Los ciudadanos impugnaron el alza del predial y continúan reclamando a la Alcaldía de Bucaramanga la legalidad en el proceso de reajuste.
Una ofensiva jurídica sin precedentes fue presentada por la empresa de servicios legales Lógica Urbana S.A.S., que, en cabeza del abogado Juan Manuel Álvarez Cruz, radicó ante la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga 115.350 recursos de reconsideración contra el incremento del Impuesto Predial Unificado, IPU, correspondiente a la vigencia fiscal de 2025.
La acción se llevó a cabo mediante la figura de ‘agente oficioso’, contemplada en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional, a nombre de los propietarios de inmuebles ubicados en las zonas urbanas catastrales 2, 4 y 5 de la ciudad.
Cada recurso deberá ser ratificado por los contribuyentes en un plazo de dos meses y resuelto de forma individual por la administración local.
Según explicó Álvarez Cruz, el aumento aplicado en estos sectores -que alcanzó hasta un 50 % en barrios como Cabecera y Provenza- vulnera el principio de equidad tributaria y excede el límite legal establecido por la Ley 1995 de 2019, que fija un tope del IPC más ocho puntos porcentuales, equivalente al 13 % para este año.
“La reliquidación que viene haciendo la Secretaría de Hacienda Local no tiene fundamento legal. No se pueden aplicar retroactivamente los impuestos ni sobrepasar los límites permitidos por la ley. En este caso, el incremento solo debería ser del 3 %, según el Decreto 1609 de 2024 del Gobierno Nacional”, afirmó el abogado.
El masivo paquete de recursos, sustentado en bases de datos oficiales del Municipio, representa un movimiento ciudadano inédito en Colombia. Nunca antes se había interpuesto una acción jurídica de esta magnitud en materia tributaria, a través de la figura del ‘agente oficioso’.
“Los bumangueses han sido golpeados por una interpretación administrativa que, en nuestra opinión, carece de sustento jurídico. Esta acción es una respuesta al llamado de la ciudadanía”, añadió Álvarez Cruz, quien además anunció que se están desarrollando plataformas tecnológicas para facilitar la ratificación de los recursos por parte de los propietarios.
Alfredo Vega, líder de la comuna Cabecera -la más afectada por las alzas del predial-, señala: “Nuestro vecindario ha liderado múltiples jornadas de protesta por el inexplicable aumento del predial. Por eso, estamos de acuerdo con los denominados recursos de reconsideración”.
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Álvarez Cruz dijo que acompañará estos recursos con solicitudes ante la Superintendencia de Notariado y Registro, así como ante otros entes de control, con el fin de que se investigue lo que califican como “un posible abuso en el manejo del catastro y la liquidación del predial”.
“Este no es solo un problema legal. Es un asunto de planeación, gestión y voluntad. Lo que está en juego es el bolsillo de miles de ciudadanos”, aseveró.
Los contribuyentes interesados podrán consultar próximamente las plataformas anunciadas por Lógica Urbana para formalizar su respaldo a la medida.
De no prosperar los recursos ante la Secretaría de Hacienda, la empresa acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para continuar la defensa de los derechos de los propietarios afectados, previendo que, por ley, la administración municipal debe realizar una nueva actualización catastral en el año 2026.
De igual forma, se trabajará en acciones administrativas y judiciales para solicitar la devolución de los cobros no debidos a quienes pagaron con la actualización catastral de 2019, así como por la aplicada en 2024, la cual generó un alza inusitada en los avalúos catastrales.
La radicación de los 115.350 recursos de reconsideración y el anuncio de medidas legales para solicitar la reliquidación y devolución del incremento del IPU en Bucaramanga se produce en paralelo a la presentación de cuatro megaobras por parte de la Alcaldía de Bucaramanga y a la intención de radicar, por tercera vez, el proyecto de aprobación ante el Concejo de la capital santandereana del millonario empréstito por más de 360 mil millones de pesos.
¿Qué responde la Alcaldía de Bucaramanga?
Reynaldo José D’Silva Uribe, secretario de Hacienda, recordó que “se les ha informado a todos los contribuyentes del predial -y especialmente a aquellos pertenecientes a los sectores catastrales 2, 4 y 5- sobre los factores tenidos en cuenta para la liquidación del impuesto correspondiente al año 2025″.
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“En ese sentido, se ha explicado la aplicación de los límites establecidos en la Ley 1995 de 2019. Para el caso de estos sectores, se procedió de la siguiente manera: si un predio pagó $ 418.985 en 2023, valor liquidado con un avalúo realizado en 2012 y ajustado anualmente con el porcentaje fijado por el Gobierno Nacional (entre el 3 % y el 4%), en 2024 —por decisión judicial— el impuesto se liquidó con el avalúo realizado en 2019, también ajustado anualmente por decreto del Gobierno. En ese escenario, el valor a pagar sería de $ 842.357. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aplicó el límite del 50 %, por lo que solo se pagaron $628.478. Para 2025, el valor a pagar sería de $ 867.628, cifra que se mantiene por debajo del tope legal del 50 %, equivalente a $942.717”.
“La Administración no ha incrementado tarifas ni creado nuevos impuestos. Por el contrario, ha solicitado al Concejo, tanto en 2024 como en 2025, aumentar el descuento establecido en el Acuerdo 025 de 2004”, agregó.
“Gracias a la iniciativa del alcalde, el Concejo aprobó un descuento del 13 % para los contribuyentes cumplidos, lo que representó un ahorro cercano a los $31.000 millones y benefició a 146.000 contribuyentes”, señaló el funcionario.
La Dirección de Apoyo Fiscal, DAF, del Ministerio de Hacienda -entidad que presta asesoría en temas tributarios-, mediante concepto expedido, se pronunció afirmando que la aplicación de los límites por parte del Municipio de Bucaramanga “se ajustó a la ley”.
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“Esto, considerando que en Bucaramanga los predios actualizados en 2018 -cuyo nuevo avalúo catastral entró en vigencia en 2019- se consideran actualizados para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Dado que después de 2019 no se ha realizado un nuevo proceso de actualización catastral -y este se mantuvo suspendido-, según criterio de la DAF (y así lo aplicó el Municipio), a partir de 2024 dichos predios tienen la condición de desactualizados, por lo que les corresponde el límite del 50 % y no el del IPC más ocho puntos porcentuales”, explicó D’Silva Uribe.
Con respecto a la petición presentada, según se ha indicado, a nombre de aproximadamente 115.000 contribuyentes por el abogado Juan Manuel Álvarez Cruz, el funcionario precisó: “El Municipio dará la debida respuesta a dicha solicitud”.
