El Concejo de Bucaramanga y la Asamblea de Santander exigen explicaciones por aumento de hasta 25 % en las tarifas del agua en el área metropolitana de Bucaramanga.
El incremento de las tarifas de acueducto y alcantarillado, que comenzará a reflejarse en las facturas de los usuarios desde septiembre próximo, desató una fuerte reacción en el Concejo de Bucaramanga y la Asamblea de Santander, corporaciones que anunciaron debates de control político para exigir explicaciones sobre un ajuste que golpeará el bolsillo de miles de familias. (Le puede interesar: Con tutela intentan frenar alza del 25 % de la tarifa del agua)
Aunque el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, sostiene que el aumento obedece a un nuevo marco regulatorio nacional y a la actualización de variables económicas como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), concejales y diputados consideran que la ciudadanía merece conocer con claridad cómo se calculó un incremento que, al finalizar el período de transición, alcanzará en promedio el 25 %.
Las fechas de los debates aún no han sido definidas, pero ambas corporaciones ya radicaron solicitudes formales para que el amb entregue toda la información técnica y financiera que sustenta la decisión.
El amb deberá responder
Entre los documentos requeridos figuran la fórmula tarifaria aplicada, los estudios que respaldan el ajuste, los comparativos por estrato y nivel de consumo, el cronograma de implementación gradual, los subsidios vigentes y la metodología utilizada para determinar el incremento en el cargo fijo y en el valor por metro cúbico de agua consumido.
La preocupación de los corporados coincide con el creciente inconformismo ciudadano. Desde que se conoció el nuevo esquema tarifario se han promovido acciones de tutela y múltiples cuestionamientos sobre el impacto económico que tendrá la medida en los hogares del área metropolitana, especialmente en un contexto de aumento sostenido del costo de vida.
Además de los debates de control político, en la Asamblea de Santander también se impulsa una audiencia pública para que los directivos del Acueducto respondan directamente a las inquietudes de la comunidad. El objetivo es que los usuarios conozcan el origen del incremento, la forma en que se distribuirán las alzas y las alternativas de protección para los sectores más vulnerables.
Los concejales de Bucaramanga también citarán al gerente del AMB, Juan Carlos Suárez, junto con representantes de la Superintendencia de Servicios Públicos y otros organismos de control, con el propósito de revisar la legalidad, la metodología y los componentes económicos del reajuste tarifario.
Como se recuerda, Suárez confirmó que desde el primero de julio comenzó la implementación del nuevo marco regulatorio establecido por la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), norma que reemplaza el esquema contemplado en la Resolución 688.
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Según el Gerente del amb, la nueva metodología fue definida por el Gobierno Nacional y contempla una transición de seis meses, al cabo de la cual el incremento promedio ponderado en las tarifas será cercano al 25 %. Sin embargo, la explicación no ha logrado disipar las dudas de usuarios y dirigentes políticos, quienes insisten en que el impacto del aumento debe ser plenamente justificado y socializado.
Mientras el amb argumenta que simplemente aplica una regulación nacional obligatoria, el debate apenas comienza. Para miles de usuarios, la principal preocupación no es la existencia de una nueva fórmula tarifaria, sino cómo un incremento de esta magnitud afectará el presupuesto familiar en un servicio esencial cuya demanda no puede reducirse.
Con los debates de control político y la audiencia pública en marcha, la discusión sobre las tarifas del agua deja de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un tema de interés ciudadano, donde la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el derecho de los usuarios a conocer cómo se fijan las tarifas estarán en el centro de la agenda.
