En Bucaramanga, las niñas y los niños también están en la mira de la delincuencia. Entre el miedo y la violencia urbana, los padres de familia reclaman protección para sus hijos y les exigen a las autoridades que les brinden protección y cuidado, sobre todo en los entornos escolares.
La desaparición y el posterior fallecimiento de la niña Valeria Afanador, en Cajicá, abrió una herida profunda en muchos ciudadanos y, en general, en la comunidad. Su caso, aún en investigación, volvió a poner en primer plano la pregunta que muchos padres de familia se formulan a diario en Bucaramanga: ¿qué tan seguros están nuestros hijos cuando salen de casa?
El reporte de Medicina Legal concluyó que la muerte de Valeria fue producto de sumersión, pero el vacío de respuestas sobre lo que ocurrió durante los 18 días en que estuvo desaparecida genera desconfianza y miedo.
Le puede interesar: ¿Qué pasa con los estudiantes y con sus entornos escolares en Bucaramanga?
En Bucaramanga, con graves antecedentes de asesinatos de menores, “uno siente que los niños están expuestos a todo y que no hay manera de protegerlos del todo”, comenta Patricia Jenny Rojas, madre de dos jóvenes que cursan el bachillerato en planteles de la Calle de los Estudiantes.
El temor de ella es válido. En la capital santandereana la historia reciente ha tenido episodios que dejaron huellas imborrables: el asesinato de una adolescente tras el robo de un celular, la desaparición de una menor que fue encontrada muerta en inmediaciones de una estación de Metrolínea o el ‘secuestro exprés’ de estudiantes a las afueras de un colegio son hechos que revelan una realidad incómoda en la ciudad: los entornos escolares no siempre son refugios seguros.
Los entornos protectores deben ser una prioridad para los menores: se debe activar rutas de atención y velar por el bienestar integral de la niñez.
Padres de familia relatan que el miedo los acompaña incluso en las rutinas más simples: dejar a sus hijos en el colegio o confiar en el transporte escolar. “Mi hija me dice que hay hombres sospechosos rondando la salida del colegio, y eso preocupa por el riesgo que esta situación representa”, cuenta Jorge Ramírez, un padre que lleva a diario a su pequeña a un plantel del norte de Bucaramanga.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga reconoce la preocupación y sus voceros afirman que se están reforzando los operativos en zonas escolares y que trabajan en campañas de prevención.
Publicidad
Lo propio sostiene Martha Guarín, secretaria de Educación Local: “Estamos incrementando los patrullajes y articulando esfuerzos con los colegios y la comunidad educativa para reducir riesgos. Pero la seguridad debe ser corresponsabilidad: Estado, instituciones y familias”.
Organizaciones defensoras de la niñez recuerdan que, más allá de las medidas policiales, el problema tiene raíces más profundas: “Cuando un menor puede ser raptado, intimidado o violentado, estamos fallando como sociedad. No es solo un asunto de más policías, también de educación, tejido comunitario y confianza en la justicia”, sostiene Yany León, investigadora de la UIS.
La verdad es que los delincuentes han aprendido a detectar vulnerabilidades: niños caminando solos, adolescentes distraídos con el celular, estudiantes esperando transporte en andenes solitarios. En esos escenarios, los abordajes suelen ser rápidos, con amenazas de armas blancas o de fuego.
Muchas veces, los menores terminan llevados contra su voluntad a lugares desolados, donde, además del hurto, pueden ser víctimas de abusos mayores e incluso perder la vida.
Los padres de Bucaramanga, como los de toda el área metropolitana, claman por certezas en un contexto donde la seguridad absoluta no existe.
El caso de Valeria es un recordatorio doloroso de que la infancia sigue en riesgo. Y mientras la justicia responde con lentitud, las familias viven con el miedo constante de no volver a ver a sus hijos después de un simple trayecto a la escuela.
El caso de Kerly
- El 1 de mayo de 2024, la inocencia de Kerly Cuevas, una niña de apenas 8 años, se apagó de manera dolorosa en Girón, donde fue encontrada sin vida cerca de una estación de Metrolínea. Todo comenzó con su repentina desaparición, que desató la angustia de su familia y una búsqueda desesperada en la que la comunidad y las autoridades se unieron. La verdad salió a la luz gracias a un video de la zona, donde se veía a Kerly caminando de la mano con un sujeto de apellido Gualdrón, arrendatario de la casa donde vivía con su madre, y quien terminó siendo el responsable de arrebatarle cruelmente la vida. Una tragedia que dejó marcada a toda la región y que aún duele en la memoria de quienes claman justicia por ella.
Publicidad
Un vida por un celular
- En el paso deprimido del Mesón de Los Búcaros late, entre brochazos de color, la memoria herida de Nickol Valentina Rodríguez Aparicio, una adolescente de apenas 15 años que soñaba con el futuro desde las aulas de la Escuela Normal Superior. Aquel 24 de febrero de 2022, la violencia le arrebató no solo su celular, sino también sus ilusiones y la vida entera que tenía por delante. Su ausencia dejó un vacío irreparable y un recuerdo doloroso que aún estremece a Bucaramanga, recordándonos que la delincuencia no distingue edades ni inocencias, y que la ciudad carga desde entonces con una cicatriz que no se borra.
Peligrosos entornos
- En Bucaramanga, la tranquilidad escolar se ve amenazada no solo por el acoso e intimidación que padecen algunos estudiantes dentro de los colegios, sino también por lo que ocurre a las afueras de sus aulas: a plena luz del día, decenas de consumidores de alucinógenos ocupan los andenes para ingerir e inhalar sustancias, generando un ambiente de inseguridad que se mezcla con la presencia de delitos como el tráfico de autopartes robadas, la venta de estupefacientes y riñas que incluso han terminado en homicidios. En medio de esta realidad, las comunidades educativas de sectores como la del colegio Salesiano, la sede principal de la Escuela Normal Superior y otras zonas de la ciudad, insisten en su clamor de mayor vigilancia y presencia constante de las autoridades, pues sienten que por momentos la ‘ley de la calle’ pesa más que la protección de quienes deberían estar aprendiendo en paz.
