Bucaramanga
Domingo 08 de noviembre de 2026 - 05:00 PM

Bucaramanga: piden a juez y tribunal suspender el “desmonte” de las ciclorrutas que adelanta la Alcaldía

Colectivos de ciclistas y defensores de la movilidad sostenible en Bucaramanga emprendieron dos acciones jurídicas con el objetivo de que se suspendan las intervenciones que adelanta la Alcaldía de Bucaramanga en la red de ciclo infraestructura. El Municipio señala que se trata de una “reingeniería” en ciertas ciclorrutas.

En Bucaramanga se construyó una red de ciclorrutas conformada por cerca de 20 kilómetros, en 12 trazados por diferentes vías de la ciudad. Ya se intervinieron las carreras 35 y 21. (Foto: archivo / VANGUARDIA)
En Bucaramanga se construyó una red de ciclorrutas conformada por cerca de 20 kilómetros, en 12 trazados por diferentes vías de la ciudad. Ya se intervinieron las carreras 35 y 21. (Foto: archivo / VANGUARDIA)

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Desde julio pasado la administración municipal emprendió un proyecto para modificar la segregación de carriles exclusivos para pedalistas, en determinados trazados de las ciclorrutas en Bucaramanga. Aunque un sector de la población celebra tales ajustes, muchos ciudadanos también cuestionan tal proceder del Municipio y la falta de información de fondo al respecto.

En busca de protección, respuestas y garantías en el debido proceso, colectivos de ciclistas locales decidieron unir esfuerzos y acudieron ante las autoridades judiciales con el fin de tramitar dos acciones, por medio de las cuales se busca que la Alcaldía suspenda las modificaciones que adelanta en las ciclorrutas. Lea también: Movilidad sostenible en Bucaramanga: ¿está en jaque por las ciclorrutas y el transporte público?

Diego Moreno Díaz, fundador y director de la Corporación Ciclaramanga, precisó a Vanguardia que fueron radicados un incidente de desacato y una solicitud de medidas cautelares de urgencia, ante el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 13 Administrativo de Bucaramanga.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga se informó que dichas modificaciones se iniciaron luego de estudios técnicos que se realizaron, con el objetivo de mejorar la movilidad y optimizar el uso de la red de 20 kilómetros de ciclo infraestructura que se construyó en la ciudad y que se entregó a finales de 2020.

“$15.000 millones en riesgo” en las ciclorrutas de Bucaramanga

La primera ciclorruta que se intervino, en julio pasado, fue la de la carrera 35, entre calles 34 y 52, en Cabecera. La segregación con separadores plásticos y el carril exclusivo para pedalistas fueron eliminados. En su lugar la vía fue adecuada con una señalización especial que indica la prelación para quienes se movilizan en bicicleta, pero deben compartir la calzada con los automotores.

En palabras de la misma Alcaldía “la vía cuenta con un carril ‘ciclopreferente’, que organiza la circulación y permite una movilidad más segura para ciclistas, conductores y usuarios del transporte público”.

A finales de septiembre pasado también se pusieron en marcha ajustes sobre la carrera 21, con intervenciones más robustas en comparación con la carrera 35. En este caso se levantó el separador de concreto que se construyó entre la calle 55 y la Avenida Quebradaseca. Los árboles que existían en estos jardines que formaban parte de los separadores tuvieron que ser talados (11 árboles de mayor porte).

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Bucaramanga: piden a juez y tribunal suspender el “desmonte” de las ciclorrutas que adelanta la Alcaldía

A través de las dos acciones jurídicas que se emprendieron, desde Ciclaramanga se busca “la suspensión inmediata de las obras de desmonte de la segregación dura y la preservación del arbolado urbano”.

Entre sus argumentos, los colectivos de ciclistas y defensores de la movilidad sostenible alertan que “es motivo de alta preocupación que una infraestructura pública construida con más de $15.000 millones de pesos del tesoro municipal, respaldada por estudios de viabilidad técnica de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y convenios de cooperación internacional con ONU-Hábitat, sea levantada de manera intempestiva”.

Para estos activistas, “remover la infraestructura existente para luego incurrir en nuevos gastos en intervenciones viales, no planificadas, representa un alto costo económico para la ciudad, genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de las políticas públicas de largo plazo y compromete el uso eficiente de los recursos de todos los contribuyentes”.

“Falta claridad sobre el fundamento judicial del desmonte” de las ciclorrutas en Bucaramanga

Desde la Alcaldía de Bucaramanga también se argumenta que estos ajustes se adoptaron con base en decisiones judiciales, en las que previamente el Municipio fue requerido para ajustar las ciclorrutas conforme lo dictado en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Por medio de un comunicado oficial el Municipio resaltó que se trata de una “reingeniería de la red de ciclorrutas. Con el propósito de optimizar el uso de la infraestructura vial, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la movilidad sostenible”.

Pero los defensores de la movilidad sostenible consideran todo lo contrario. Ellos señalan que la administración municipal justamente está desincentivando el uso de medios amigables con el ambiente, y que con las intervenciones actuales se brinda aún más espacio para el tráfico motorizado en la ciudad.

“Existe una profunda incertidumbre sobre la supuesta ‘orden judicial’ en la que la administración municipal afirma fundamentar las actuaciones de desmonte. Es necesario precisar que la sentencia de primera instancia, dictada dentro de la acción popular, no ordenó la demolición ni el retiro de la ciclo infraestructura; por el contrario, dispuso su mantenimiento, conservación y adecuación técnica”, manifestó Ciclaramanga.

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La Alcaldía de Bucaramanga informó que por ahora este proyecto de modificaciones en la red de ciclorrutas avanza en su primera fase. Las autoridades locales indicaron que en la segunda fase se contempla intervenir el trazado de la carrera 21, entre Avenida Quebradaseca y la glorieta de San Francisco. Posteriormente se llevaría a cabo una tercera fase, cuyos trazados o circuitos aún no se han precisado.

“Exigimos total claridad e información pública sobre el sustento de estas intervenciones, toda vez que la decisión del juez contencioso administrativo no contempla la destrucción de la red ciclable. Reivindicamos el derecho a una ciudad sostenible bici-inclusiva, donde la movilidad garantice condiciones de seguridad, salud e inclusión para toda la comunidad”, agregó este colectivo de ciudadanos.

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