Aníbal Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en contratación para obras del tramo troncal de La Paz.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de esa misma corporación, que negó la revocatoria de la medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, investigado por presuntas irregularidades en contratos para las obras de un tramo de la troncal de la Paz.
La defensa de Gaviria, argumentó que la Ley 906 de 2004 no prevé que la Fiscalía, al momento de formular acusación, pueda revocar la libertad de quien ha quedado libre por vencimiento de términos, como sí lo hace la Ley 600 de 2000 en su artículo 365 numeral 4 inciso segundo, por lo cual, para la defensa, “actuar, como se hizo, contraria el ordenamiento jurídico”.
Además, argumentaron que en esta etapa de juicio no era necesaria la privación de libertad y que los delitos por los que se adelanta el proceso no permiten la imposición de medida de aseguramiento, por incumplir la exigencia punitiva prevista en el artículo 357 del estatuto procesal penal.
No obstante, la Corte aseguró que no existen pruebas ni elementos fácticos para revocar la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía desde junio de 2020, por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La Sala consideró que no debía accederse a la revocatoria de medida de aseguramiento, entre otras cosas, “porque la defensa expuso reproches ya resueltos desde la primigenia privación de la libertad al aforado, por lo que se trataría de una etapa ya precluida a la que no le es dable a la judicatura volver, argumentación que fue rebatida”.
El gobernador, quien se encuentra con medida de aseguramiento que se surte bajo la detención domiciliaria, es investigado por la posible incursión en actos de corrupción relacionados con el contrato de infraestructura, cuyo objeto fue el mejoramiento y la pavimentación de la troncal de La Paz tramo La Cruzada-Caucasia, en el año 2005.
La Fiscalía lo llamó a responder en juicio como probable coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y reprochó la falta de vigilancia por parte del gobernador en el proceso contractual.
Las pruebas que presentó el ente acusador en el proceso, inician con un contrato que se firmó en 2004 por un valor que alcanza los 43.000 millones de pesos, en los que, según la Fiscalía, se realizaron unos anticipos por más de 8.900 millones de pesos por la compra de equipos que debieron correr por cuenta de los contratistas y no del departamento de Antioquia.
Igualmente, a Gaviria se le acusa por la suscripción del ‘Otrosí 2’, en el que se buscaba la construcción de un puente sobre el río Nechí, que conectara la cabecera de El Bagre con la Troncal la Paz. El valor de este contrato sería de más de 16 mil millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, el contrato se pactó inicialmente por 41.663 millones de pesos con dos adiciones; una de 3.995 millones y la segunda por 16.334 millones más la ampliación del plazo en 22 meses.
La Fiscalía estableció que hubo irregularidades en las adiciones a ese contrato inicial, que, en su criterio, “significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación, selección objetiva, publicidad e igualdad en la contratación pública”.
