El informe presentado ante el juzgado registra ayudas para más de 48.000 personas y recursos destinados a la recuperación de infraestructura.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La administración de los recursos destinados a atender a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa generando cuestionamientos. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, quedó en el centro de una controversia por la información relacionada con los aportes económicos y las ayudas que recibió durante la emergencia.
El caso llegó a los estrados judiciales después de que el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo solicitara explicaciones sobre el dinero recaudado, los beneficiarios y los mecanismos utilizados para garantizar que las donaciones llegaran a las personas damnificadas.
Las solicitudes de información que llevaron el caso ante la justicia
El 1.º de octubre, Ocampo envió veinte preguntas a la fundación para conocer detalles sobre los recursos recibidos, los aportantes, los gastos administrativos, la distribución de las ayudas y los mecanismos de vigilancia. Al no obtener respuesta dentro del plazo esperado, acudió a una acción de tutela.
La organización respondió el 20 de octubre y calificó las solicitudes como improcedentes, aunque aseguró que entregaba información de manera voluntaria y de buena fe. También argumentó que es una entidad privada, que no administra recursos públicos y que su representante legal no tiene la condición de servidora pública.
Su apoderado, Luis Rafael Cotes Daes, sostuvo además que el control político corresponde al Congreso y advirtió sobre la protección de información de terceros y menores de edad.
Sin embargo, el juzgado consideró que la participación de la fundación en la estrategia gubernamental de atención a la emergencia era una circunstancia que debía tenerse en cuenta.
¡Le ganamos una tutela a la fundación de la primera dama Ana Lucía Pineda!
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) November 5, 2026
La justicia nos dio la razón y ordenó que respondan de fondo por las donaciones del terremoto.
La propia fundación reportó $54.589 millones. ¿Cómo se manejó esa plata? ¿A quiénes llegaron las ayudas?… pic.twitter.com/gmRyWiycpt
Los documentos y explicaciones que deberá entregar la fundación
El Juzgado 126 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá amparó el derecho de petición del congresista y ordenó complementar la respuesta. El despacho señaló que el Gobierno presentó la campaña Colombia, un solo corazón como una iniciativa institucional y que la Vicepresidencia difundió la cuenta de la fundación para recibir aportes.
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Entre los requerimientos está informar si recibió donaciones de contratistas del Estado, explicar los recursos destinados a reconstruir instituciones educativas y de salud en Cali y detallar cómo verifica el cumplimiento de esos compromisos.
También deberá presentar los informes que respaldan su balance, precisar el inventario de las ayudas en especie y explicar si hubo pérdidas, deterioros o devoluciones. La información sobre beneficiarios deberá entregarse de manera agregada o anonimizada.
El juez aclaró que no puede exigírsele elaborar documentos inexistentes ni revelar la identidad de donantes que sean personas naturales.
Los $54.589 millones reportados por la organización
Según el Informe de Gestión 2026, presentado ante el juzgado, la fundación recibió, administró y canalizó $54.589 millones. De esa cantidad, cerca de $12 millones correspondieron a gastos administrativos. Además, reportó la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda y la atención de más de 48.000 personas en 80 municipios.
Cerca del 81 % de los recursos provendría de un aporte del Grupo Gilinski, destinado a proyectos de reconstrucción.
Ana Lucía Pineda explicó que, junto con la junta directiva, decidió reservar ese dinero para una segunda fase de recuperación, especialmente para la reconstrucción de viviendas.
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La primera dama también señaló que existen alianzas iniciales con tres constructoras y que la selección de las familias se realizará con las alcaldías, teniendo en cuenta el Registro Único de Damnificados. Los hogares deberán haber perdido sus viviendas y contar con terrenos que no estén ubicados en zonas de riesgo.
La propuesta inicial contempla comenzar con cinco familias por municipio. Pineda ha insistido en que la fundación rendirá cuentas sobre su gestión y que no tiene “nada que ocultar”.
