La empresa de servicios públicos de San Gil completa otro año con pérdidas y el Concejo suspendió el debate de control político en el que se esperaba escuchar explicaciones. Veedurías y expertos advierten déficits, cuentas por pagar y riesgos por sanciones.
Publicado por: Jorge Rios
¿Será intervenida? Esa es la pregunta que ronda entre algunos sangileños sobre el futuro de la empresa de servicios públicos de San Gil, que volvió a cerrar, por segundo año consecutivo, con cifras en rojo.
Las explicaciones sobre la situación financiera de la empresa no llegaron en el debate de control político citado por el Concejo Municipal, que se suspendió y quedó pendiente de reprogramación, sin fecha confirmada para las próximas sesiones ordinarias de mayo. Tampoco llegaron por parte de la gerente de la empresa, Diana Patricia Rojas Porras, quien fue consultada por esta redacción y solicitó plazo para entregar sus declaraciones.
Tras un 2024 con cifras en rojo y con observaciones de entes de control, los números de la empresa para 2025 volvieron a encender las alertas. Según el informe financiero cargado por la empresa en la página de la Contaduría General de la Nación, CGN, el deficit contable, o mejor, las pérdidas, fueron de $1.326 millones.
La empresa sangileña lleva dos años consecutivos con pérdidas superiores a los $1.000 millones, un hecho histórico.
“El balance contable nuevamente presenta una pérdida considerable y un déficit presupuestal altísimo; profundizándose la problemática de cuentas por pagar por más de $5.000 millones, sin existir recursos suficientes en caja para solventar su pago”, señala una denuncia presentada ante la Contraloría por la veeduría Colombia Digna y Transparente.
Este indicador revela pérdidas y una posible falla de planeación presupuestal, explicó Juan Alberto Rodríguez Forero, contador público y especialista en revisoría fiscal y gestión tributaria.
Tras revisar la información contable y la ejecución presupuestal disponible, la veeduría advierte que también se evidenciaría un déficit presupuestal por $1.461 millones: es decir, que la empresa habría gastado más de lo que ingresó por los servicios que presta como entidad 4A (acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público/gestión energética).
La veeduría señala que “se sigue gastando más de lo que ingresa, a pesar que en el año 2024 en el informe de la contraloría se evidenció un hallazgo administrativo de déficit por 300 millones de pesos para plan de mejora en el 2024, año en el que el déficit presupuestal aumento a $1.883 millones”.
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Una de las preocupaciones es que, de continuar los malos resultados, la empresa pueda enfrentar una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“Lo más preocupante es que se comprometan recursos mal planificados, que no existen; no están siendo responsables en la planeación presupuestal”, añadió el profesional.
En el informe, el revisor fiscal Fabio Millán Morales indicó que se identificaron “deficiencias en la contabilidad por componente, en la asignación de costos operativos entre los componentes de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta situación genera una distorsión en la información financiera por componentes, lo cual dificulta la evaluación de la eficiencia operativa individual de cada servicio y podría representar un riesgo de cumplimiento frente a los marcos regulatorios de costos y tarifas vigentes”.
Multas y sanciones ¿Malos manejos?
Desde la veeduría advirtieron que, pese a la delicada situación financiera de la empresa, se seguirían presentando inconsistencias que dejan dudas sobre el manejo de recursos.
Entre las denuncias, sobresale que la empresa no habría pagado a tiempo a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) la tasa retributiva por vertimientos. Según la veeduría, esos recursos, con destinación específica, debían girarse oportunamente a la autoridad ambiental.
La veeduría también menciona otros posibles costos derivados de sanciones, multas o procesos laborales. En este caso puntual $30 millones en intereses a la CAS.
Otro de los ejemplos sobre la mala administración sería la multa pagada a la anterior gerente anterior, Karen Cediel, por no liquidarla a tiempo, lo que le habría costado a Acuasan $12 millones, así como una sanción por $235 millones que se pagó en 2025 a la Superintendencia de Servicios Públicos por malos manejos.
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El déficit de 2024 fue mayoral reportado
En el balance contable, la empresa también indicó que las pérdidas de 2024 serían superiores a las reportadas inicialmente.
Según el cálculo realizado bajo la figura de reexpresión contable, el déficit oficial habría quedado en $2.623 millones en 2024, producto de un saneamiento que incluyó el ajuste a la depreciación acumulada de bienes, diferencias de inventarios, provisiones laborales y el ajuste del impuesto de renta de 2022.
En las notas de la revisoría fiscal se explica que este proceso se realizó para corregir errores de vigencias anteriores, bajo el marco de la Resolución 414 de 2014.
