El expediente incluye señalamientos sobre presuntos sobornos para impulsar proyectos en el Congreso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía General de la Nación solicitó extender por un año más la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro durante los primeros años de Gobierno.
La petición fue presentada el 10 de junio durante una audiencia virtual ante el magistrado Fabio David Bernal Suárez. Para el ente acusador, existen razones suficientes para mantener vigente la medida de detención, pues considera que el exfuncionario no ha demostrado voluntad de someterse a la justicia colombiana.
Actualmente, González permanece en Nicaragua bajo la figura de asilo político, situación que ha dificultado la ejecución de las decisiones judiciales adoptadas en Colombia dentro del proceso que se sigue en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante la diligencia, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, pidió al Tribunal Superior de Bogotá que prorrogue por un año la medida de aseguramiento intramural, argumentando que persiste el riesgo de evasión y que no existen garantías reales de comparecencia ante las autoridades judiciales.
La circular roja de Interpol ya no está activa
Uno de los puntos abordados durante la audiencia estuvo relacionado con la situación de la circular roja de Interpol que pesaba sobre el exfuncionario.
La denominada circular roja es una alerta internacional mediante la cual se solicita a los países miembros localizar y detener a una persona requerida por la justicia mientras avanza un proceso judicial o se estudia una eventual extradición.
Según explicó la Fiscalía, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Colombia informó que la Comisión de Control de los Ficheros de la organización decidió eliminar la notificación roja emitida contra Carlos Ramón González.
La fiscal también indicó que el pasado 3 de abril se solicitó una nueva circular roja actualizada tras la formulación de acusación. Sin embargo, Interpol respondió el 7 de abril que el exfuncionario había pedido el retiro de la medida y que la Secretaría General procedería a eliminarla. Como resultado, la nueva solicitud no fue tramitada.
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Esto significa que actualmente no existe una alerta internacional activa para su captura.
Para la Fiscalía General, el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, se ha burlado en varias oportunidades de la administración de justicia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SVe6w93Cn0
— Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026
Fiscalía advierte riesgo de evasión del proceso
En su intervención, la fiscal María Cristina Patiño sostuvo que la participación virtual en las audiencias no garantiza el control efectivo por parte del Estado sobre el procesado.
Según argumentó, asistir a las diligencias por medios digitales no equivale al cumplimiento pleno de las obligaciones judiciales, ya que la comparecencia también implica la posibilidad de que las autoridades ejerzan control físico e incluso medidas coercitivas cuando las circunstancias lo requieran.
Para el ente acusador, esa capacidad de actuación hoy no existe debido a que González permanece fuera del país bajo protección del Gobierno nicaragüense.
La Fiscalía advirtió además que la virtualidad no puede convertirse en un mecanismo que permita evadir responsabilidades judiciales ni afectar la protección de la comunidad, especialmente cuando existe una orden de captura ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá.
El expediente por el escándalo de la UNGRD
La investigación contra Carlos Ramón González tiene su origen en los hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la UNGRD.
De acuerdo con la Fiscalía, y con base en declaraciones entregadas por exdirectivos de la entidad, el entonces director del Dapre habría sido uno de los presuntos articuladores de un esquema de sobornos destinado a facilitar el trámite de proyectos impulsados por el Gobierno en el Congreso.
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La fiscal delegada María Cristina Patiño aseguró que González presuntamente ordenó a Olmedo López la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos y 4.000 millones de pesos en efectivo a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Para la Fiscalía, el exfuncionario tenía conocimiento de la ilegalidad de las actuaciones que se investigan y era consciente de que los comportamientos atribuidos dentro del entramado de corrupción en la gestión del riesgo eran indebidos.
El punto de quiebre del caso ocurrió en julio de 2025, cuando se ordenó su medida de aseguramiento intramural. Sin embargo, para entonces González ya había abandonado el país.
Posteriormente, labores de inteligencia permitieron establecer que se encontraba en Managua, Nicaragua, ubicación que fue determinada mediante el rastreo de conexiones realizadas durante audiencias virtuales.
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Aunque Colombia intentó avanzar en mecanismos de cooperación judicial y en su captura internacional, el Gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político. González ha sostenido que es víctima de una “persecución política, judicial y mediática impulsada por la extrema derecha colombiana”, mientras que su defensa insiste en que las acusaciones corresponden a “calumnias sin fundamento” y a un supuesto “montaje judicial”.
