Sigue el rifirrafe entre el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, y el Sindicato de Educadores de Santander, SES, por la declaratoria de día cívico, oficializada por el presidente de la República, Gustavo Petro.
La reciente declaratoria de día cívico por parte del Presidente de la República para el próximo martes, 18 de marzo, ha desatado un enfrentamiento entre el Sindicato de Educadores de Santander, SES, y la administración municipal, luego de que la agremiación sindical de docentes determinara la suspensión de clases para ese día en todas las instituciones educativas de Bucaramanga.
Como se recordará el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, confirmó que su administración no se acogerá al día cívico decretado para este martes por el presidente Gustavo Petro, justo cuando las centrales obreras saldrán a las calles a manifestarse en favor de sus reformas sociales. Le puede interesar: Alcaldía de Bucaramanga no se acoge al día cívico decretado por el Gobierno Petro
Y aunque la orden local es clara, en el sentido de que se deben orientar las clases de manera normal este martes, el SES manifestó su inconformidad con la decisión del gobierno municipal, argumentando que “la declaratoria de día cívico insta a los profesores a no orientar clases ese día. Respetamos la posición del alcalde, pero el anuncio presidencial incluye la suspensión de actividades escolares. Exigimos que se garantice el respeto a la libre protesta”, afirmó la agremiación sindical.
Por su parte, la secretaria de Educación Local, Martha Guarín, dijo que “es claro que el Alcalde fue enfático en decir que no acogerá el día cívico el próximo martes. Así las cosas, en el papel, habría clases. Al menos esa es la directriz, hasta nueva orden”.
La polémica pasa al tablero: el Municipio dice que “la ciudad no puede detenerse por una medida improvisada” y aseguró que las actividades en las instituciones municipales continuarán con normalidad y advirtió que las ausencias podrían tener consecuencias.
El rifirrafe ha generado incertidumbre entre padres de familia y estudiantes, quienes se preguntan si finalmente habrá clases o no. Mientras tanto, algunos sectores han pedido al Gobierno Nacional aclarar si el decreto es de obligatorio cumplimiento para todos los municipios o si queda a discreción de cada autoridad local.
Por su parte, el SES ha justificado la medida asegurando que se trata de una disposición de orden nacional que debe ser acatada: “Siguiendo el decreto presidencial, hemos decidido adherirnos a la declaratoria del día cívico y, en consecuencia, suspender las actividades académicas. Consideramos que esta es una jornada de reflexión y participación ciudadana”.
Cristian Rey, miembro del SES, fue enfático en informarle a Vanguardia lo siguiente: “El SES, como entidad afiliada a Fecode, sigue la directriz asumida por la decisión colegiada de la Junta Nacional. O sea, el próximo martes no habrá clases, para darle paso a la Gran Movilización Nacional”.
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En tanto, la comunidad educativa se encuentra dividida. El equipo docente de un colegio como el Salesiano, por citar solo un ejemplo, ha expresado su respaldo a la medida presidencial, mientras que otros consideran que se debió prever una estrategia para evitar la afectación del calendario escolar.
“Entendemos la importancia del día cívico, pero también necesitamos que nuestros hijos no pierdan clases. Sería ideal que se establezca una solución equilibrada”, opinó Seferino Mendoza, padre de un estudiante de secundaria.
Las próximas horas serán clave para definir el rumbo de este conflicto entre el Magisterio y la administración municipal. Mientras tanto, los docentes esperan una respuesta oficial que les brinde claridad sobre la reposición de las jornadas académicas suspendidas.
