El Tribunal Superior de Bucaramanga absolvió a un ciudadano venezolano acusado de fraude judicial. El fallo aclara que Migración Colombia debe escoltar a los extranjeros hasta la frontera para que la expulsión sea válida. Los detalles del caso.
Publicado por: Alberto Donadio
Para expulsar a un extranjero que se encuentra ilegalmente en Colombia no basta la expulsión decretada por Migración Colombia sino que hay que llevar al inmigrante ilegal hasta la frontera para que abandone el territorio colombiano. Fue lo que le sucedió a un venezolano detenido el año pasado en el centro de Bucaramanga.
La Policía descubrió que Migración Colombia lo había expulsado desde el año 2022. Luego la Fiscalía lo acusó por fraude a resolución judicial, pero la justicia falló a favor del venezolano.
Detalles del caso del error de la Fiscalía y Migración Colombia que dejó sin piso el cargo por fraude judicial
José Argenis Bastida Laya, el ciudadano venezolano, no hizo nada ilegal, según decisión tomada en diciembre por la magistrada Paola Raquel Álvarez Medina, del Tribunal Superior de Bucaramanga.
Bastida Laya fue sorprendido en vía pública de Bucaramanga con una actitud nerviosa, los policías le solicitaron los documentos y manifestó no tenerlos, suministró su nombre completo y aportó su documento de identificación venezolana y con base en ello al verificar en el sistema de Migración Colombia, se constató la existencia de la resolución de expulsión No. 20227090001636 del 09 de marzo de 2022 y por ello los policías procedieron con la captura. Lea: Expulsaron a migrante que registraba graves problemas de convivencia en Floridablanca
Migración Colombia decretó que la expulsión duraría cinco años y que solo en 2027 podía volver a Colombia, pero Bastida Laya se quedó en el país.
El venezolano en un acuerdo con la Fiscalía aceptó una condena por siete meses.
El vacío en el procedimiento: ¿Por qué el Tribunal de Bucaramanga absolvió al extranjero?
El tribunal determinó que no se había demostrado que el venezolano reingresó a Colombia. Lo que se demostró fue que no fue llevado a la frontera para que abandonara el país.
Para la Fiscalía no era necesario demostrar el reingreso a Colombia por trochas o ríos pues bastaba con probar que no tenía visa ni autorización para regresar. Para el tribunal no se encontró constancia documental que acreditara de manera fehaciente que el ciudadano venezolano hubiera sido escoltado hasta la frontera y materialmente colocado fuera del territorio nacional.
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”No se evidencia una maniobra fraudulenta o engañosa tendiente a incumplir o evadir el cumplimiento de dicha resolución” de expulsión, decidió el tribunal. Otras noticias: Bucaramanga mantiene las expulsiones de migrantes: van 70 operativos efectuados
El precedente del fallo: No basta con decretar la expulsión, hay que llevarlos a la frontera
“La Fiscalía invocó como elemento de convicción las anotaciones sobre investigaciones penales en los años 2022, 2023 y 2024, con aproximadamente un año de diferencia entre cada una, lo cual según su criterio demostró que el procesado continuó en el país después de la notificación de la resolución de expulsión. No obstante, antes que acreditar una maniobra fraudulenta, lo que los mismos permiten concluir es que las autoridades tuvieron conocimiento de la presencia del procesado en el país”, agregó el alto tribunal. Se recomienda: Esta es la cifra de migrantes expulsados y deportados este año en Bucaramanga
Concluyó el tribunal: “Si bien está demostrada la existencia de una resolución administrativa de policía que ordenó la expulsión del procesado, la notificación personal de dicha resolución, y su permanencia en territorio colombiano el 12 de mayo de 2025, no se acreditó que ello obedeciera a un reingreso fraudulento al país después de haber sido efectivamente expulsado, ni que el procesado hubiera empleado medios engañosos, artificios o ardides para sustraerse al cumplimiento de la obligación impuesta, elemento esencial del tipo penal cuya ausencia impide dar por superado el estudio de legalidad del preacuerdo presentado”.
Según datos oficiales, cada tres días, en promedio, las autoridades expulsan de la capital santandereana a un migrante. Se trata de ciudadanos que registran numerosos antecedentes policiales, debido a que frecuentemente resultan implicados en hechos de inseguridad, actos de intolerancia y perturbaciones del orden.
