Según Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, los contratos para operar el PAE estaban siendo adjudicados mediante pliegos a medida, con un único proponente desde el 2020 hasta el 2024.
Publicado por: K.M.
Durante la pandemia del Coronavirus en el 2020, mientras el país luchaba contra la crisis sanitaria, en el departamento de Santander se fraguaba un cartel de la corrupción destinado a saquear los recursos del Programa de Alimentación Escolar -PAE.
La denuncia, presentada por el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, reveló la existencia de un presunto "cartel del PAE" que operaba desde hace años. Entre tanto la Gobernación dijo que hasta el momento no se ha escogido a la empresa que prestará el servicio.
Esta situación, denunciada por Bustos, sugiere una manipulación de los procesos contractuales en beneficio de un selecto grupo de contratistas, en detrimento de la alimentación de los niños del departamento y de los programas de nutrición financiados con recursos públicos.
El PAE, uno de los programas más importantes del país, se ha convertido en un escenario de clientelismo y manipulación política, según las acusaciones de Bustos. Los mismos contratistas han venido asegurándose los contratos de alimentación durante casi una década, aparentemente con la complicidad de la clase política local.
#NoticiasDeLaHora | Veedurías ciudadanas están advirtiendo posibles irregularidades en la licitación del Plan de Alimentación Escolar en Santander. Entre tanto la Gobernación dijo que hasta el momento no se ha escogido a la empresa que prestará el servicio. pic.twitter.com/32VJ8vYtoK
— RadNal Santander (@RadNalSantander) March 12, 2024
Bustos ha advertido sobre la falta de pluralidad en la contratación, señalando que las empresas beneficiadas con los contratos parecen ser las únicas oferentes habilitadas para trabajar con la Gobernación de Santander. Esta falta de competencia en los procesos de licitación refuerza las sospechas de un esquema de corrupción arraigado en el departamento.
El escándalo ha desatado llamados a una investigación exhaustiva y a tomar medidas urgentes para garantizar la transparencia y la integridad en la contratación pública. Las autoridades competentes deberán esclarecer las acusaciones y llevar ante la justicia a los responsables de este presunto entramado de corrupción que afecta los derechos de los niños y el manejo adecuado de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar.
Con información de Colprensa.
