La tutela se convierte en el primer recurso ciudadano para frenar el aumento en las tarifas del agua en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.
La creciente inconformidad por el incremento en las tarifas del servicio de agua ya empezó a trasladarse a los estrados judiciales. La acción de tutela se perfila como el primer mecanismo al que recurren los ciudadanos para intentar frenar la aplicación del nuevo esquema tarifario establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA.
Uno de los primeros en acudir a la justicia fue el ciudadano Leonardo Silva, quien interpuso una acción de tutela con la que busca impedir que se haga efectivo el aumento. Con este recurso, la empresa prestadora deberá explicar ante un juez los fundamentos técnicos y jurídicos que respaldan el ajuste tarifario.
A esta iniciativa se sumó la Veeduría Ciudadana, encabezada por José Alfredo Vesga, que pidió aplazar la aplicación del incremento anunciado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) mientras se resuelven los cuestionamientos que rodean la nueva regulación. (Lea además: Veedores solicitan reconsiderar los incrementos de las tarifas del agua en Bucaramanga, Girón y Floridablanca)
La organización cívica sostiene que, antes de aplicar cualquier aumento, es necesario revisar y aclarar si la metodología exigida por la Comisión de Regulación corresponde con la que está siendo implementada por la empresa y verificar, paso a paso, que su aplicación se ajuste a lo establecido en la norma.
La Veeduría también considera que el incremento debería suspenderse mientras el Consejo de Estado decide la demanda presentada contra la Resolución 1032 de 2026, al estimar que no resulta conveniente aplicar una medida cuyo sustento jurídico aún está siendo objeto de revisión.
Además, plantea que el ajuste permanezca congelado hasta que el nuevo Gobierno Nacional evalúe el alcance de la norma y se adopte una decisión definitiva que tenga en cuenta los intereses de los usuarios, las empresas prestadoras y las demás partes involucradas.
Vale recordar que este debate surgió tras la entrada en vigencia, el pasado 1 de julio, de la Resolución 1032 de 2026, mediante la cual la CRA modificó el marco tarifario de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Aunque el Gobierno Nacional presentó la medida como una actualización del modelo regulatorio, su implementación ha generado un amplio rechazo en distintos sectores de la capital santandereana y del país.
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A la controversia ciudadana se suma la demanda presentada por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) ante el Consejo de Estado, corporación a la que solicitó suspender provisionalmente los efectos de la resolución mientras se decide de fondo su legalidad.
El gremio sostiene que el texto definitivo de la regulación incluyó modificaciones que no fueron sometidas a consulta pública, lo que, a su juicio, vulneró los mecanismos de participación.
De igual forma, cuestiona que las empresas solo hayan contado con tres meses para adaptar sus procesos al nuevo esquema, cuando en reformas anteriores el periodo de transición fue de hasta un año.
En Bucaramanga, el impacto del nuevo marco tarifario ya fue anunciado por el amb, que informó un incremento promedio del 25 % en las tarifas para los usuarios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.
¿Qué dice el amb?
Frente a las críticas, el gerente general del amb, Juan Carlos Suárez, reiteró que el aumento no obedece a una decisión de la empresa.
“No es una decisión de la gerencia ni de la junta directiva; es una decisión del Gobierno Nacional aplicable a todos los prestadores”, manifestó durante una rueda de prensa.
El directivo explicó que el ajuste también responde a la necesidad de recuperar inversiones ejecutadas durante la vigencia de la Resolución 688 de 2014.
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Según indicó, la empresa destinó cerca de $ 380.000 millones a obras de infraestructura, pero el esquema tarifario anterior solo permitió recuperar aproximadamente el 30 % de esos recursos, es decir, cerca de $ 110.000 millones.
De acuerdo con el gerente, el nuevo cálculo del Costo Medio de Inversión (CMI) permitirá reconocer en la tarifa los activos que ya se encuentran en funcionamiento y que hoy garantizan la prestación del servicio de acueducto en el área metropolitana.
