Entornos escolares bajo amenaza: admiten demanda por seguridad en el Dámaso Zapata, más conocido como el ‘Tecnológico’.
La seguridad en los alrededores de los colegios vuelve a quedar en el centro del debate en Bucaramanga. Mientras cientos de estudiantes ingresan diariamente a las aulas con el propósito de formarse, en algunos sectores cercanos a las instituciones educativas persisten problemáticas como el consumo de drogas, el presunto microtráfico y la ocupación indebida del espacio público, factores que mantienen en alerta a las familias.
Uno de los casos que más preocupa es el del Instituto Técnico Dámaso Zapata, más conocido como el ‘Tecnológico’, donde padres de familia han denunciado reiteradamente que los alrededores del plantel continúan siendo escenario de conductas que consideran incompatibles con un entorno seguro para los menores de edad.
La inquietud se concentra especialmente en la zona ubicada frente al plantel, donde, según las denuncias, es frecuente observar personas consumiendo sustancias psicoactivas y, presuntamente, realizando actividades relacionadas con su comercialización.
La preocupación no solo radica en la posible comisión de delitos, sino también en el mensaje que reciben los estudiantes al convivir diariamente con estas escenas a pocos metros de su institución educativa. Para muchos padres, la sola presencia constante de consumidores representa un factor de riesgo que afecta la tranquilidad de quienes envían a sus hijos al colegio.
Acción judicial
Este panorama motivó la presentación de una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual una ciudadana solicitó que la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Metropolitana ejecuten las medidas previstas en el Decreto 0907 de 2025, norma que restringe el consumo, la distribución y la comercialización de sustancias psicoactivas dentro de un radio de 60 metros alrededor de las instituciones educativas y otros espacios sensibles.
La demandante sostiene que, pese a la existencia de esa reglamentación, las restricciones no se estarían aplicando de manera efectiva en el entorno del Dámaso Zapata.
Por esa razón pidió que las autoridades adelanten controles permanentes, instalen la señalización correspondiente, desarrollen campañas de prevención y ejecuten todas las acciones contempladas en el decreto para garantizar la protección de los estudiantes.
Publicidad
Según expuso en la demanda, antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa solicitó formalmente la intervención tanto de la Administración Municipal como de la Policía Metropolitana. Sin embargo, afirma que las respuestas recibidas no se tradujeron en acciones suficientes para modificar la situación denunciada.
El Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción de cumplimiento al considerar que reúne los requisitos legales para su estudio. La decisión significa que se inicia el proceso judicial en el que se establecerá si las autoridades incumplieron o no las obligaciones contempladas en el Decreto 0907 de 2025 y en las normas de seguridad y convivencia ciudadana.
En desarrollo del trámite, fueron notificadas la Alcaldía de Bucaramanga, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bucaramanga para que presenten sus argumentos y las pruebas que estimen pertinentes antes de que el Tribunal adopte una decisión de fondo.
Versión de la Alcaldía
La Alcaldía de Bucaramanga aseguró que el Decreto 0907 de 2025 fue expedido precisamente para fortalecer la protección de parques, instituciones educativas, escenarios deportivos y otros espacios considerados sensibles frente al consumo y comercialización de sustancias psicoactivas. (Lea además: Bumangueses le hacen un guiño al planeta)
La Administración explicó que la norma establece un perímetro de 60 metros alrededor de estos lugares, dentro del cual se restringen el consumo, la distribución, el ofrecimiento y la comercialización de drogas, incluida la dosis personal, en cumplimiento de la normativa vigente y de la jurisprudencia constitucional.
De acuerdo con el Gobierno Municipal, el decreto ordena a la Policía Metropolitana realizar controles permanentes con un enfoque preventivo, pedagógico y correctivo para combatir el microtráfico en zonas frecuentadas por menores de edad. Además, indicó que la Secretaría de Salud y Ambiente desarrolla estrategias de prevención del consumo desde un enfoque de salud pública.
La Alcaldía sostiene que la medida busca recuperar los espacios públicos para las familias y garantizar la protección de los niños y adolescentes, al tiempo que asegura que las restricciones fueron diseñadas con respaldo jurídico y respetando el equilibrio entre los derechos individuales y la prevalencia de los derechos de la niñez.
