La Procuraduría General de la Nación prorrogó durante tres meses más el proceso de investigación que se inició contra los cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, por su presunta omisión en la vigilancia y control del transporte informal. También se solicitaron nuevas investigaciones contra el AMB y el Juzgado 15 Administrativo. Sigue el proceso a los mandatarios de Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga.
La investigación que se adelanta por parte de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de determinar si existió o no cumplimiento al fallo judicial que ordenó medidas a los alcaldes para contrarrestar la ‘piratería’ en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, se extenderá, al menos, hasta finales de 2024.
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A través de una providencia emitida la semana pasada, dicho ente de control disciplinario precisó que se necesita más tiempo en este proceso de investigación que cursa en la actualidad, con el fin de obtener la información y el material probatorio requeridos para adoptar una decisión en este caso.
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En su reciente pronunciamiento, la Procuraduría también formuló requerimientos contra el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y contra el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, por no allegar de manera oportuna la información solicitada. Ante esta falta de respuestas, el ente de control además solicitó investigaciones adicionales en contra de ambas entidades.
“No se ha obtenido respuesta oportuna y completa”
De acuerdo con lo precisado por el ente de control en dicha providencia, desde abril de 2023 se ha solicitado información al AMB y al juzgado en cuestión para que alleguen a la Procuraduría la pruebas relacionadas con el cumplimiento del incidente de desacato que se resolvió en contra de los alcaldes del área, por no contrarrestar de manera eficaz la ‘piratería’.
Según la Procuraduría, “a la fecha, pesa a oficiar en dos ocasiones a ambas entidades (…) no se ha tenido respuesta a los requerimientos realizados”.
A través del primer numeral del resuelve de esta providencia, la Procuraduría determinó “prorrogar el término de la investigación disciplinaria por tres meses más”.
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Para el ente de control, dicha falta de información por parte del juzgado y del AMB ameritan investigaciones por parte de los órganos competentes.
La Procuraduría solicitó además “compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander para que investigue la conducta irregular de los funcionarios del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga”.
Igualmente, el ente de control solicitó la intervención de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga para que se investigue esta falta de información por parte del AMB.
Más de un año de investigaciones de la Procuraduría por falta de acciones contra la ‘piratería’ en Bucaramanga
Luego de una queja formalmente radicada por un líder del gremio de taxistas en Bucaramanga, el 28 de marzo de 2023 la Procuraduría dio apertura oficial a un proceso de investigación disciplinaria, para determinar si las autoridades locales ejercieron las debidas actuaciones frente a la vigilancia y el control del transporte informal, o si por el contrario habría omitido sus responsabilidades.
Para Daniel Méndez, presidente Nacional de Conductores y Trabajadores de la Industria del Transporte Automotor, Sinta, existe una presunta irregularidad en la cual incurren los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, al “no controlar la ‘piratería’”.
“No queremos que estas investigaciones queden en el limbo, ni que el proceso de pronto se vaya a archivar por caducidad. Celebramos esta ampliación que ordenó la Procuraduría para no dejar vencer los términos del proceso”, expresó este representante de los transportadores a Vanguardia.
El gremio de taxistas, según lo informado, conformó un comité jurídico integrado por más de 650 personas, a través del cual se impulsan y radican este tipo de demandas, quejas y solicitudes ante la justicia y entes de control.
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“Tenemos certeza jurídica... (…) existe dilación por parte de los funcionarios que están siendo investigados, la misma Procuraduría lo señaló”, manifestó Méndez.
“Obstaculiza el avance de la investigación”: Procuraduría General de la Nación
En el marco del incidente de desacato que se falló contra las autoridades locales, se solicitó tanto a los alcaldes como a los directores de tránsito de los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga diseñar y adoptar medidas de acción adicionales para contrarrestar de manera eficaz el transporte informal.
Conforme con lo expuesto por la Procuraduría, todavía faltan pruebas por recabar en el proceso de investigación que está en marcha.
“Se decretaron una serie de pruebas consideradas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, a la fecha se evidencia que dichas pruebas no han sido practicadas en su totalidad, lo cual obstaculiza el avance de la investigación”, agregó la Procuraduría en su providencia de la semana pasada.
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De acuerdo con los más recientes estudios publicados por el AMB, ente que ejerce como autoridad de transporte público en los cuatro municipios conurbados, alrededor del 20 % de la población metropolitana utiliza la ‘piratería’ en sus desplazamientos de rutina.
Es importante informar que, en enero pasado el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga les ordenó a los actuales alcaldes del área metropolitana acordar nuevas medidas para frenar el ‘mototaxismo’ y la piratería.
Entre tales acciones se solicitó:
* Pico y placa metropolitano.
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* Prohibición del parrillero en motocicletas.
* Prohibición del uso de motocicletas en zonas determinadas en cada municipio, en horarios determinados entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.
* Restricción del parrillero en horarios determinados entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.
* Restricción por ciertos días en el mes para la circulación de parrilleros.
* Exigir que el conductor de la motocicleta sea el propietario de la misma.
