Credhos radicó una acción urgente ante la Fiscalía y el Ministerio Público por hechos que, según denuncia, están afectando a comunidades rurales de Yondó, Cantagallo y el sur de Bolívar.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) radicó una acción urgente ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público por la situación de violencia que, según la organización, enfrentan comunidades rurales del Magdalena Medio.
Credhos advirtió sobre el aumento de desplazamientos forzados, confinamientos y asesinatos selectivos relacionados, según sus reportes, con los enfrentamientos y disputas territoriales entre estructuras armadas que tienen presencia en diferentes zonas de la región.
Uno de los puntos señalados está entre Yondó y Cantagallo. Iván Madero, presidente de la organización, indicó que en Yondó se han registrado 11 homicidios durante 2026, aunque reconoció que la cifra representa una reducción frente al año anterior. La preocupación, dijo, está en la continuidad de los asesinatos selectivos en áreas rurales.
Entre los casos mencionados está el homicidio de un líder comunal que fue sacado de una vereda del corregimiento San Lorenzo, en Cantagallo, y trasladado hasta la vereda Bellavista, en el corregimiento San Miguel del Tigre, en Yondó, donde fue asesinado.
“Este corredor y este sitio generan un patrón criminal porque van alrededor de cuatro asesinatos en lo que va corrido de 2026 en esa misma zona. Las veredas del corregimiento San Miguel del Tigre entre Puerto Argentina y Bellavista o Cuatro Bocas han sido escenario de asesinatos selectivos”, afirmó Madero.
La organización también cuestionó la falta de presencia permanente de la Fuerza Pública en algunos sectores rurales de San Miguel del Tigre. Según Madero, esta situación ha sido planteada por las administraciones de Cantagallo y Yondó en escenarios de seguridad y también ha sido advertida ante las autoridades.
Alerta por desplazamientos y confinamientos
La preocupación se extiende al sur de Bolívar. Ramón Abril, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente de Credhos, señaló que durante agosto y septiembre se han presentado hechos que afectan a comunidades de Norosí, Río Viejo, San Pablo, Simití y Morales.
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La organización reporta enfrentamientos y ataques con drones que, según su información, han terminado afectando viviendas y bienes de la población civil.
“Esto ha generado que en el mes de agosto a septiembre una múltiple cantidad de infracciones al derecho internacional humanitario en municipios como Norosí, Río Viejo, San Pablo, Simití y Morales, en los cuales, mediante el enfrentamiento y la utilización de drones, específicamente por parte de estas estructuras, se están viendo afectadas la población civil y sus bienes”, afirmó Abril.
A estos hechos se suman desplazamientos individuales y forzados y el confinamiento de comunidades rurales, con restricciones para la movilidad y el acceso a alimentos y otros bienes.
La corporación pidió que las autoridades investiguen los hechos y adopten medidas de protección para las comunidades. Manuel Camilo, abogado de la Corporación, recordó que el derecho internacional humanitario protege a la población civil y que corresponde a la Fiscalía investigar posibles infracciones y establecer responsabilidades.
“Queremos llamar al Estado colombiano a que realmente garantice y respete los derechos humanos como es su obligación en el marco constitucional y en el derecho internacional. No podemos admitir ni permitir que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de la población civil”, señaló.
