La crisis carcelaria que estalló en 2020 sigue sin solución estructural. Aunque el hacinamiento supera el 695 % en las estaciones de Policía, Bucaramanga aún no define el terreno ni la financiación del Centro de Detención Transitoria.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Donde caben 87, hay 692. Las siete estaciones de Policía del área metropolitana cerraron el corte del 15 de julio con un hacinamiento del 695%: casi ocho personas por cada cupo disponible.
La situación más crítica está en la Estación Norte. Allí, donde deberían permanecer 15 personas, hay 168: un hacinamiento del 1.020%. En mayo, el presidente de la Corte Constitucional visitó el lugar para verificar esas condiciones. “Son casi que peor de lo que uno mismo describe”, dice Hernando Mantilla, defensor de derechos carcelarios en Santander.
Pese a que la crisis lleva años documentada y ya llegó hasta la Corte Constitucional, la solución que la ciudad prometió sigue sin materializarse. El Centro de Detención Transitoria (CDT), comprometido desde 2020 y convertido en promesa de campaña del entonces candidato Jaime Andrés Beltrán, continúa sin un lote definido y sin fecha para iniciar su construcción.
La consecuencia es que las estaciones de Policía, concebidas para detenciones de pocas horas, terminaron convertidas en centros de reclusión permanentes. El artículo 28 de la Constitución establece que toda persona capturada debe ser puesta a disposición de un juez en un máximo de 36 horas. Sin embargo, nueve de cada diez personas recluidas en estas estaciones siguen siendo sindicadas.
El día en que el Inpec cerró la puerta
Para Mantilla, el origen de la crisis tiene una fecha precisa: el 30 de septiembre de 2020, cuando la Policía lanzó un S.O.S. por el hacinamiento. Durante la pandemia, el Inpec cerró el ingreso a las cárceles y, cuando reabrió, solo volvió a recibir personas condenadas.
“No volvieron a recibir sindicados y les tocó a las estaciones hacerse cargo hasta hoy”, afirma.
Desde entonces, explica, los detenidos sin condena permanecen en estaciones de Policía, aunque la ley asigna los condenados al Inpec y los sindicados a las entidades territoriales. Seis años después de aquella primera alerta, la solución sigue en el papel.
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El CDT no tiene un predio definido ni una fecha para comenzar su construcción. La principal alternativa que estudia la Alcaldía es un lote de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, ubicado en Girón, junto a la cárcel de Palogordo, lo que implicaría que sea un proyecto metropolitano. Las opciones dentro de la ciudad, según el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali, continúan frenadas por restricciones de uso del suelo.
Con la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella, la Alcaldía busca reactivar el proyecto, esta vez con un enfoque distinto al planteado desde 2020. El secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali, asegura que la apuesta ahora es construir un centro metropolitano en un predio del Inpec, con financiación del Gobierno Nacional y del Departamento.
El proyecto que sí tiene fecha
Mientras el CDT permanece estancado, otra infraestructura de detención sí avanza, aunque no resolverá el hacinamiento en las estaciones.
Se trata del Centro de Traslado por Protección (CTP), ubicado en la carrera 15 con calle 45. El proyecto ya cuenta con estudios y diseños en fase tres, certificado de disponibilidad de recursos y la viabilidad jurídica está en trámite. La Administración espera entregarlo a finales de este año.
Sin embargo, el CTP no recibirá personas privadas de la libertad ni aliviará la sobreocupación de las estaciones. Allí solo permanecerán, durante algunas horas, personas trasladadas por alterar el orden público debido al consumo de alcohol o sustancias psicoactivas.
Cien traslados y 18 personas más
Ante la falta de infraestructura, la estrategia de la Alcaldía de Bucaramanga ha sido trasladar los detenidos a otros establecimientos penitenciarios. Pero los resultados siguen siendo insuficientes.
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“Ya llevamos casi 100 personas trasladadas a diferentes centros carcelarios como Pamplona y Socorro, entre otros”, indicó Pinto Frattali.
Una crisis que no depende solo de Bucaramanga
Aunque el municipio ha intentado aliviar la presión mediante traslados, el problema de fondo sigue dependiendo de decisiones nacionales.
El Inpec continúa sin recibir personas sindicadas y la Nación trasladó además a los municipios la obligación de asumir la alimentación de los detenidos, un gasto que en Bucaramanga ronda los $18.000 millones al año.
A ello se suman cerca de 90 policías dedicados de tiempo completo a custodiar a la población recluida, uniformados que dejan de prestar servicio en las calles.
“La situación de las PPL (personas privadas de la libertad) es compleja a nivel país. El hacinamiento es generalizado en las estaciones de Policía”, resume el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.
