“Nos convirtieron en multimillonarios en un papel”: campesinos de Lebrija explican por qué no levantan el paro

La Resolución 2057 del IGAC disparó los avalúos catastrales en 527 municipios del país. La vía a Lebrija está bloqueada y las protestas se extienden a 10 departamentos.

Publicado por: Danilo Cárdenas

Campesinos y ciudadanos de Lebrija completan dos días de bloqueos en la vía a Barrancabermeja en protesta por los incrementos en los avalúos catastrales ordenados por la Resolución 2057 del IGAC, que afectó a 527 municipios del país. Los manifestantes exigen la presencia del Gobierno Nacional y advierten que el paro será indefinido hasta que se instale una mesa de negociación. El movimiento ya se extiende a 10 departamentos.

Según Tatiana Muñoz, presidenta de la Veeduría Nacional de Catastro Multipropósito, las movilizaciones abarcan Santander, Norte de Santander, Cesar, Casanare, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Quindío y Cundinamarca. “No se va a dar paso intermitente. Va a ser un paro y vamos a durar lo que tengamos que durar”, advirtió.

Las exigencias al Gobierno Nacional son cuatro: revocar la Resolución 2057, suspender los procesos de actualización catastral multipropósito durante un año, frenar los cobros coactivos, embargos e intereses moratorios derivados de los nuevos avalúos y radicar un proyecto de ley que obligue la visita predio a predio antes de fijar valores catastrales. “Consideramos que eso se tiene que caer porque no tiene ningún sustento técnico”, dijo Muñoz sobre la resolución. Le puede interesar: Bloqueos en Santander: crisis se agudiza y empieza incertidumbre sobre combustibles y alimentos

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Manuel, campesino citricultor de la vereda Puyana en Lebrija, es uno de los afectados. Su predio tenía un avalúo de 400 millones de pesos. La resolución del IGAC lo subió a 2.000 millones. El impuesto predial pasó de 4 millones a 12 millones de pesos. “Estábamos pagando antes 4 millones de impuesto, ahora pasábamos a pagar 12 millones”, dijo desde el bloqueo, donde lleva dos días. Familiares y vecinos de la misma vereda reportan saltos similares: predios que pasaron de 200 millones a 2.000 y 2.600 millones.

Para don Manuel, la mesa de diálogo instalada el miércoles (8 de abril) no ofreció nada. “Esa era una mesa de diálogo prácticamente para engañarnos, porque no había soluciones de fondo”, afirmó. Pide que se derogue el artículo 49 que sustenta los avalúos catastrales. “Si el Gobierno no nos atiende, no paramos. Paro indefinido”.

Muñoz explicó que el problema trasciende el predial. El avalúo catastral es la base para calcular el impuesto al patrimonio, la declaración de renta, los trámites notariales y registrales, donde se cobra el 5 % del valor catastral para cualquier venta, el puntaje del Sisbén, el acceso a programas como Adulto Mayor y subsidios de vivienda, y las tarifas de servicios públicos.

Muñoz explicó cómo los avalúos inflados hacen inviable incluso vender. Si un predio queda avaluado en 4.000 millones, el propietario debe pagar el 5 % de ese valor, 200 millones de pesos, en trámites notariales y de registro, aunque la propiedad comercialmente valga apenas 200 millones. “Si su propiedad queda en 4.000 millones, saca el 5 % y eso es lo que le tienes que pagar a notario de registro. Y si tu propiedad realmente vale 200, entonces vender una propiedad se vuelve imposible”, dijo. Las propias notarías han certificado un estancamiento del mercado inmobiliario como consecuencia de esta distorsión. Lea: Aeropuerto Internacional de Palonegro vuelve a operar, advierte Aerocivil

Muñoz también cuestionó el reciente anuncio del Gobierno sobre reducción de pobreza multidimensional: “Si yo le aumento el patrimonio a usted en un papel, pues resulta que yo quité la pobreza, eliminé la pobreza. Y mira que no es así”.

El alcalde de Lebrija radicó el 8 de abril una demanda contra la Resolución del IGAC. En una reunión con manifestantes el jueves, insistió en deslindar responsabilidades. “La resolución del IGAC no la firmó el alcalde”, dijo. Explicó que la responsabilidad municipal se limita a la liquidación de tarifas, que por ley no puede superar el 50 % del avalúo.

Reveló que en diciembre pasado presentó al Concejo una propuesta para reducir la tarifa del 50 % al 15 %, pero fue rechazada con 9 votos en contra y 4 a favor. Anunció que volverá a presentarla este año con vigencia para 2027. Como medida inmediata, se comprometió a ampliar el plazo de descuento por pronto pago entre dos y tres meses adicionales, mayo, junio y posiblemente julio y pidió a la Defensoría del Pueblo actuar como mediadora en las mesas de diálogo. “El municipio no puede perder, pero tampoco puede sacrificar a ustedes que son los que pagan los impuestos”, afirmó.

Muñoz denunció ante la Fiscalía al Viceministro de Diálogo por perfilamiento y estigmatización. Dijo que los calificó de grupo de ultraderecha y opositores. “Eso no son pronunciamientos que llamen a un diálogo”, afirmó. Relató además episodios de persecución física durante sus recorridos por los puntos de bloqueo: cambios de transporte, motos siguiéndola y personas tomándole fotografías.

Denunció también que el Gobierno quiere instalar mesas con interlocutores propios y no con los voceros organizados del movimiento. “Nos dicen: sí, vamos a hacer una mesa, pero con los que ellos quieran. ¿Con quién es que va a dialogar?”, cuestionó. Hasta el cierre de este informe, no había fecha para una mesa nacional. Más puntos de bloqueo se sumaban en Santander de forma espontánea y el movimiento anunció que no levantará el paro hasta obtener respuestas del Gobierno central.