Así operaba la estructura criminal que según la Fiscalía desvió ilegalmente millonarios recursos de la Terminal de Transportes de Bucaramanga entre los años 2014 y 2016. Según la investigación, la red criminal, conformada por una decena de personas, fue liderada por el exgerente y exconcejal Wilson Mora Cadena.
Publicado por: Unidad Investigativa
Como una estructura criminal que puso a la Terminal de Transportes de Bucaramanga al servicio de los intereses políticos y económicos de Wilson Manuel Mora Cadena, gerente de la entidad entre 2014 y 2016, además de otros funcionarios y contratistas, calificó la Fiscalía los presuntos hechos de corrupción que hoy tienen a una decena de personas detenidas o buscadas por las autoridades.
Mora Cadena, según la investigación, con el beneplácito de varios integrantes de la junta directiva de la Terminal, y el apoyo de algunos funcionarios, logró orquestar todo un actuar delictivo para convertir a la Terminal de Transporte de Bucaramanga, TTB, en un fortín político desde el cual catapultó su aspiración al Concejo Municipal en las elecciones de 2015 a través del desvío de recursos, entrega de dádivas e irregularidades administrativas.
Por todo el entramado de irregularidades en la Terminal, denunciadas en el 2016 por la Unidad Investigativa de Vanguardia, la Fiscalía le endilgó a expresidente del Concejo, Wilson Manuel Mora Cadena, y al exdirector de Tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez, junto a ocho personas más, la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, corrupción al elector y administración desleal. Ninguno de los sindicados ha aceptados cargos.
William Ardila, exgerente de la Terminal, quien también haría parte de la red de corrupción investigada por la Fiscalía, se encuentra prófugo de la justicia.
La red criminal
Según las pruebas que manifestó tener el fiscal del caso, Mora Cadena abusando de su cargo como gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de Bucaramanga, orquestó y lideró una red criminal dedicada a desviar recursos de la entidad utilizando prácticas que irían desde la adjudicación irregular de contratos hasta malversación de dineros para promover su campaña al Concejo de Bucaramanga en las elecciones de 2015.
“El señor Wilson Mora puso a varios funcionarios de la Terminal a trabajar en su campaña al Concejo, pero seguían siendo pagados con la nómina de la Terminal. Además, utilizó documentos privados para beneficio personal y sobre todo en su aspiración al Concejo de Bucaramanga”, explicó el fiscal encargado del caso, Jairo Orostegui.
Para tal cometido Mora Cadena habría recurrido a dos personas de su entera confianza, las hermanas Marisol y Olga Pinilla, quienes por muchos años fungieron como secretarias y asistentes de gerencia.
Según la investigación, Marisol Pinilla Rueda, con estudios en gestión empresarial, asistente administrativa de la Gerencia de la TTB, en cumplimiento de órdenes de Wilson Mora habría permitido la adulteración de documentos del supuesto contrato de Alexandra Bonilla, por valor de $10 millones, con la entidad. Además, Marisol Pinilla fue la encargada de ordenar el cobro de todos los contratos a través de Hermes Torres, actual mensajero de la TTB, quien cobrara los cheques por los falsos contratos y le devolvía el dinero en efectivo al gerente Mora.
En la acusación de la Fiscalía, Olga Patricia Pinilla, administradora de empresas, también secretaria de la Terminal de Transportes, habría sido la persona que suministró información privada y confidencial de la Terminal como persona jurídica para realizar contratos con la empresa Claro, para la adquisición irregular de 1.500 líneas telefónicas que terminaron siendo utilizadas en la campaña de Mora al Concejo en 2015.
Igualmente, Pinilla habría sido la persona que recibió en agosto del 2015 los correos remitidos por la empresa Claro sobre solicitudes y derechos de petición por el no pago de las 1.500 mil líneas telefónicas.
