Los voceros de las asociaciones geriátricas alertaron “una crisis humanitaria silenciosa”: se vulnera la dignidad de los adultos mayores. Denunciaron fallas del Estado y de las familias y exigieron soluciones urgentes para evitar el colapso institucional.
La crisis que atraviesan los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Santander dejó de ser un llamado aislado y pasó a convertirse en una alerta pública. De hecho, la Asociación Santandereana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor, ASCBAM, denunció que el abandono institucional y la desatención oficial han llevado a varios hogares geriátricos al borde del cierre, afectando directamente a 3 mil 900 adultos mayores en condición de alta vulnerabilidad.
Según la asociación, el desfinanciamiento no es producto de la casualidad, sino de un “olvido sistemático” por parte de las entidades territoriales, que año tras año dilatan de manera injustificada los procesos contractuales relacionados con la estampilla Pro Adulto Mayor, creada mediante la Ley 1276 de 2009 para apoyar justamente a esta población.
La firma de convenios con alcaldías -de donde dependen estos recursos- enfrenta demoras prolongadas, trabas administrativas y, en numerosos casos, la no ejecución del dinero dentro de la vigencia fiscal. Incluso, algunos municipios han tenido que devolver recursos departamentales sin que exista sanción alguna.
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ASCBAM advierte que estas fallas “están dejando a los centros en una situación económica insostenible”.
Las consecuencias ya empiezan a sentirse: varios establecimientos han cerrado sus puertas por no tener cómo garantizar alimentación, servicios básicos, medicamentos ni el acompañamiento profesional que requieren los adultos mayores institucionalizados. “Los cierres no obedecen a falta de compromiso de las instituciones -advirtió la asociación- sino a la imposibilidad financiera generada por el abandono estatal y familiar”.
A ello se suma, según la denuncia, la inoperancia del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DAPS, encargado de gestionar los subsidios del programa Colombia Mayor.
La entidad, -aseguran- no ha entregado los recursos correspondientes a la modalidad indirecta para los adultos mayores residentes en instituciones durante 2025. Pero la situación es aún más crítica: los retrasos vienen desde hace años y se han agravado progresivamente.
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En 2022 fueron tres meses sin convenio ni pagos; en 2023, cuatro meses; en 2024, ocho meses; y en 2025, la ausencia total de convenio y recursos. Como resultado, beneficiarios activos del subsidio están siendo desconocidos, vulnerando lo dispuesto en el Decreto 1833 de 2016 y, según ASCBAM, quebrantando derechos fundamentales amparados por la Constitución, incluidos el derecho a la igualdad, a la protección especial del adulto mayor y al reconocimiento de derechos adquiridos.
La familia, ausente
La asociación también subraya otro factor crítico: la ausencia de apoyo familiar. Pese a que cerca del 90 % de los adultos mayores institucionalizados sí tienen familiares identificados, la mayoría no aporta para su sostenimiento. Este abandono incrementa la carga de los centros, que operan con recursos mínimos mientras cubren necesidades básicas y afectivas de personas que, en muchos casos, ya no tienen otra red de apoyo.
ASCBAM expresó su preocupación por lo que considera “una crisis humanitaria silenciosa”.
Y agregó: “Se está vulnerando el derecho de los adultos mayores a vivir en condiciones dignas. El Estado, las familias y los entes de control no están cumpliendo con su deber”.
La asociación exige soluciones urgentes, advirtiendo que cada día que pasa sin acciones concretas pone en riesgo la supervivencia de estas instituciones y la vida digna de nuestros abuelos.
La situación, recalcan, no puede seguir normalizándose. Mientras los centros luchan con resiliencia por sostener a los adultos mayores más desprotegidos, el país presencia un nuevo capítulo del olvido institucional hacia quienes construyeron, durante décadas, la sociedad de la que hoy todos se benefician.
El llamado de la asociación es claro: detener la cadena de omisiones que está dejando a cientos de ancianos sin el cuidado al que tienen derecho por ley y por humanidad.
