Santander enfrenta una crisis silenciosa concentrada principalmente en Bucaramanga, Barrancabermeja y Girón. Vanguardia analiza las cifras de este fenómeno que, según expertos, presenta un subregistro alarmante debido a la impunidad y las barreras de denuncia.
Un informe del Dane ubica al departamento entre los territorios con más casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Este fenómeno se ha convertido en una realidad silenciosa, pero recurrente en Colombia. Un reciente informe oficial revela alarmantes cifras en el país y en el departamento.
Santander ocupa el cuarto lugar entre las regiones con más casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en los que menores de edad han sido utilizados por adultos para actividades sexuales.
Así lo confirmó el Dane en su estudio de caracterización sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la primera medición estadística que la entidad reporta sobre este tema, basada en registros oficiales.
“Le estamos entregando al país, por primera vez, una medición que representa un avance en la producción de información sobre un fenómeno complejo y de difícil medición, aportando insumos clave para la toma de decisiones basadas en evidencia”, indicó la directora del Dane, Piedad Urdinola.
En dicha medición, Santander registró 1.079 casos denunciados en el Sistema Penal Oral Acusatorio durante los últimos diez años, es decir, entre 2015 y 2025, antecedido por Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.
El informe precisa que en Colombia, 22.697 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual en la última década, siendo las mujeres las principales víctimas.
En el ámbito nacional, el 81,8 % de los casos corresponde a niñas y adolescentes. Por edades, los más afectados son los menores entre 14 y 17 años, que concentran más del 60 % de los casos, mientras que el 36 % corresponde a niños y niñas entre 0 y 13 años.
El Dane también reveló que, en ese mismo periodo, 18.883 personas han sido vinculadas a procesos judiciales por estos delitos.
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¿Qué se entiende por explotación sexual comercial?
Esta vulneración ocurre cuando un menor es utilizado en actividades sexuales a cambio de dinero, bienes o cualquier otro beneficio. Se trata, entonces, de una forma de violencia basada en el aprovechamiento.
De hecho, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha advertido que la explotación es el segundo delito en Colombia que genera mayores utilidades.
Este fenómeno se relaciona con distintos delitos. Entre los más frecuentes en el país y la región están: la pornografía con personas menores de 18 años, la utilización de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores y la inducción a la prostitución.
Más allá de las cifras, el debate abre la discusión sobre las acciones institucionales para enfrentarlo. Así lo explica Alix Rocío Rodríguez, del Grupo Interno de Trabajo Capital Social del Dane: “las cifras nos permiten tener un acercamiento al fenómeno, y eso es clave para que toda la sociedad se sienta responsable de la protección de los menores de edad y permita orientar la política pública”.
Desde Santander, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEGS) y el semillero Dignitas de la Universidad Industrial de Santander, UIS, han estudiado este fenómeno en el departamento.
En 2024 publicaron un boletín analítico en el que advierten que, pese a las estadísticas, existe un subregistro significativo de casos. “Las cifras están lejos de reflejar la realidad. Se estima un subregistro de estos delitos, lo que se debe principalmente a las barreras y dificultades para su detección, denuncia, investigación y sanción”, señalan.
Según este informe, Bucaramanga, Barrancabermeja y Girón fueron los municipios con mayor número de víctimas en la medición realizada entre 2023 y 2024.
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En Santander, el fenómeno se ve agravado por factores como las relaciones asimétricas de género, la pobreza, la cosificación de los cuerpos de niños y niñas, el conflicto armado y el trabajo infantil.
A esto se suman la violencia intrafamiliar, el abandono familiar o la vinculación de cuidadores a la prostitución. “El impacto de estos delitos en la vida de las víctimas, sus familias y la sociedad en general es de gran magnitud”, advierte María Delgado, trabajadora social de la UIS y cofundadora del semillero Dignitas en dicho informe.
No es un fenómeno aislado
Casos como el de la banda capturada hace menos de siete meses en El Socorro, que utilizaba menores de edad para explotación sexual, evidencian la persistencia del problema en la región.
“No se debe hablar de la explotación sexual comercial como un fenómeno extraño, sino como una realidad social con consecuencias económicas e impacto en el desarrollo comunitario... La creencia de que son eventos aislados, que no ocurren en el territorio santandereano o que solo les sucede a mujeres y niñas, dificulta su detección, identificación e investigación”, alerta el Observatorio de Mujeres.
Finalmente, las autoridades y distintas entidades insisten en la importancia de denunciar cualquier situación de violencia contra menores de edad a través de la línea 123, la línea 141 del Bienestar Familiar o directamente ante la Policía.
