Después de los últimos hechos protagonizado por los políticos santandereanos ante la justicia, Vanguardia se dio a la tarea de recopilar las condenas penales que han recibido los líderes de la región en la historia reciente.
Publicado por: Daniela Puentes Rueda
Desde 1995 a la fecha han sido cerca de 20 los políticos de Santander que fueron condenados penalmente por diferentes delitos.
Proceso 8.000, parapolítica, defraudación al erario, votos amañados en proceso de reelección, entre otros, son los casos que han puesto tras las rejas a estos políticos que llegaron a puestos de elección popular y después defraudaron a sus electores.
En esta lista solo incluimos a aquellos políticos que ya fueron condenados, pues el espacio de esta página no alcanza para nombrar a todos aquellos funcionarios del departamento que tienen investigaciones o procesos abiertos con la justicia.
Dentro de los delitos más frecuentes se encuentran concierto para delinquir, cohecho y enriquecimiento ilícito.
El proceso que más políticos ‘afectó’ fue el caso de Convergencia Ciudadana y sus alianzas con paramilitares para llegar al poder.
Proceso 8.000
El exsenador Eduardo Mestre Sarmiento fue el primer congresista en ir a la cárcel por los nexos con el narcotráfico dentro del llamado Proceso 8.000.
Fue capturado en abril de 1995, pero en octubre del mismo año quedó en libertad por vencimiento de términos.
Sin embargo, Mestre Sarmiento, quien también se desempeñó como embajador de Colombia ante la ONU, fue condenado en 1998 por enriquecimiento ilícito y se entregó a la justicia después de conocer la decisión del juez.
La misma suerte corrió el exrepresentante Tiberio Villarreal Ramos. Para la Fiscalía, el nacido en Rionegro tenía pleno conocimiento de que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela alimentaban sus cuentas personales con dineros provenientes del narcotráfico. Villarreal terminó condenado y preso en el proceso 8.000 por enriquecimiento ilícito y la Corte comprobó que recibió del cartel de Cali cerca de $50 millones.
Yidispolítica
Yidis Medina, representante a la Cámara por el Partido Conservador entre mayo y octubre de 2004 como reemplazo de Iván Díaz Mateus, jugó un papel fundamental en la votación para la reelección presidencial de Álvaro Uribe.
Medina admitió en 2008 haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del Gobierno Nacional a cambio de su voto favorable.
Para la Corte Suprema de Justicia, Medina sí vendió su voto para la reelección y la sentenció a pagar 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho.
Iván Díaz Mateus, exrepresentante a la Cámara, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, es decir, presionar a otro servidor público para lograr un beneficio.
Para la Corte, fue Mateus quien convenció a Medina de votar a favor del proyecto que permitiera la reelección del entonces Presidente.
Parapolítica
Luis Alberto Gil Castillo, conocido como ‘el tuerto’, fundó el partido Convergencia Ciudadana.
El excongresista fue condenado en 2012 a 90 meses de prisión por el apoyo que recibió para su partido de parte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
La Justicia presentó pruebas de reuniones de Gil con los líderes paramilitares Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’. La Corte Suprema de Justicia encontró que Gil hizo pactos con los exjefes paramilitares del Bloque Central Bolívar.
En la misma sentencia de la Corte Suprema de Justicia también fueron condenados a siete años de prisión el exsenador Oscar Josué Reyes, quien había sido capturado el 24 de octubre de 2010, y el exrepresentante a la Cámara, Alfonso Riaño.
Otro exsenador santandereano condenado por nexos con el Bloque Central Bolívar fue Carlos Higuera Escalante. En 2011 fue condenado a cinco años de prisión, pues se confirmó el apoyo de las autodefensas, logística y financieramente, en su campaña al Congreso.
Quizá el caso más sonado y recordado no solo en Santander sino en Colombia de un político departamental condenado es el de Hugo Heliodoro Aguilar.
Al exgobernador de Santander lo señalaron varios desmovilizados de reunirse con jefes de las AUC, reuniones en las que se habría comprometido a apoyarlos.
En enero de 2011 Aguilar fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por la Procuraduría.
El Ente estableció que Aguilar fue gobernador con el apoyo de los paramilitares. En 2013 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.
Nelson Naranjo Cabarique, exrepresentante a la Cámara, aceptó ante la Corte que asistió “a reuniones con miembros de las autodefensas en Barrancabermeja” para cuadrar ayudas en su campaña.
En 2012 fue condenado por sus nexos con el paramilitarismo a tres años de prisión.
El exsenador Carlos Clavijo, quien no es oriundo de Santander pero hizo política en este departamento, fue condenado en 2008 a 4 años y 9 meses de prisión por un Juzgado especializado de Antioquia, por tener “alianzas con paramilitares para obtener resultados electorales favorables”.
Los exrepresentantes Rafael Castillo Sánchez y Alexander Ariza también fueron condenados prisión por vínculos con las AUC.
Notarías
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Alirio Villamizar Afanador, exsenador del Partido Conservador, fue capturado en 2009 por orden de la Corte Suprema de Justicia.
En 2010 fue condenado a 117 meses de prisión tras ser hallado culpable por delito de concusión, por recibir el manejo de una Notaría a cambio de su voto favorable de la Reelección presidencial en 2004.
Defraudación al erario
El exalcalde de Bogotá y exsenador Samuel Moreno Rojas fue condenado en 2016 por interés indebido en contratos y cohecho y en 2019, tras confirmarse su participación en el llamado Carrusel de la Contratación, fue condenado a 19 años.
Por dicho caso se estima que el Estado quedó con un detrimento patrimonial cercano a $2.2 billones.
Su hermano Iván Moreno Rojas, exalcalde de Bucaramanga, también resultó salpicado en este escándalo de corrupción.
Iván fue sentenciado por su responsabilidad en el Carrusel de la Contratación.
El exgobernador de Santander, Juan Carlos Duarte Torres, fue condenado a 60 meses de cárcel en 2016, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como presidente de Ecogas, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Mario Camacho Prada, exgobernador, fue condenado en 2008 por la Fiscalía a siete años de cárcel, por los delitos de prevaricato, destinación oficial diferente, peculado y celebración indebida de contratos.
Norberto Ruiz Sanabria, exrepresentante a la Cámara y exdiputado, fue condenado por apropiarse de recursos destinados para becas.
El abogado Ramón Ballesteros Prieto, aunque no ejerció cargos de elección popular, si es muy cercano a grandes nombres de la política local.
Fue condenado a tres años de prisión al hallarlo responsable del delito de soborno en actuación penal.
