Las trabajadoras sexuales trans pidieron mayor presencia institucional ante los riesgos que enfrentan durante sus jornadas. La Defensoría del Pueblo hará seguimiento al proceso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Las denuncias realizadas por mujeres transgénero dedicadas a actividades sexuales pagas en las calles de Bucaramanga, sobre las situaciones de violencia y peligro que enfrentan durante sus jornadas, llevaron a la instalación de una mesa de diálogo entre diferentes instituciones y representantes de esta población.
De acuerdo con Luna, lideresa de las mujeres transgénero en Bucaramanga, el encuentro contó con la participación de la Corporación Conpazes, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y representantes de la Secretaría del Interior municipal, la Oficina de Mujer y Equidad de Género.
Según explicó, la reunión tuvo como propósito poner sobre la mesa las situaciones a las cuales este grupo poblacional se ve expuesto y establecer acciones encaminadas a prevenir nuevas agresiones, mejorar la respuesta institucional y fortalecer los canales de atención ante situaciones de riesgo. Puede leer: Entre el acoso y la necesidad: La noche sin tregua del trabajo sexual en Bucaramanga
En un recorrido realizado por Vanguardia, algunas de ellas denunciaron que grupos de motociclistas las han perseguido, insultado y lanzado piedras, mientras que otras aseguraron haber sido amenazadas con armas cortopunzantes. También señalaron dificultades para recibir acompañamiento de las autoridades cuando se presentan estas situaciones.
Acuerdos para mejorar la seguridad
Durante el encuentro, según la vocera, se plantearon diferentes compromisos entre las instituciones y las representantes de las trabajadoras sexuales, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y mejorar la atención cuando se presenten hechos de violencia.
Uno de los puntos centrales fue la necesidad de fortalecer la comunicación entre las trabajadoras sexuales y las autoridades, de manera que puedan reportar oportunamente situaciones que representen un riesgo para su integridad.
“Pedimos que en la zona, especialmente los fines de semana, se incrementen los patrullajes de la Patrulla Púrpura con el propósito de fortalecer la seguridad. Que nos presten más atención porque la situación con los motorizados se puede salir de control. Es una situación que representa un riesgo para nuestra integridad”, expresó Luna.
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En ese sentido, señala también que se planteó la importancia de establecer mecanismos de contacto que permitan una reacción más rápida ante eventuales agresiones.
Para las representantes de las trabajadoras sexuales, la respuesta institucional no debería limitarse a los operativos de seguridad, sino que también debe contemplar alternativas que permitan reducir las condiciones de estigmatización y confrontación.
Piden que los compromisos no se queden en el papel
La Corporación Conpazes, que ha acompañado a las trabajadoras sexuales y ha documentado algunas de las problemáticas que enfrentan, también participó en la mesa.
Su director, Diego Ruiz Thorrens, había advertido que las mujeres trans y cisgénero enfrentan diferentes formas de violencia y que es necesario que las instituciones reconozcan las particularidades de cada población.
“Aunque en este primer espacio, por diferentes razones, entre ellas temas de contratación, no pudieron participar todos los actores institucionales a los que les compete el tema y tienen la capacidad de tomar las decisiones pertinentes, sí hubo un avance significativo que permitió generar un acercamiento respetuoso entre autoridades y las mujeres transgénero. Por ahora, se acordó realizar más controles en la zona donde ellas trabajan, darles a conocer los canales que están disponibles para recibir denuncias sobre los hechos de violencia que las afectan”, expresó Diego Ruiz.
La Defensoría del Pueblo, según explicó Conpazes, tendrá un papel de acompañamiento y seguimiento al proceso, mientras que las demás instituciones deberán avanzar en los compromisos adquiridos dentro de sus respectivas competencias.
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La mesa representa así un primer paso para acercar a las instituciones con una población que durante años ha denunciado situaciones de discriminación, violencia y falta de oportunidades. Ahora, las trabajadoras sexuales esperan que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas que les permitan ejercer sus actividades con mayores garantías de seguridad y dignidad.