A pesar de no ser funcionario de la Terminal de Transporte, la Fiscalía también vinculó en este escándalo de corrupción a Pedro Damián Garrido Bonilla, auxiliar operativo II Metrolínea, esposo de Marisol Pinilla, quien autorizó que se le expidiera una cuenta de cobro relacionada con un viaje a Santa Marta por parte de la Terminal por $6 millones 250 mil, viaje con el cual en noviembre del 2015 Wilson Mora le pagó a los 10 empleados de la Terminal que trabajaron en su campaña al Concejo.
Lea también: Concejal Wilson Mora habría utilizado Terminal para favorecer campaña
Amigos y socio
Otra ficha clave en el entramado de corrupción que según la Fiscalía lideraba el exgerente Mora en la Terminal sería el ingeniero civil Héctor Javier Gómez, amigo y socio de Mora, con quien habría contratado los estudios y diseños de la placa de la Estación de Servicio adjunta a la Terminal. Se conoció que a pesar de haber sido la persona que realizó los planos de la placa posteriormente terminó siendo el interventor del proyecto.
Según la auditoría, las irregularidades en la licitación, las inconsistencias en los diseños y las falencias en la interventoría, fueron factores determinantes para que la construcción de la estación de servicio pasara de costar $1.797 millones a $2.804 millones.
El contrato de construcción de la estación de servicio fue suscrito por el exgerente Mora con la empresa Mejía Ingenieros Construcciones Ltda, organización representada legalmente por Orlando Mejía Abello, hermano del actual diputado Mauricio Mejía Abello.
Adicionalmente, Héctor Javier Gómez junto con Mora habrían orquestado todo el entramado para la expedición de las 1.500 líneas telefónicas que terminaron al servicio de su campaña política, tanto así, que el propio Gómez usó las tarjetas de crédito de su propiedad (Visa, Diners Club y Mastercard), para el pago de las primeras facturas de las líneas telefónicas que habían sido adquiridas a nombre de la Terminal.
Como si fuera poco, Javier Gómez también fue el encargado de desarrollar el contrato de consultoría 034 de 2015 para la construcción del puente peatonal frente la Terminal, por $312 millones. Según el informe auditor, el contrato de consultoría estuvo marcado por millonarios sobrecostos e incumplimiento del objeto contractual ya que a pesar de haber sido liquidado y pagado en su totalidad por la Alcaldía de Bucaramanga, a la fecha no existe ni un plano del puente.
Por ese mismo hecho la Fiscalía también vinculó en el proceso penal a Óscar Alonso Villabona García, exsubsecretario de Infraestructura para la época de los hechos, quien actuó como supervisor del contrato 034 de 2015 y autorizó la liquidación del mismo a pesar de las evidentes deficiencias. Además, Villabona era miembro suplente de la junta directiva de la Terminal y a pesar de su cargo no denunció las presuntas irregularidades.
Publicidad
Respaldo de la junta
Pero nada hubiera sido posible en todo el entramado de corrupción en la Terminal de Bucaramanga, confirmado por la Fiscalía, de no ser por el apoyo y beneplácito de la junta directiva de la época.
El primer involucrado por las autoridades es el exdirector de Tránsito de Bucaramanga, en la administración de Luis Francisco Bohórquez, Rafael Horacio Núñez Latorre, quien había sido designado por el propio Bohórquez como presidente del órgano empresarial, cargo desde el cual no opuso ninguna objeción y por el contrario otorgó vía libre a las actuaciones en la entidad por parte de Wilson Mora, por ejemplo, autorizar la entrega $20 millones para respaldar la campaña de Mora Cadena sin un acta de autorización de la misma junta.
En el mismo sentido la Fiscalía señaló a Luis Alfredo Manrique Valderrama, asesor jurídico de la Terminal y secretario de la junta directiva, de hacer parte del entramado de corrupción ya que desde su cargo habría tenido conocimiento del actuar de Mora, induciendo a que la junta incurriera en errores como el giro de los $20 millones para su campaña al Concejo, al parecer siendo permisivo con las posibles irregularidades.
