Los enfrentamientos armados en la vereda Río Bagre, zona rural de Remedios, obligaron a comunidades campesinas a desplazarse hacia Segovia y la cabecera municipal. Organizaciones sociales advierten nuevos riesgos humanitarios por la presencia de grupos armados ilegales en el Nordeste antioqueño.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Cerca de 220 campesinos habrían salido desplazados de manera forzada tras los fuertes enfrentamientos que, desde la tarde del sábado 27 de junio, se registran entre presuntos integrantes de las disidencias de las Farc y estructuras del Clan del Golfo en la vereda Río Bagre, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño.
La emergencia humanitaria fue denunciada por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), organización que advirtió que las comunidades campesinas quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado durante dos días consecutivos de confrontaciones armadas. Esta situación obligó a decenas de familias a abandonar el caserío para salvaguardar sus vidas.
“Tras dos días de intensas confrontaciones, miembros de la comunidad se vieron obligados a abandonar el caserío para proteger sus vidas. En el marco de nuestro monitoreo humanitario hemos recopilado información que indica que cerca de 140 campesinos fueron desplazados forzosamente hacia el casco urbano del municipio de Segovia. La población civil no puede seguir siendo víctima del conflicto armado. Es urgente garantizar su vida, integridad, dignidad y permanencia en el territorio”, señaló Cahucopana en un comunicado.
De acuerdo con el monitoreo realizado por la organización defensora de derechos humanos, los campesinos se desplazaron hacia el casco urbano de Segovia, mientras persiste la incertidumbre por las condiciones de seguridad en la zona y por la posibilidad de un retorno seguro a sus viviendas.
Por su parte, Albeiro Arenas Molina, alcalde del municipio de Remedios, confirmó que varias familias también llegaron a la cabecera municipal huyendo de los enfrentamientos. El mandatario aseguró que la administración local activó un plan de atención para brindar alojamiento temporal, alimentación y acompañamiento institucional a las personas afectadas.
“Lamentamos profundamente esta situación. Como institucionalidad y como administración municipal los acompañaremos hasta que se normalice la situación. El día de ayer fueron atendidas alrededor de 80 personas que salieron hacia la cabecera municipal de Remedios, donde fueron llevadas transitoriamente al colegio municipal para que tuvieran una noche más tranquila. Allí había niños, madres gestantes y adultos mayores que hoy requieren todo nuestro acompañamiento”, expresó el mandatario.
Con base en los reportes entregados por la organización social y por la administración municipal, el número de personas desplazadas podría superar las 200. No obstante, las autoridades continúan verificando el censo de familias afectadas y las condiciones humanitarias de quienes tuvieron que abandonar sus viviendas.
Frente a la situación, la Primera División del Ejército informó que, tras un consejo de seguridad, las Fuerzas Militares desplegarán tropas para adelantar operaciones que permitan recuperar el orden público en la zona y proteger a la población civil.
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Las confrontaciones armadas estarían relacionadas con la disputa territorial que sostienen estructuras armadas ilegales en esta zona del Nordeste antioqueño, un corredor estratégico afectado históricamente por la presencia de grupos armados, economías ilegales y riesgos contra las comunidades rurales.
Denuncian nueva incursión armada en otra vereda de Remedios
Mientras continúa la atención a las familias desplazadas por los combates en Río Bagre, organizaciones sociales advirtieron sobre una nueva situación de riesgo en el municipio. Según Cahucopana, en las últimas horas se habría registrado una incursión de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, también ubicada en jurisdicción de Remedios.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la presencia del grupo armado ilegal ha generado zozobra entre los habitantes, quienes temen nuevas afectaciones contra la población civil en medio de la disputa territorial que sostienen las organizaciones armadas ilegales.
Ante este panorama, Cahucopana solicitó al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Municipal mantener un monitoreo permanente sobre la situación, verificar las denuncias realizadas y adoptar medidas urgentes para proteger la vida, la integridad y los derechos de los habitantes de esta zona afectada por la violencia.
