Los ediles de la Comuna Cabecera definieron el plan a seguir para exigirle al Municipio la reliquidación del controvertido cobro del impuesto predial unificado. Aquí le contamos cuáles son esas salidas legales:
Los propietarios de casas, apartamentos y locales en la comuna Cabecera definieron la ‘carta de navegación’ que seguirán para solicitar, por vías legales, la reliquidación del impuesto predial unificado en Bucaramanga, el cual llegó con incrementos exagerados, algunos de ellos con alzas superiores al 50 %.
Dado que dichos incrementos afectan tanto a los dueños de viviendas como a los propietarios de los negocios, los demandantes establecieron tres frentes de acción.
En primer lugar, solicitarán al Tribunal Administrativo de Santander la nulidad del cobro; en segundo término, pedirán al Ministerio de Hacienda la instalación de una mesa técnica para analizar la legalidad de los montos establecidos en Bucaramanga; y, por último, instarán a cada afectado a interponer una tutela que frene los abusos en la facturación.
Así lo expresó José Alfredo Vega Fonseca, presidente de la Junta Administradora Local de la comuna Cabecera, al tiempo que denunció que “los aumentos son desproporcionados y afectan gravemente la economía de las familias y de los empresarios”.
“Es inaceptable que nos impongan estas alzas sin una justificación clara ni una transición progresiva. No podemos asumir costos tan elevados de un momento a otro”, afirmó Juan Pérez, propietario de un inmueble en el sector de El Prado.
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De acuerdo con los afectados, la medida vulnera principios constitucionales como la equidad y la progresividad tributaria, razón por la cual acudirán a instancias judiciales para solicitar la revisión de los valores catastrales y la suspensión de los cobros. Además, han convocado una reunión para organizar estrategias de defensa y exigir explicaciones a la administración local.
Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga ha defendido la actualización del impuesto predial, argumentando que responde a la reciente actualización catastral realizada en la ciudad. No obstante, algunos concejales han manifestado su preocupación por el impacto económico que esta medida podría generar en los contribuyentes.
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Los ciudadanos afectados también han solicitado la intervención de la Personería y la Defensoría del Pueblo para que medien en el conflicto y garanticen un diálogo entre la comunidad y la Administración Municipal.
Mientras tanto, los procesos judiciales siguen en marcha, y se espera que en los próximos días se radiquen las primeras demandas ante los tribunales.
DATO: Al menos 25 mil contribuyentes alegan que los incrementos del impuesto predial unificado superan el 50 %. Ellos consideran que “los reajustes no son legales y deben ser reliquidados”.
