El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya Santamaría, reportó que varios enfrentamientos entre grupos armados dejaron a dos docentes afectados por esquirlas.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Dos docentes resultaron afectados por esquirlas durante enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zonas rurales del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, según informó el alcalde Milton Olaya Santamaría. El mandatario también denunció el desplazamiento de casi cuarenta familias campesinas.
La situación se concentra en varias zonas rurales, en sectores como San Pedro Frío, La Yesa y Luquitas, en donde grupos armados estarían enfrentándose y usando drones y explosivos. “Es un completo caos y por el lado de San Pedro Frío, La Yesa, Luquitas, también hay enfrentamiento entre los grupos al margen de la ley con drones, con bombas, y han afectado a dos profesores con esquirlas que no fueron tan graves”, dijo el alcalde.
A los hechos de violencia se suma la restricción al ingreso de combustible que afecta a comunidades mineras de la zona. Según el alcalde, en las veredas Mina Nueva, Paraíso, Panamá y El Nueve, grupos armados no permiten el ingreso de este recurso desde hace más de quince días, situación que ha impedido el desarrollo normal de las actividades económicas.
“En las veredas nuevas de Mina Nueva, Paraíso, Panamá, El Nueve, por el lado de Antioquia, también grupos al margen de la ley no permiten que suban combustible a esta zona minera donde están afectando desde 12 días y no hay trabajo allá”, advirtió el mandatario.
El alcalde señaló que una situación similar se presenta en el corregimiento de La Mariposa, donde, según explicó, desde hace cinco meses no se permite el ingreso de combustible. La medida, aseguró, ha paralizado las actividades y generado dificultades para propietarios de minas, trabajadores y proveedores.
“Por el lado del corregimiento de La Mariposa hace 5 meses los grupos al margen de la ley tampoco dejan subir combustible y esto ha paralizado las actividades al cual ya hay un gran desempleo y donde los dueños de la mina no pueden pagar ni los empleados, ni pueden pagar los proveedores”, dijo.
Olaya Santamaría pidió que la población civil sea retirada de la confrontación y planteó la necesidad de instalar mesas de trabajo y diálogo para buscar una salida a la situación que afecta al municipio.
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“Nosotros somos municipio receptor de grupos al margen de la ley, le pedimos que por favor ya sea el momento de que saquen a las comunidades del conflicto armado y que nos sentemos en mesas de trabajo, mesas de diálogo para llegar a la paz que queremos todos los colombianos, especialmente el sur de Bolívar en Santa Rosa del Sur”, precisó.
Comunidades de la región marcharon en silencio
En medio de esta situación, comunidades campesinas y mineras realizaron una marcha pacífica y en silencio desde la vereda Mina Nueva para llamar la atención sobre las condiciones que enfrentan en sus territorios.
La movilización fue convocada para denunciar las restricciones al ingreso de combustible y otros bienes esenciales, así como las dificultades que estas medidas están generando para trabajar, movilizarse y abastecerse.
“El bloqueo económico y las restricciones que afectan el ingreso de combustible y otros bienes esenciales terminan golpeando directamente al pueblo: al campesino, al minero, al comerciante, al transportador, a las familias y, especialmente, a quienes viven en las zonas rurales más apartadas”, expresó la Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana).
Según la organización, las comunidades dependen de la agricultura y de la minería para sostener sus economías y permanecer en sus territorios, por ello las restricciones están dificultando la movilidad, el abastecimiento y el desarrollo de estas actividades.
“No es una movilización por capricho. Es el grito de comunidades que necesitan ser escuchadas. Familias campesinas y mineras que viven de su trabajo, que cultivan la tierra, que desarrollan una minería de subsistencia y que hoy enfrentan dificultades para movilizarse, abastecerse y sostener sus economías”, se lee en el comunicado.
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Cahucopana pidió a las instituciones y organismos de derechos humanos atender la situación y adoptar medidas que permitan garantizar el abastecimiento, la movilidad y el trabajo de las comunidades.
