Ecopetrol, autoridades y comunidades llegaron a un acuerdo que permitió reactivar las operaciones en el campo La Cira Infantas.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Luego de dos semanas de protestas y bloqueos en el campo petrolero La Cira Infantas, ubicado en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, comunidades, trabajadores de la industria y Ecopetrol lograron establecer un acuerdo con el fin de levantar las manifestaciones y reactivar de manera inmediata las operaciones petroleras en la zona.
El consenso se alcanzó durante una jornada de diálogo que desarrolló en el Club de Mares, con la mediación de otras entidades locales, como la Procuraduría y la Personería. Como resultado, se establecieron compromisos que buscan equilibrar la continuidad de la operación petrolera con mejores condiciones para los trabajadores y la comunidad.
Dentro de los acuerdos, en materia de expansión, se destaca el anuncio por parte de Ecopetrol del inicio de la campaña de perforación que contempla la ejecución de 35 pozos y 20 trabajos de reacondicionamiento (workover). Aunque la comunidad había solicitado iniciar en junio, el cronograma establece el mes de julio de 2026 como fecha estimada de arranque, condicionada a la colaboración de los habitantes para adecuar las instalaciones necesarias.
“Se le pidió a Ecopetrol que el proyecto de perforación lo iniciara lo más pronto posible porque genera inversión a nivel territorial de contratistas y empresas aliadas. Lo que se acordó es que iniciaremos esa campaña lo más pronto (posible). En ese orden de ideas, lo que se estableció es que arrancaría en el mes de julio”, expresó Osmin Lozada, directivo de la Unión Sindical Obrera, USO.
Uno de los puntos más relevantes es la garantía del presupuesto operativo (OPEX) para la vigencia 2026. Dentro de las mesas de diálogo, Ecopetrol confirmó que este se mantendrá sin recortes, lo que asegura la continuidad de todos los contratos actuales y brinda estabilidad laboral en la región, una de las principales preocupaciones de los manifestantes.
“Nosotros teníamos en peligro, que los nuevos contratos que garantizaban la productividad del campo venían con recortes significativos en personal y al suministro de bienes y servicios, lo que nos iba a generar una crisis social. Pero la política de desinversión por parte de Ecopetrol nos ponía con problemas con los trabajadores, pero lo que pedimos es que se mantenga”, explicó el líder sindical.
Asimismo, se acordó la instalación de mesas técnicas de trabajo a partir del próximo 1 de junio. Estos espacios contarán con la participación de sindicatos, Asojuntas y entidades gubernamentales. Estos abordarán problemáticas estructurales como la sobrecarga laboral, las jornadas de trabajo y los factores de riesgo en las operaciones.
“En el acta queda como garante el procurador provincial. En el acuerdo quedó que se mantienen los contratos que están y para los temas sociales vamos a trabajar en mesas técnicas para dialogar con Ecopetrol como comunidad”, expresó Julián Rodríguez, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro.
Publicidad
Otro aspecto clave del acuerdo es la garantía de no represalias contra quienes participaron en la protesta. Ecopetrol ratificó que no se emprenderán acciones legales ni sanciones contra líderes sociales o trabajadores, reconociendo el carácter pacífico de la movilización y contribuyendo a restablecer la confianza entre las partes.
Actualmente, este campo registra una producción promedio cercana a los 25.370 barriles de petróleo por día, lo que subraya su importancia estratégica para la economía local y nacional.
¿Por qué protestó la comunidad?
El bloqueo en el corregimiento El Centro tuvo su origen en el inconformismo de comunidades, trabajadores y organizaciones sindicales frente a lo que calificaron como un proceso de desinversión en el campo petrolero La Cira Infantas. Según las denuncias, la reducción del presupuesto impactó directamente la estabilidad laboral, con recortes de personal, deterioro en las condiciones de trabajo y disminución de ingresos en los contratos.
A esto se sumó la preocupación por la posible caída en la producción y la paralización de actividades clave como perforación y mantenimiento (workover), lo que generó incertidumbre en la economía local. Las comunidades también señalaron un rezago en inversión social, evidenciado en deficiencias en infraestructura básica como vías, acueducto y servicios educativos.
