La Procuraduría investiga a cinco funcionarios por presuntas irregularidades en un contrato de más de $3.700 millones para adquirir drones para la Policía Nacional.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para esclarecer posibles irregularidades en un contrato superior a los $3.700 millones destinado a la adquisición de drones para la Policía Nacional.
El ente de control busca establecer si durante el proceso de contratación se presentaron fallas que pudieron afectar la transparencia y el cumplimiento del proyecto. Lea: Con drones cargados de explosivos, el Eln atacó la estación de Policía de Tadó, Chocó
La actuación disciplinaria involucra al director general del Fondo Rotatorio de la Policía, coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez; a la coordinadora del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa; al intendente Ismael de Aguas Boea y al mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes participaron en diferentes etapas del proceso como verificadores de información y supervisor del contrato.
Procuraduría revisa el proceso de contratación
De acuerdo con la investigación, el organismo de control pretende determinar si existieron deficiencias en la definición de los criterios de selección del contratista, así como posibles falencias en la vigilancia y supervisión del contrato durante su ejecución. Te interesa: Investigan muerte de un ciudadano venezolano tras un presunto disparo de un policía en Bogotá
El proceso contractual tenía como propósito la compra de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART), conocidos comúnmente como drones, para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional. Sin embargo, el contrato no se ejecutó conforme a lo previsto, situación que motivó la apertura de la investigación disciplinaria.
Con esta actuación, la Procuraduría busca establecer la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados y determinar si hubo incumplimientos en sus deberes durante las diferentes fases del proceso contractual. Los resultados de la investigación definirán si existen méritos para imponer eventuales sanciones disciplinarias.