Por otro lado, el ente acusador también vinculó a la red criminal al contador público Jorge Alonso Flórez Tarazona, revisor fiscal de la entidad, quien a pesar de su amplia experiencia, pues llevaba más de 30 años laborando en la institución, jamás advirtió y denunció las irregularidades que se estaban registrando, yendo en contra de sus funciones y los estatutos de la empresa. De hecho, según la investigación, Flórez Tarazona aseguró en su momento que no era necesario que la Terminal denunciara penalmente la presunta estafa de las sim cards usadas por Mora como dádivas en su campaña al Concejo al considerar que la denuncia era contra persona indeterminada.
Por estos mismos hechos las autoridades también vincularon a Roberto Rodríguez González, exgerente de campaña de la aspiración de Wilson Mora al Concejo de Bucaramanga en 2015.
Rodríguez no reportó ingreso a la candidatura de los $20 millones que fueron aportados por la Terminal para la campaña de Wilson Manuel Mora.
Le puede interesar: Auditoría reafirmó presuntas irregularidades en la Terminal de Bucaramanga
¿Corrupción en el proceso?
Aunque si bien en 2018 la Fiscal Cuarta de la Unidad de Conciliación ordenó el archivo anticipado de la acción penal de la investigación contra el exgerente Wilson Mora por el presunto delito de abuso de confianza en el marco de sus actividades como gerente, decisión judicial que fue celebrada por el propio Mora en sus redes sociales, los archivos judiciales por los otros delitos continuaban aperturados en la Fiscalía General Seccional Santander sin mayores avances.
Desde que se iniciaron las indagaciones por este caso los procesos no prosperaban porque las pesquisas por parte de los funcionarios del CTI eran mínimas o inexistentes, en especial bajo la dirección de Óscar Gutiérrez, exjefe anticorrupción del CTI en Santander.
De hecho, según pudo conocer la Unidad Investigativa de Vanguardia, este mismo mes precluirían la mayoría de los delitos por los que hoy están siendo investigadas las once personas, entre funcionarios, exfuncionarios y excontratistas de la Terminal, bajo la dirección de Wilson Mora.
Ante este panorama y tras varios años con la investigación penal ‘engavetada’ en los archivos de la Fiscalía de Santander, el Fiscal Quinto Especializada para la Estructura de Apoyo, Jairo Orostegui, proveniente de Bogotá, asumió la indagación por este escándalo.
Solo dos semanas después de haber asumido la investigación, Orostegui encontró méritos suficientes para presentar una acusación contra once personas señaladas de conformar una organización delincuencial que el propio fiscal denominó ‘Los cargaladrillos’ en. la Terminal de Transporte de Bucaramanga.
“Yo no me vendí ni por 20 mil pesos para una notificación cuando era fiscal en Socorro, porque sentía que estaba vendiendo la justicia, no es cierto que yo sea un fiscal vendido como lo sentenció el señor Wilson Mora en comunicación con Olga Pinilla cuando llamó a advertirle que le teníamos los teléfonos intervenidos legalmente”, indicó Orostegui.
Así las cosas el fiscal del caso no descartó nuevas capturas relacionadas con una presunta red de corrupción al interior de la propia Fiscalía para tratar de prescribir las investigaciones por los hechos de corrupción en la Terminal.
“Ahora pareciera que la Fiscalía la estuvieran vendiendo por un tostado”, puntualizó el funcionario judicial una de sus intervenciones durante una de las audiencias de los últimos días.
La defensa de los acusados ha denunciado inconsistencias en el procedimiento penal en contra de sus apoderados. En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los exfuncionarios de la Terminal, el abogado Daniel Caicedo denunció haber recibido un correo de parte de supuestos investigadores del CTI quienes le ofrecían borrar todas las evidencias del celular propiedad de Rafael Horacio Núñez a cambio de una alta suma de dinero.
Por su parte, el abogado suplente de Wilson Mora, Jhon Franco, cuestionó la imputación de cargos como concierto para delinquir y administración desleal en contra de su apoderado bajo la sospecha de una presunta apropiación irregular de $30 millones por parte del exgerente de la Terminal.
El próximo martes 31 de octubre continuará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exgerente Wilson Mora, quien se encuentra detenido en la sede de la Fiscalía de La Guajira.
