En aras de hacerles la vigilancia a los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, ejecutados por la Administración Seccional y por las cuatro alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, el Comité Transparencia por Santander hizo la presentación de su Informe de Veeduría, realizado para la vigencia 2021.
Publicado por: Euclides Kilô Ardila
Algunos retrasos en los pagos de los operadores, las relativas bajas raciones y el no cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, sobre todo en la infraestructura de las instituciones educativas en donde se sirven los suministros de los Programas de Alimentación Escolar, PAE, están perjudicando a los directos beneficiarios de tales suministros; es decir, a los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga y de Santander.
Así lo reveló el Comité Transparencia por Santander, tras presentar el Informe de Veedurías al PAE 2021.
Según Marcela Pabón Rozo, vocera de dicho Comité, “la falencia común encontrada por la veeduría se relaciona con la deficiente y deteriorada estructura física de las instituciones educativas de los municipios revisados, en los espacios para preparación y consumo de los alimentos, que no permite cumplir con los requisitos mínimos para la óptima ejecución del programa, en este aspecto; así como la falta de elementos de seguridad como botiquines y extintores”.
“Otro aspecto importante es el incumplimiento por parte de la Gobernación de Santander de la directriz nacional que ordena regresar a las modalidades de entrega de alimentos utilizadas antes de la pandemia, debido a que ya se retornó a la presencialidad en aulas de clase”, añadió.
La experta recordó que en este diagnóstico se dieron a conocer los resultados y los hallazgos más importantes durante la realización de los programas en los distintos municipios de la región.
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“Gracias al trabajo de los veedores, profesionales en áreas como nutrición e ingeniería de alimentos, quienes estuvieron realizando visitas técnicas, se lograron establecer las fallas en la ejecución de los contratos y hacer recomendaciones importantes, tanto a los contratistas como a la Gobernación y a las alcaldías”, precisó Pabón Rozo.
“Este estudio se hizo con el fin de identificar posibles fallas en la prestación del servicio, irregularidades o cualquier situación que ponga en riesgo el suministro de los alimentos a los niños en situación de vulnerabilidad del Área Metropolitana y en general de toda la región”.
“Si bien la ejecución del programa fue aceptable, cada uno de los municipios tiene particularidades específicas a las que hay que poner especial atención. Todos los hallazgos han sido comunicados a cada entidad para que revisen y realicen las acciones de mejoras pertinentes”, señaló la experta.
Y recalcó: “Hay que mejorar las infraestructuras de los restaurantes escolares, que no son óptimas y, por ende, es necesario intervenirlas de manera urgente”.
“Además se presentaron en algunas ocasiones, atrasos en las llegadas de los productos y un caso detectado de alimentos en mal estado”, informó.
La vocera del Comité de Transparencia aseguró que, “se espera que para el año 2022 se terminen de aplicar los correctivos a las falencias reveladas y se sigan todas las recomendaciones para ofrecerles un mejor servicio a los niños santandereanos”.
