El incremento en la tarifa del servicio público tiene inconforme a los usuarios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca.
El gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, Juan Carlos Suárez Muñoz, fue citado a debate de control político por el Concejo para que explique las razones que motivaron el incremento gradual de las tarifas del servicio de agua. La sesión se realizará este martes, 28 de julio, a partir de las 8:00 a.m., en medio del creciente inconformismo de usuarios, veedores ciudadanos, concejales y diputados.
La citación se produce luego del anuncio de la entidad sobre un incremento progresivo cercano al 25 % en la factura del servicio, ajuste que comenzó a aplicarse desde el 1 de julio y que empezará a reflejarse en los recibos expedidos a partir de septiembre próximo.
El propósito del debate es conocer de primera mano las razones que sustentan el aumento tarifario y evaluar si existen fundamentos técnicos y jurídicos que justifiquen su aplicación. (Lea además: Asocapitales solicitó revisar alza del agua en Bucaramanga y en todo el país)
Durante la plenaria también se expondrán argumentos técnicos y legales con los que algunos sectores consideran que el incremento podría no ser necesario.
Los concejales buscarán establecer si existen alternativas que permitan mitigar el impacto económico para los usuarios o revisar el alcance de la medida adoptada.
Frente a la controversia, el Acueducto ha explicado que el ajuste obedece al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a la entrada en vigor de la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), normativa que establece la actualización de las tarifas para los prestadores del servicio de acueducto en el país.
Suárez Muñoz ha insistido en que el incremento no responde a una decisión discrecional de la administración del amb ni de la Alcaldía de Bucaramanga, principal accionista de la empresa.
Según explicó, se trata de una disposición de carácter nacional que debe ser aplicada por todos los operadores del servicio público de acueducto, sin posibilidad de modificarla o dejar de implementarla.
