“Un primer análisis del estudio de cargas para poder realizar la reestructuración financiera de la entidad determinó que para ajustarse al nuevo presupuesto del órgano de control se deberían reducir los costos saliendo de 8 a 15 personas. Lastimosamente, por falta de recursos no se pudo continuar con el estudio”, agregó Noriega.
Una vez se obtenga el estudio de cargas, el Concejo de Bucaramanga deberá aprobar el proyecto de reestructuración de la Contraloría municipal, que en este caso sería para suprimir varios de los cargos que actualmente existen en la entidad.
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La reducción
En 2020, la Asamblea de Santander aprobó la iniciativa por medio de la cual la administración de Mauricio Aguilar le solicita al municipio de Bucaramanga iniciar un programa de saneamiento fiscal, debido a la extralimitación del gasto por parte de la Contraloría y la Personería.
“La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda nos certificó que el municipio de Bucaramanga incurrió en varias ocasiones en la extralimitación del gasto, en el giro de unos recursos a la Contraloría de más de $1.800 millones en el 2018 y más de $2 mil millones en el 2019. Razón por la cual se hizo necesario aprobar este proyecto de Ordenanza que ordena el plan de saneamiento fiscal en el municipio Bucaramanga”, explicó en su momento la diputada Claudia Ramírez, ponente del proyecto.
Debido a este panorama, la administración municipal procedió a reajustar el presupuesto del Concejo, Personería y Contraloría de Bucaramanga, siendo esta última entidad la más afectada en sus finanzas.
“La problemática de los ajustes de este gasto fueron ampliamente discutidos, llegando a la conclusión de realizar una reorganización del ente de control para ajustarse a la cifra que obedece al límite del gasto, conforme lo certifica la Contraloría General de la República. Sin embargo, el presupuesto 2021, y luego de 10 años de incurrir en esta ilegalidad que afectaba la viabilidad financiera del municipio, cumplió los indicadores de límites del gasto”, señaló Saharay Rojas, secretaria de Hacienda municipal.
Extralimitación desde 2015
Según un informe de la Auditoría General de la República, la Contraloría municipal en 2015, cuando era dirigida por Magda Milena Amado, incorporó recursos que no fueron trasladados formal y legalmente por el Municipio de Bucaramanga.
“No existió ningún documento mediante el cual se llevara a cabo la legalización del traslado de los $1.600 millones del Municipio hacia la Contraloría, ni por parte de la Alcaldía, ni del Concejo”, concluye el informe de la Auditoría.
Dicho traslado presupuestal avalado en su momento por el hoy exalcalde Luis Francisco Bohórquez llevó a que los recursos de la Contraloría se inflaran y superaran el límite del gasto permitido por la ley, extralimitación que se vio reflejada en el presupuesto para la vigencia 2016, cuando la Contraloría pasó de recibir $3.467 millones en 2015, a tener un presupuesto de $5.270 millones para 2016, un aumento del 51%, cuando según la norma solo podía aumentar 3,66%.
Varios expertos señalaron que a pesar de la crisis financiera, la Contraloría no puede dejar de funcionar, ya que su labor de vigilancia a los recursos públicos no puede parar.
“Lo más seguro es que los funcionarios tengan que trabajar sin recibir recursos desde octubre y esperar a enero para que con el giro de los recursos para la vigencia 2023 les paguen sus salarios. Sin embargo, eso implica que el hueco fiscal siga creciendo”, explicaron los expertos.
Según el sistema electrónico de contratación pública, la Contraloría de Bucaramanga no suscribió contratos de prestación de servicios en el 2021 y en lo corrido del 2022.
