La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con cuatro meses de suspensión al exalcalde de Curití, Santander, Ángel Miguel Triana Sánchez, por asumir en julio de 2021 el control de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del predio La Lajita sin adelantar previamente el procedimiento ante la Inspección de Policía.
Publicado por: Jorge Rios
La Procuraduría General de la Nación sancionó, en fallo de primera instancia, con cuatro meses de suspensión al exalcalde de Curití Ángel Miguel Triana Sánchez, al encontrarlo responsable de extralimitarse en sus funciones durante un procedimiento relacionado con la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP, del municipio.
La decisión, divulgada el 11 de julio, fue emitida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil y está relacionada con una actuación realizada el 19 de julio de 2021, cuando Triana Sánchez ejercía como alcalde de Curití, cargo que ocupó entre 2020 y 2023.
De acuerdo con el ente de control, el entonces mandatario adelantó directamente un procedimiento de “restitución y protección de bienes inmuebles” sobre el predio La Lajita, donde se encuentra la planta de tratamiento que para ese momento era operada por la Corporación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de Curití, Corpacur.
La Procuraduría determinó que el exalcalde realizó la diligencia sin promover previamente la correspondiente querella ante la Inspección de Policía, autoridad encargada de iniciar el procedimiento policivo previsto por la ley para la protección de bienes inmuebles de uso público, de utilidad pública o destinados a la prestación de servicios públicos.
Según antecedentes publicados por Vanguardia, durante la actuación Triana Sánchez llegó con un cortafrío y rompió el candado de la puerta de acceso a las instalaciones que estaban bajo el control de Corpacur. La administración municipal sostenía que la infraestructura pertenecía al municipio y, después de asumir su control, la puso a disposición de La Curiteña de Servicios Públicos para la operación del acueducto.
Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señala que el municipio tomó posesión de los bienes de la planta y de las redes en julio de 2021. El documento también registra que Corpacur y otras personas y entidades presentaron denuncias en las que calificaron como irregular la toma de las instalaciones. Esa afirmación corresponde a los denunciantes y no constituye, por sí sola, una decisión judicial o administrativa definitiva sobre la propiedad de los bienes.
Para la Procuraduría, la actuación del exalcalde constituyó una extralimitación de funciones y vulneró el principio de moralidad que debe orientar el ejercicio de la función pública. La conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.
Como Triana Sánchez ya no ocupa el cargo, los cuatro meses de suspensión no podrán aplicarse mediante su separación temporal de las funciones. Por esta razón, la sanción fue convertida en una suma calculada con base en los salarios que devengaba al momento de los hechos. La Procuraduría no precisó públicamente el valor que deberá pagar. Contra el fallo de primera instancia proceden los recursos establecidos en el proceso disciplinario.
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Años de denuncias por del agua en Curití
La sanción disciplinaria se produce en medio de una controversia que comenzó en 2021 por el control y la operación del acueducto de Curití.
El 19 de febrero de ese año, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 001, mediante el cual autorizó al entonces alcalde para crear y organizar una empresa de servicios públicos por acciones simplificada. Posteriormente entró en funcionamiento La Curiteña de Servicios Públicos, que asumió la operación que hasta entonces había estado a cargo de Corpacur, entidad de origen comunitario.
La Superintendencia de Servicios Públicos constató que, mediante un convenio interadministrativo suscrito el 20 de agosto de 2021, la Alcaldía entregó a La Curiteña el uso y goce de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. El mismo documento establecía que la propiedad de esos bienes continuaba en cabeza del municipio.
La disputa continuó mediante denuncias, actuaciones administrativas y procesos judiciales. En junio de 2023, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, informó que La Curiteña no estaba autorizada para utilizar las concesiones de agua existentes sobre las quebradas Curití y La Ficaleña, debido a que no contaba con el respectivo permiso ambiental.
La autoridad ambiental le pidió a la empresa abstenerse de aprovechar esos recursos hídricos mientras no obtuviera la autorización correspondiente. Un informe de Superservicios también concluyó que el prestador no contaba con permisos ambientales aprobados y vigentes para la captación de aguas superficiales y otras actividades relacionadas con la operación del sistema.
Posteriormente, el 19 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander declaró, en segunda instancia, la nulidad del Acuerdo Municipal 001 de 2021 y de los actos y actuaciones realizados con fundamento en esa autorización. La decisión dejó sin sustento jurídico la creación de La Curiteña, aunque, según la interpretación de la Alcaldía, el fallo no ordenó expresamente devolverle la operación del acueducto a Corpacur.
En cumplimiento de esa decisión, la administración municipal informó que durante 2024 liquidó La Curiteña y trasladó temporalmente los servicios de acueducto y alcantarillado a la Unidad de Servicios Públicos Comunitarios de Curití, Servicur, que ya se encargaba del servicio de aseo.
Sin embargo, la controversia no quedó completamente resuelta. En marzo de 2025, Corpacur anunció su intención de retomar la lectura de los medidores y la facturación, al considerar que debía recuperar la operación. La Alcaldía sostuvo entonces que Servicur era la entidad habilitada para prestar el servicio mientras se definía un esquema definitivo para el manejo del acueducto.
