Para Gustavo Marulanda Marulanda Morales, director del IGAC, es lógico que algunas personas se sientan inconformes por el nuevo valor dado a sus viviendas porque se trató de un ejercicio que buscaba mitigar esa distorsión entre el valor catastral y comercial de las propiedades.
Publicado por: Jorge Rios
Miembros de la comunidades rurales y alcaldes de las provincias Guanentá y Comunera se reunieron ayer en San Gil con las directivas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para evaluar toda la problemática que se ha presentado por el nuevo avalúo catastral que realizó la entidad, atendiendo la directriz del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo.
Durante el encuentro, Gustavo Marulanda Morales, director nacional del IGAC, aseveró que hay tranquilidad desde la institución porque éste fue un trabajo que se realizó con el mayor rigor técnico, haciendo presencia en los territorios y realizando toda la investigación requerida durante los últimos dos años.
Sin embargo, el funcionario también afirmó que el instituto ya está haciendo las evaluaciones pertinentes y atendiendo las quejas presentadas, que serán evaluadas de forma individual, entendiendo que en algunas poblaciones como Palmas del Socorro ya se identificaron errores en los avalúos que están siendo solucionados.
La actualización catastral se realizó en las zonas rurales de 533 municipios del país.
Jorge Caballero, alcalde de Palmas del Socorro, certificó que su municipio fue uno de los más afectados por la actualización catastral, por lo que gracias a los trabajos realizados directamente ante el IGAC se lograron ya resultados.
“Empezamos con un incremento que en promedio iba del 745 % hasta llegar a 6.850 % y hemos bajado a un promedio de 650 %”, afirmó el mandatario.
Se debe recordar que en San Gil la Alcaldía recogió 1.300 reclamaciones y hay denuncias por cambios en el valor que superan el 2.000 %.
Para Marulanda, es lógico que algunas personas se sientan inconformes por el nuevo valor dado a sus viviendas porque se trató de un ejercicio que buscaba mitigar esa distorsión entre el valor catastral y comercial de las propiedades, un proceso que no se hacía desde hace 20 años en 533 municipios del país.
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El papel de las alcaldías ante los reclamos por los avalúos catastrales
Uno de los resultados de la reunión organizada por las gestiones de Fenalco sur de Santander fue el compromiso del IGAC de realizar con los alcaldes de las provincias Guanentá y Comunera unas mesas técnicas para atender las situaciones puntuales de cada municipio.
Milton Chaparro, alcalde de Barichara, explicó que, en su caso, hay una preocupación muy fuerte de los propietarios de predios que, por ejemplo, están en zonas de reserva hídrica, que son improductivos, pero que tuvieron incrementos exorbitantes, y ahora se está levantando toda esa base de datos de reclamaciones para presentarlas ante el IGAC.
El mandatario también planteó que hay fincas de pequeños productores con grandes incrementos en el valor de sus propiedades, lo que generaría un impacto en los beneficios que reciben del Estado y pueden ocasionar un abandono o deterioro de las actividades productivas.
Oscar Verano Ribero, miembro del comité departamental de avalúos catastrales y presidente del Concejo Municipal de Confines, expresó que la preocupación más grande es que sean los grandes propietarios los que sean atendidos o priorizados por el IGAC y no los pequeños productores, para quienes el aumento excesivo del avalúo catastral representa un verdadero problema.
Este es el caso de Wilson Macías, de la vereda La Hoya de San Gil, un pequeño productor a quien el valor de su propiedad pasó de $50 millones a $800 millones, un registro que lo tiene preocupado por todo lo que puede generar.
En este sentido, dijo que hay muchos temas ligados a nivel tributario y de subsidios que se relacionan con el valor de las viviendas y es ahí en donde los productores, especialmente los más pequeños, van a sentir la modificación al valor de las propiedades.
Si bien es cierto los ciudadanos tienen el derecho a reclamar y presentar todas las acciones pertinentes, la actualización catastral se mantendrá y no será derogada a menos que se presente una orden nacional o de tipo legal.
Por lo pronto, los alcaldes deben reunir los reclamos de las comunidades para adelantar las mesas técnicas con el IGAC.
