Una apuesta inédita que busca transformar la vida de 200 internos con un modelo productivo que despierta interés.
Publicado por: Danilo Cárdenas
La cárcel de alta y mediana seguridad de Palogordo, en Girón, se prepara para la creación de un nuevo proyecto de reinserción social pionero en Latinoamérica. Se trata de una granja integral para que las personas privadas de la libertad trabajen en actividades de ganadería doble propósito, destinada a la producción de leche y carne, piscicultura, cría controlada de peces y cultivos agrícolas.
Un modelo productivo con ganadería, piscicultura y cultivos
El proyecto espera poder incluir a 200 personas privadas de la libertad, y su director, Eleasid Durán, prevé que pueda empezar a operar en 2027. Para llevarlo a cabo, los directivos de la cárcel llevaron la petición al Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia.
“Le hemos presentado una propuesta al Consejo Departamental de Paz, en el que tiene gerencia la Gobernación de Santander, para que nos apruebe unos recursos por alrededor de 4 mil millones para el fortalecimiento y la creación de esa granja integral”, señaló Durán.
El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia es una instancia de participación creada por ordenanza en Santander desde 1998 y fortalecida tras el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, que comprometió a los departamentos a conformar espacios de este tipo para acompañar la implementación en los territorios.
Mientras se espera la aprobación de los recursos, en la cárcel adelantan la formación del personal junto con el Sena y la empresa aliada Tierras, Pastos y Ganado, para capacitar a las personas privadas de la libertad.
Más de 600 internos vinculados a actividades productivas
La granja integral se enmarca dentro de una política institucional más amplia del penal orientada al trabajo, el estudio y la enseñanza como mecanismos de redención de pena. Actualmente, entre 600 y 700 internos participan en actividades productivas y entre 800 y 900 en procesos de formación académica, de una población total de 2.600 privados de la libertad entre sindicados y condenados.
Además, en la cárcel se adelantan otros proyectos de resocialización con empresas privadas. “En la industria penitenciaria actualmente tenemos alrededor de 100 privados de la libertad trabajando en confecciones en un convenio de administración indirecta con una empresa privada que se llama CAPE SAS”, explicó Durán.
Asimismo, está próximo a abrirse un proyecto con la Fundación Valora.t, de origen español, enfocado en marroquinería. Inicialmente se desarrollará con 20 privados de la libertad.
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Amenazas y riesgos en medio de los controles
En medio de los proyectos productivos, el director Eleasid Durán reconoció que las estrategias de control al interior del penal han derivado en amenazas contra su integridad. “Nosotros precisamente por realizar esas actividades de control hemos recibido amenazas”, afirmó.
El 9 de abril, hacia las 7:00 de la noche, el subdirector de la cárcel, mayor Tito Alberto Góngora Castro, fue víctima de un ataque armado en el Anillo Vial de Floridablanca, a la altura del conjunto Quintas de Cañaveral.
Según información preliminar, el funcionario del Inpec se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado por sujetos armados en motocicleta que, al parecer, lo seguían desde el centro penitenciario. Durante el ataque se produjo un intercambio de disparos con los escoltas. Versiones extraoficiales indican que uno de los presuntos atacantes habría resultado herido y que un escolta recibió una esquirla en un ojo. Góngora Castro salió ileso.
El directivo indicó que ha solicitado protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército. Entre los problemas recurrentes, mencionó el ingreso de elementos prohibidos, como celulares con los que internos establecen comunicación irregular con el exterior.
Alertas nacionales por extorsión desde cárceles
La situación del penal se enmarca en una problemática nacional. En enero de 2024, la Defensoría del Pueblo advirtió que directores y funcionarios del Inpec están siendo amenazados en varios centros del país, entre ellos las cárceles de Palogordo y Modelo, en Santander.
La entidad pidió al Gobierno Nacional mayores recursos para modernizar los sistemas de inhibición de señal, que actualmente solo operan en seis de los 125 establecimientos del país.
Según cifras del Ministerio de Justicia reveladas en febrero de 2025, el 26 % de las extorsiones en Colombia se originan en centros penitenciarios, de acuerdo con la ministra Ángela María Buitrago.
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La apuesta por la resocialización
Pese a las dificultades, Durán insistió en que la mayoría de la población reclusa apuesta por procesos de cambio.
“Esas personas que extorsionan desde la cárcel son el 1 %. El 99 % de los privados de la libertad quieren transformación, quieren cambio”, expresó.
Y concluyó: “Es algo también maravilloso y soñador empezar a mirar cómo transformamos estos espacios en lugares diferentes”.
